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Josefina Giancaterino y Carlos Vaquero El Defensor del Pueblo dirige en España la prevención de la tortura
España ha testado su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y lo ha presentado en el Senado en un acto inaugurado por el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, alto comisario responsable de este proyecto. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura español tiene como objetivos la prevención y salvaguarda de los derechos fundamentales y básicos de aquellas personas que, por la razón que fuere, se encuentran privadas de libertad en dependencias públicas o bajo control directo o indirecto de las Administraciones españoles. Por lo tanto, los lugares a visitar por los responsables del Mecanismo de Prevención serán todos aquellos donde haya privación de libertad tales como comisarías, instalaciones de las fuerzas de seguridad, centros de detención preventiva, centros de internamiento de inmigrantes, etc. El objetivo de estas visitas de carácter periódico y sin previo aviso será la de, en función de la situación que se observa en cada establecimiento, formular las recomendaciones y prácticas pertinentes aparte de establecer un diálogo con las autoridades de cada centro para solucionar las deficiencias. Si bien el Defensor del Pueblo ya venía realizando esta tarea, ahora lo hace como responsable elegido por las Cortes para cumplir la misión que la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas le encomienda. La elección del Defensor del Pueblo como Mecanismo de Prevención de la Tortura tiene relación con su experiencia de más de 30 años en la defensa de los derechos humanos. Las principales características del Defensor del Pueblo que lo distinguen y le hacen merecedor de llevar a cabo esta tarea es, en palabras del propio Múgica, “su independencia, que no ha de quedar condicionada por ningún poder del Estado, su legitimidad emanada directamente de la Constitución, y su experiencia previa en este tipo de actuaciones”. Múgica también solicitó en sus intervenciones de inauguración y clausura la ayuda de los comisionados autonómicos, que se incorporan al programa para multiplicar el número de lugares visitados, así como “sumar las aportaciones de profesionales de disciplinas científicas relacionadas con este campo, lo que contribuirá a extremar el rigor y a delimitar con mucha más precisión la labor de prevención”. Para poder realizar la tarea que le ha sido encomendada por las Cortes, Múgica confía en “un incremento de dotaciones en nuestro próximo presupuesto”, ya que actualmente las restricciones económicas limitan también el número y lugar de los centros inspeccionados. En el acto intervinieron, entre otros, el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, Mario Coriolano; el representante español en el citado organismo, Emilio Ginés; el director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; y la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Destacó durante la jornada la presentación del modelo francés del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de Jean Marie Delarue, controlador de los lugares de privación de la libertad en Francia. En el caso francés, se han destacado algunos de los criterios a seguir para las visitas, como por ejemplo que todos los tipos de establecimientos son objeto de visita; es decir, se trata de que ningún tipo de establecimiento –ya sean comisarías, cárceles, hospitales o tribunales con celdas– se quede fuera de las inspecciones. Además señaló que se hacen visitas a centros ubicados en todas las regiones de Francia y que se ponen en práctica tanto visitas imprevistas, como programadas. Quizás lo más relevante ha sido la negativa en el caso del modelo francés a dar importancia a los centros que han sido objeto de interés por parte de los medios de comunicación, “para no mezclar el examen rápido de los medios” con el que hace el mecanismo de prevención francés. María Luisa Cava de Llano, adjunta primera del Defensor del Pueblo de España, centró su ponencia en el modelo español, el cual, según palabras de Múgica, “da sus primeros pasos con firmeza y aspira a ser un referente en el mundo”. La adjunta primera se refirió a la labor realizada por el Defensor del Pueblo en la salvaguarda continua de los derechos humanos y destacó la independencia de la institución. Recalcó también que el Defensor del Pueblo, en virtud de las competencias que se le atribuyen en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, ya trabajaba previamente a la designación como Mecanismo de Prevención y que, por tanto, hoy lo que se hace es reforzar el trabajo realizado con anterioridad, lo que supone un “ejercicio de responsabilidad institucional”. Recalcó que el informe anual que ahora deberá elevar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya estaba incluido, bajo el epígrafe “Malos tratos”, en el informe institucional que presenta a las Cortes. Aparte de la necesaria independencia, Cava de Llano hizo hincapié en el cumplimiento por parte del Defensor del Pueblo del principio de confidencialidad. Se refirió a España como un país donde se respetan los derechos humanos, y si bien reconoció que los Estados tienen sus sistemas de defensa de derechos, la función de los Mecanismos Nacionales de Prevención es observar que esos sistemas “además de existir, funcionan”. La adjunta primera del Defensor del Pueblo detalló el régimen de actuación de la institución, destacando que tiene posibilidades de investigación amplia, que es necesario estar en contacto con los responsables de los establecimientos visitados y reforzar el principio de confidencialidad. Hizo también un repaso de los lugares visitados hasta el momento, destacando, aparte de los convencionales, visitas a los consulados españoles en el extranjero, donde se les pregunta directamente a los presos si la administración consular es efectiva. En este sentido, el número de lugares visitados asciende a 54, entre los que se pueden citar comisarías, dependencias de la Guardia Civil, módulos hospitalarios o calabozos en dependencias judiciales. Uno de los criterios que guían la elección del centro es que se encuentre en un punto caliente como el País Vasco, Ceuta o Melilla. Las visitas consisten en recorridos realizados con detenimiento de todos los lugares que componen el establecimiento, como pueden ser celdas, pasillos e incluso cocinas o dependencias sanitarias. Durante el desarrollo de la inspección, cualquiera de los recluidos o del personal que trabaja se puede dirigir con total libertad a los miembros del comité del Mecanismo. A esto se suma una entrevista realizada por los inspectores al director del centro visitado y la existencia de un formulario, con el que se pretende tener material homologado de todo lo que se visita. Al concluir la inspección, se procede a la redacción de un acta, donde se hacen saber las deficiencias del lugar visitado. Pero la labor no se reduce a las inspecciones, sino que se resalta la importancia de establecer un diálogo con la Administración para resolver los problemas. Cava de Llano hizo el mayor hincapié en la falta de presupuesto del organismo y realizó además un llamamiento directo para pedir la colaboración de los comisionados autonómicos y de las asociaciones. Todas ellas integrarían un Consejo Asesor que representaría a los expertos y a la sociedad civil. En este sentido, fue significativa la intervención del representante de la Asociación de Derechos Humanos, Sim Bernard, quien deploró la falta de participación de las asociaciones, especialmente cuando se definió el funcionamiento del Mecanismo de Prevención. En declaraciones a OPINAR, la primera adjunta del Defensor del Pueblo aseguró, ante la pregunta de si también en España como en Francia se van a desatender aquellos centros que han suscitado el interés de los medios de comunicación, Cava de Llano afirmó que en ese sentido hay “discrepancia” con los franceses, puesto que el Mecanismo Español no pretende omitir bajo ningún punto de vista los establecimientos más enfocados por los medios. La última intervención de la jornada estuvo a cargo de Markus Jaeger, director de la Unidad de Cooperación con Estructuras Nacionales de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien se refirió al Programa Europeo de Mecanismos Nacionales de Prevención. Jaeger refirió que actualmente hay 40 Defensores del Pueblo en los 47 miembros del Consejo de Europa, y que dichos organismos son útiles para resolver los conflictos individuales. Destacó que es de los Defensores del Pueblo de donde nace la idea de los Mecanismos de Prevención, gracias a lo cual actualmente existen en Europa 21 de los 52 Mecanismos que hay en el mundo. También resaltó el contacto llevado a cabo desde Europa con los Defensores del Pueblo islámicos, contacto necesario para construir puentes. Para Jaeger, uno de los principales esfuerzos debe ser el de coordinación entre las tres instituciones que en España comparten funciones: el Subcomité de las Naciones Unidas de Prevención de la Tortura (SPT), el Comité Europeo de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Nacional. Los tres pueden visitar los mismos sitios, con lo cual deben repartirse los lugares para que no suponga un despilfarro de recursos, así como evitar las contradicciones en sus informes. Esta coordinación es algo que España va a comenzar con cierto retraso respecto a otros países, aunque Jaeger confía en que el Mecanismo Nacional recibirá consejos y orientaciones muy útiles de los otros dos organismos citados. Esta última cuestión fue planteada por OPINAR a María Luisa Cava de Llano, quien consideró positiva la abundancia de organismos e instituciones de control y se mostró de acuerdo en que el Mecanismo Español sea supervisado en su labor para lograr eficacia en su lucha contra la tortura. Markus Jaeger consideró fundamental que España cumpla, a través de este Mecanismo, con las recomendaciones que las Naciones Unidas han establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. En sus conclusiones, el director de la Unidad de Cooperación con Estructuras Nacionales de Derechos Humanos del Consejo de Europa insistió en la necesidad de garantizar los derechos de los pacientes en hospitales psiquiátricos. ¿QUÉ ES EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS? España ratificó el 3 de marzo de 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (OPCAT). Es un tratado internacional de derechos humanos, por el cual los Estados pueden comprometerse a prevenir más eficazmente la tortura y otras prácticas similares. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002 y entró en vigor en 2006, tras ser ratificado por 20 Estados. El OPCAT propone la realización de visitas periódicas de carácter preventivo a cargo de órganos de expertos nacionales e internacionales, a todo lugar en que se encuentren personas privadas de su libertad. Los órganos habilitados por el OPCAT –y que los Estados deben aceptar– para realizar visitas a lugares de detención sin previo aviso son: – El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), – Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP). Las visitas periódicas a lugares de detención no sólo tienen efecto disuasivo, sino que también permiten a los expertos examinar en forma directa el trato brindado a las personas privadas de libertad y sus condiciones de detención. Basándose en la situación que observan, los expertos harán recomendaciones prácticas, además de entablar un diálogo con las autoridades para solucionar los problemas detectados. Sin embargo, las visitas por sí solas no son suficientes, es necesario también que los órganos del OPCAT ofrezcan asesoramiento y asistencia a los Estados para ayudarles a enfrentar las causas de la tortura y otros tratos aberrantes similares. Éstas pueden abarcar desde un marco jurídico inadecuado, hasta la formación deficiente de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El sistema del OPCAT se basa en la premisa de la disuasión, la prevención y la cooperación con los Estados para mejorar las condiciones y los procedimientos a fin de prevenir violaciones, más que en la condena pública de las violaciones cometidas. Los Mecanismos Nacionales de Prevención son el organismo que cada Estado
designa para llevar a cabo esta función –el Defensor del Pueblo en el caso
español–. Deben ser capaces de cumplir, con personal competente, su mandato preventivo como órganos
independientes. Deben redactar
periódicamente informes públicos sobre su trabajo y sus recomendaciones. Su
personal debe ser equilibrado en lo referente a género, origen étnico y
minorías. Deben contar con financiación adecuada con fondos públicos y tener
acceso a todo lugar de detención, toda información relevante y toda persona
privada de libertad. Pueden proponer reformas legislativas y entablar
contacto directo con el SPT internacional.
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Portada
Portadilla Nº Julio 2010 Reportajes
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