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ASEGURA EL
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, México, denunciado por violación de los derechos humanos
Este documento que les ofrecemos ha sido elaborado por diversas organizaciones civiles y sociales mexicanas, en el marco de la revisión del Tercer Informe Periódico del Gobierno mexicano (1992-1996) por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
ASISTIMOS A UN DETERIORO PROGRESIVO Méjico está viviendo un grave deterioro de las condiciones generales de vida de un número cada vez mayor de mexicanas, en gran medida resultado de las políticas de ajuste estructural implementadas durante los últimos 17 años y que priorizan la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y del mercado, por encima del bienestar de la población. Este deterioro se ha acentuado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. Resaltamos el hecho de que estas políticas, en su diseño, ejecución y consecuencias han demostrado su incompatibilidad con los objetivos y el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), puesto que han profundizado las desigualdades económicas y sociales en la población. Las políticas de focalización del gasto social que orientan los programas nacionales de combate a la pobreza implementados en los últimos años son excluyentes, su carácter es meramente existencialista, y funcionan como paliativos, sin proponerse resolver las causas estructurales de la pobreza. Este tipo de programas –por ejemplo, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), mencionado por el gobierno mexicano en su Tercer Informe ante el Comité– son utilizados con fines políticos y electorales, acentuando la discriminación y afectando la construcción de un sistema realmente democrático, indispensable para el desarrollo social. Lo anterior afecta con mayor intensidad a la población que vive en zonas rurales de nuestro país, particularmente, a los más de 10 millones de indígenas mexicanas. La situación de violencia institucional, reflejada en la sistemática violación a los derechos humanos y la impunidad que ha imperado desde hace muchos años en Chiapas –agravada a partir del conflicto armado surgido en 1994– es un llamado de atención sobre las condiciones en las que sobreviven las poblaciones indígenas y campesinas a lo largo del país. Es inaceptable que algunos de los estados que cuentan con las mayores riquezas naturales y culturales de México (como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros), registren los índices de pobreza y marginación más altos del país. Las políticas económicas y sociales del gobierno mexicano tienen un marcado sesgo de género desfavorable para las mujeres, pues aumentan su carga de trabajo y acentúan la discriminación que sufren en diferentes esferas de sus vidas. No basta que el gobierno reconozca la creciente feminización de la pobreza, es necesario que se redefinan las políticas desde una visión que integre a las mujeres como actoras plenas, con necesidades y aportes particulares.
DATOS ILUSTRATIVOS A continuación se presentan datos que consideramos ilustrativos: a) POBREZA E INGRESO Según cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social, para 1996 había en el país 40 millones de personas pobres, de las cuales 26 millones vivían en condiciones de pobreza extrema. En 1994, la cifra oficial era de 17 millones de personas pobres extremas. Es decir, en tan sólo dos años aumentó en 9 millones el número de personas viviendo en estas condiciones. De acuerdo con cifras de investigadores de El Colegio de México, en 1994 el número de pobres en el país era de 61,7 millones de personas, de las cuales 36,2 millones vivían en la pobreza extrema. Para 1996 el número de pobres aumentó a 72,2 millones, de las cuales 50,9 millones eran pobres extremas. Según esta fuente no oficial, el aumento habría sido de 15 millones en dos años. De 1976 a 1998 el salario ha tenido una pérdida acumulada de 86% de su poder adquisitivo y necesitaría aumentar un 280% para recuperar su nivel de compra de hace más de veinte años. De 1993 a 1996 el desempleo pasó de 819.000 personas a 1.354.700. La estrategia gubernamental de privatización de empresas paraestatales, profundizada durante el periodo de reporte, ha sido claramente violatoria de los derechos laborales de las trabajadoras. Por ejemplo, en el caso de la privatización de los ferrocarriles, la reducción en la plantilla de empleadas fue de aproximadamente un 75% en sólo 8 años, pasando de 82.000 en 1990 a sólo 12.500 en 1998. b) DISCRIMINACION DE GÉNERO Para 1995 las mujeres ganaban un promedio de $695 pesos por cada $1,000 que ganaban los hombres por un mismo trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otras instituciones gubernamentales federales y estatales, así como 56 empresas maquiladoras que operan en el país, exigen y aplican el certificado de no-gravidez a las mujeres para contratarlas y realizan despidos por embarazo. c) SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Las niñas de 0 a 17 años que usan espacios públicos como lugares de trabajo o vivienda en México, sin incluir el Distrito Federal, son 114.497. Además, cerca de 140 mil niñas trabajan en el sector informal, de los cuales 24% trabajan en tiendas de autoservicio. En 1995 se reportaron 13.373 menores viviendo y trabajando en las calles de la Ciudad de México (Distrito Federal). Datos proporcionados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que, en la actualidad, asciende a casi 20 mil el número de menores en estas condiciones. En zonas rurales y de presencia indígena prevalecen tasas de mortalidad infantil calculadas en 90 por 1.000 nacidas vivas, comparadas con 20 por 1.000 en el DF. y 50 por 1.000 nacidas vivas en el nivel nacional. d) ALIMENTACIÓN Los programas de asistencia social para abatir la desnutrición no han llegado a las zonas rurales, donde el 58% de niños menores de 5 años presenta problemas físicos y mentales por la mala alimentación, y en las zonas indígenas el 73,6% presenta algún grado de desnutrición, manteniéndose los niveles de desnutrición igual que hace 22 años. En 1996, tres años después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se realizaron importaciones sin precedente de granos básicos por poco más de 12 millones de toneladas, muestra del claro aumento de la dependencia alimentaria de nuestro país y de desaliento a la agricultura campesina. SALUD Del total de personas sin acceso a servicios de salud para 1993, un 59% eran mujeres. Se estima que el número total de abortos en México es de 1.700.000, de los cuales aproximadamente el 50% fueron inducidos, situación que refleja la falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las mujeres mexicanas. El aborto es la cuarta causa de mortalidad entre mujeres en México. Para 1998 había en México más de 260.511 casos de personas infectadas con VIH/SIDA, de las cuales cerca de 130.255 (49,9%) carecían de acceso a servicios de salud. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud II de 1994 realizada por la Secretaría de Salud, el Norte del país alcanza una tasa de hospitalización de 41,3 habitantes por mil, en tanto la región Sureste y el Golfo de 17,7 por mil. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se registra una tasa de 31,6 hospitalizaciones por cada mil habitantes. El peso de las enfermedades infecciosas, la desnutrición y los problemas de salud reproductiva es 2,2 veces mayor por habitante en el medio rural que en el urbano. e) SEGURIDAD SOCIAL Para 1996, el total de aseguradas representaba apenas la tercera parte del total de la población económicamente activa y ocupada y sólo el 16,7% de la población rural tenía acceso al sistema de seguridad social. La reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobada en 1995 es un claro retroceso en el cumplimiento de los DESC debido a que al privatizar el sistema de pensiones, anula el sistema previo de solidaridad intergeneracional y afecta derechos adquiridos por las trabajadoras como el de obtener pensión por retiro, cesantía y vejez con 500 semanas de cotización y ahora requiriendo cotizar 1.250 semanas . f) EDUCACIÓN En 1993, el 13,6% de la población adulta femenina era analfabeta, en comparación con el 8,9% de la población adulta masculina, y el porcentaje de mujeres estudiantes era menor en un 6% que el de los varones. g) VIVIENDA El rezago en vivienda en México en 1995 fue de 4,6 millones de viviendas, más de 3,5 millones de ellas requieren de mejoramientos espaciales, materiales y/o de servicios sustanciales; mientras que 1,1 millones necesitan ser sustituidas por nuevas unidades. Lo anterior no considera las necesidades de 780 a 850 mil nuevos hogares que surgen cada año. La situación en las zonas no urbanas es de 5,5 millones de viviendas sin agua entubada, 5,6 millones sin drenaje conectado a la calle y casi 1 millón de viviendas sin electricidad. Las comunidades indígenas son las más afectadas. Entre enero de 1997 y junio de 1999 por razones de requisición, fenómenos naturales, y desalojos inquilinarios, un total de 39 mil 500 familias fueron desalojadas de los lugares donde habitaban. La política financiera que da respuesta a los compromisos de vivienda excluye a más del 40% del total de las familias mexicanas por carecer del requisito de percibir más de 3 salarios mínimos. Además, entre un 60 y un 70% de la población construye por su cuenta sin tener apoyos gubernamentales. h) PRESUPUESTO PÚBLICO El presupuesto público privilegia la asignación de recursos a rubros como el gasto militar (que fue 272,4% superior al asignado a la Secretaría de Desarrollo Social en 1994 y en 1999 se le destinan cuatro veces más recursos que al ramo 26 de superación de la pobreza ); o el rescate bancario (el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para 1998 representó apenas el 3,5% del monto total del rescate bancario para ese año, por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA).
CHIAPAS, EJEMPLO DE MARGINACIÓN Del 96% de los municipios en Chiapas, un 34,23% tiene un índice de muy alta marginación, un 50,45% se consideran de alta marginación y el 10,81% de marginación media. Chiapas es el estado con mayor número de municipios con muy alta marginación en el país. La presencia de militares en Chiapas para 1997 ascendía a 65.100 efectivos, de un total de 182.328 efectivos a nivel nacional, es decir, prácticamente uno de cada tres militares mexicanos está en Chiapas. Chiapas cuenta con un médico por cada 1.178 habitantes, lo que representa poco más de la mitad del promedio nacional. Sin embargo, en la zona de conflicto el número de médicos desciende hasta un médico por cada 18.900 habitantes. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos reportados de cólera, enfermedades diarreicas y muertes por tuberculosis. El porcentaje de población analfabeta en Chiapas es de un 30,12%, casi tres veces mayor que el nacional, esta situación es común en los estados del país que tienen una alta proporción de población indígena y/o rural. Desde 1994 hasta noviembre de 1998, había un número aproximado de 21.159 desplazadas en Chiapas, que representaban alrededor de 4.063 familias indígenas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Debido a que el gobierno mexicano no integra en su Tercer Informe datos e información sobre la mayoría de los rubros citados, consideramos que éste no proporciona al Comité de los DESC información suficiente para que pueda evaluar de manera efectiva los progresos hechos hacia el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PIDESC. Ante esto, creemos que el gobierno mexicano estaría incurriendo en una violación al espíritu de los artículos 16 y 17 del Pacto sobre presentación de informes. Es preocupante que el gobierno mexicano no haya respondido satisfactoriamente a las observaciones y recomendaciones que el Comité de los DESC formuló respecto al Segundo Informe Periódico (E/C.12/1993/16). Creemos que la revisión que este Comité haga del Tercer Informe gubernamental, las preguntas, las observaciones y recomendaciones que del examen se deriven, serán de vital importancia en la construcción de condiciones que aseguren la plena vigencia, respeto y ejercicio de los DESC y de los derechos humanos en general en México. En este sentido, y en nuestro carácter de organizaciones civiles y sociales con trabajo en ámbitos relacionados con estos derechos, queremos hacer un respetuoso llamado al Comité para que tome en consideración la información y preocupaciones presentadas en nuestro informe alternativo para instar al gobierno mexicano a: 1º– Reducir el gasto militar y priorizar el aumento efectivo del gasto social, sobre todo en materia de salud, educación y seguridad social. 2º– Elevar a rango constitucional el derecho humano a alimentarse. 3º– Revisar la reserva formulada al momento de adherirse al PIDESC en relación al artículo 8 del mismo, el cual se aplica en México conforme a las modalidades y procedimientos previstos en la Constitución y leyes reglamentarias, respecto a los derechos de sindicación, libertad sindical y huelga. 4º– Promover medidas administrativas y reformas legislativas para implementar el voto libre, universal y secreto en las elecciones sindicales. 5º– Promover una política salarial que garantice el cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo acerca de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. 6º– Ratificar el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la terminación de la relación del trabajo por iniciativa del empleador en función de: "d) la raza, color, sexo, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, religión, opiniones políticas, ascendencia nacional u origen social; e) ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad". 7º– Establecer en la Ley Federal del Trabajo la prohibición bajo pena de sanciones en la exigencia del certificado de no gravidez a las trabajadoras como requisito para solicitar empleo. 8º– Reformar el apartado B del artículo 102 constitucional a fin de dar competencia en materia laboral a las Comisiones gubernamentales de Derechos Humanos (la nacional y las estatales). 9º– Adoptar las medidas de seguridad suficientes para que la población desplazada en Chiapas pueda regresar a sus hogares. 10º– Instrumentar medidas para evitar la utilización de los fondos destinados al gasto social con fines político electorales.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES Casa y Ciudad, (Distribuido por Boletín InterNos). |
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