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Iniciativa legislativa popular para unos medios de comunicación públicos plurales y veraces Texto íntegro de la Exposición de Motivos Nosotros, trabajadores de la CRTVG, consideramos que la Televisión de Galicia y la Radio Galega son dos medios de comunicación públicos necesarios e imprescindibles para la propia existencia de Galicia como nacionalidad histórica, dotada de instituciones democráticas de autogobierno que están obligadas a asumir como tarea principal la defensa de nuestra identidad. Nuestros derechos básicos están reconocidos y protegidos por la Constitución Española y por todas las demás leyes que de ella emanan, incluido nuestro Estatuto de Autonomía. Entre estos derechos está el de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, la escritura o cualquier otro medio de reproducción. También la Constitución nos reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley de creación de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia establece que los principios que han de inspirar la programación de los medios gestionados por la Comunidad Autónoma son, además del respeto a las leyes superiores y la defensa de la identidad de la nacionalidad gallega, el respeto a la libertad de expresión, la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones y también el respeto al pluralismo político. Desde aquí nos dirigimos a toda la sociedad gallega y a las instituciones democráticas para denunciar que en la Radio y en la Televisión de Galicia se están vulnerando los principios de programación contenidos en la Ley de Creación de la CRTVG, emanados de la Constitución Española. Esta denuncia ya la la hizo el Valedor do Pobo en el informe sobre el respeto al pluralismo político en los medios de comunicación públicos gallegos hace tres años. Aquel informe concluía denunciando la ausencia de pluralismo político en la Televisión de Galicia y en la Radio Gallega. Desde entonces la situación solo empeoró. En la Televisión de Galicia y en la Radio Gallega se están ejerciendo la censura directa, se ocultan información, se deforma la realidad y se eliminan las voces discrepantes. A esta situación de desprestigio de la Televisión de Galicia y de la Radio Gallega nos llevaron sucesivos responsables y la Xunta, amparados por el modelo español de televisiones públicas que le otorga al partido ganador de las elecciones la capacidad de utilizar la televisión pública para manipular impunemente la conciencia colectiva de los ciudadanos. A esto contribuye la nada inocente precariedad laboral de muchos trabajadores de la CRTVG, que se ven así incapacitados para hacer uso de sus derechos profesionales. Desgraciadamente, cada vez más, los gobiernos fueron cayendo y ahondando en esa tentación de manipulación de los medios públicos, con la complicidad silenciosa y bien pagada de los responsables de los propios medios, designados directamente por el Presidente de la Xunta. Nosotros, trabajadores de la CRTVG, agredidos también en nuestros derechos como ciudadanos y en nuestra dignidad, y responsablemente convencidos de que esta situación ya no se puede seguir degradando más, anunciamos que vamos a promover una Iniciativa Legislativa Popular de modificación de la Ley 9/84, de 11 de julio, de creación de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia, que tiene por objetivo que el Director General de la CRTVG sea elegido directamente por el Parlamento de Galicia por mayoría de dos tercios y para un periodo de cinco años. El Parlamento será también el encargado de destituirlo con los votos favorables de dos tercios del Pleno. En la vigente ley es el Presidente de la Xunta quien nombra y cesa directamente al Director General de la CRTVG. Sin información veraz y plural no hay democracia, por eso pensamos que lo que está en juego es algo que afecta a toda la sociedad y a la salud de todo el sistemas democrático. Por eso, por unos medios de comunicación públicos veraces, plurales y democráticos, nos dirigimos a todas las personas con suficiente valentía cívica para ejercer sus derechos, y a todas las instituciones democráticas de Galicia para que nos ayuden en este cometido de sacar adelante esta iniciativa legislativa popular. Necesitamos 15.000 firmas como mínimo, pero vamos a buscar más que firmas. Ya anunciamos desde aquí que vamos a pedir el pronunciamiento explícito sobre esta iniciativa, en primer lugar, al Colegio de Periodistas de Galicia –porque es algo que afecta a la dignidad de toda la profesión–, a la Facultad de Periodismo de Santiago –porque pensamos que no puede callar si allí se enseña a informar y después la práctica profesional es algo muy distinto–, y al Consejo de la Cultura Gallega –porque sabemos que no puede haber verdadera cultura si se impide o se dificulta el debate y la expresión de ideas que doten al individuo de una visión propia de la existencia, el tiempo y el espacio que vive. Vamos a pedir también el apoyo y el pronunciamiento explícito a favor de esta iniciativa legislativa de todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales..., en definitiva a todas cuantas personas o instituciones consideren que es de ley que Galicia tenga medios de comunicación públicos que estén al servicio de la verdad, de la pluralidad, de la objetividad... tal como dice la Ley que los creó. Porque, si todos callamos, todos somos cómplices, y permitimos que poco a poco nos vayan desposeyendo de todo lo auténtico que nos hace personas y también de todo aquello que hace a una sociedad verdaderamente democrática; una sociedad en la que los individuos pueden creer en sus propias capacidades y en la limpieza de las reglas del juego. Hay circunstancias en las que ninguna subvención justifica el silencio. Coincidimos plenamente con el catedrático de Derecho Constitucional José Juan González Encinar, cuando afirma en un recientísimo artículo que “la estructura del poder político en las televisiones públicas españolas es una momia del franquismo, y las televisiones públicas de las comunidades autónomas lo único que hicieron fue clonar esa momia”. También dice este profesor que quien tiene el poder tiende a abusar de él mientras no haya alguien que se los impida. Como se acaba de demostrar en Praga, el único freno al poder está en la ética profesional individual y en el espíritu colectivo y la cultura de la sociedad, que cada día más se presentan como últimas fronteras tras las que protegernos de la fuerza cada vez más brutal de la manipulación. A esta ética democrática es a la que apelamos y de la que nos vamos a valer para sacar adelante esta iniciativa. Es muy sencilla: queremos que el Director General de la CRTVG sea elegido por el Parlamento por una mayoría de dos tercios y para un periodo de cinco años. |
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