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VÍCTOR SÁNCHEZ IPC a la deriva Los últimos datos conocidos de la evolución de la inflación en España son alarmantes. El índice de precios al consumo (IPC) va a la deriva. Hacía años que no se conocía en España una situación de inestabilidad en los precios como la actual. El IPC acumulado en los siete primeros meses del año 2000, de enero a julio, es del 2.4%. La inflación acumulada durante los últimos doce meses es del 3’6%. La previsión del gobierno para todo el año era del 2%. Era y es. Porque el gobierno ya ha anunciado que no revisará la previsión de inflación. ¿Para qué revisarla? Al fin y al cabo, una previsión no hace daño a nadie. O sí… como luego se verá. Las consecuencias del dato son inmediatas para el consumidor, como es
fácil comprender. No sólo los gastos de consumo cotidiano crecen. Un bien tan básico
como es la vivienda, amén del aumento de precios ya crónico, se ve encarecido por la
subida de intereses que aplican las entidades financieras. El EURIBOR, el índice para los
préstamos hipotecarios en España, ya se mueve por encima del 5%. Este porcentaje podría
subir más todavía si se confirma el encarecimiento del precio del dinero que podría
aprobar en Banco Central Europeo, encarecimiento que podría moverse entre el cuarto de
punto y el medio punto. Esta medida estaría ocasionada por la debilidad del euro frente
al dólar y por la fuerte inflación que viven España, Francia y Alemania.
TRABAJADORES PÚBLICOS CONGELADOS Todos estos movimientos los viven los funcionarios y demás trabajadores públicos españoles desde la perplejidad de ver cómo sus salarios permanecen inamovibles, inmutables, ante la evolución del IPC. Ahí reside la importancia de la negativa del gobierno a revisar su previsión de inflación. En España el incremento salarial de los funcionarios y demás trabajadores públicos viene determinado por la previsión de inflación del gobierno, de acuerdo con las anuales leyes de presupuestos del Estado. Si esa previsión de evolución de los precios se revisara al alza, el efecto sería inmediato sobre los salarios de los trabajadores públicos, aproximadamente un 20% de la población activa ocupada. Así las cosas, cabe preguntarse por qué los salarios públicos siguen ligados a una previsión del gobierno. ¿Porqué los trabajadores públicos y sus sindicatos no exigen con toda la firmeza el reconocimiento de su derecho a la negociación colectiva? Se podría pensar que la previsión anual de la inflación que hace el gobierno es más política que racional o científica. La Constitución española de 1978, en su artículo 37.1, establece que "La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". ¿Qué ocurre cuando el empresario es el Estado?, ¿No está sometido el Estado a la Constitución?, ¿Qué derecho a la negociación colectiva le queda al trabajador público cuando no puede negociar su salario? El trabajador que sirve a todos los ciudadanos, desde la función pública o desde la empresa pública, no puede tener menos derechos que el vecino, con quien diariamente coincide al comprar el pan, la leche o un kilo de ternera. |
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