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ALICIA ACEBES y ADOLFO PIÑEDO Diputados del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid La subasta de Telemadrid Deambulábamos somnolientos por la monocorde versión castiza del España va bien en la Asamblea de Madrid, cuando sin previo aviso, bajo el estruendo de fanfarrias, se descolgaba la propuesta... hay que vender Telemadrid y hay que hacerlo a modo de subasta. Las reglas de juego en este mercado parecían, hasta el anuncio de la subasta de Telemadrid o del resto de las televisiones públicas, suficientemente claras: la televisión es algo más que un negocio, a través de la caja tonta se educa a una sociedad y corresponde a los medios públicos velar por los intereses de todos nosotros frente a las legítimas tentaciones de engrosar la cuenta de beneficios que preside cualquier actividad privada (anteponer el interés colectivo al simple business). La actividad de los medios de titularidad pública afecta, por tanto, a algo tan importante como son las propias bases de nuestra democracia presente y futura. Asunto que cobra más importancia, si cabe, si observamos con cierta prospectiva qué está ocurriendo en el panorama audiovisual. Los avances tecnológicos en la televisión del futuro, que conllevan altísimas inversiones, apuntan hacia el desarrollo de una sociedad dual: la de los que tienen poder adquisitivo y pueden pagar por ver una televisión de calidad o con servicios añadidos, y la de los que no les llega el sueldo a fin de mes y, por lo tanto, se tienen que conformar con ver Tómbola. El papel de equilibrio corresponde a los medios públicos, que deben de administrar sus fondos en la consecución de un mayor nivel de calidad en sus emisiones o en los servicios que ofrece, en elevar el listón de mínimos para que sirva de referente a los otros operadores. Así las cosas, y por principio, la existencia de un medio de comunicación público que compita en calidad y servicios resultará molesto a la competencia. De la finalidad última o secreta de la operación de venta en pública subasta deberá dar cuentas el presidente. A nosotros, a los madrileños que sí creemos en el papel de reequilibrio social que puede jugar Telemadrid, nos corresponde desmontar los medios de tan oscura confabulación oculta bajo la fácil demagogia. Y no resulta difícil seguir los rastros de esta operación que se orquesta en dos fases simultáneas, perfectamente definidas. La primera, y en ese afán se llevan invertidos ya cinco años, en vaciar de contenidos de servicio y de calidad la parrilla de emisión y sustituirlos machaconamente por formatos de telebasura. Así, conseguiremos que desaparezca de la conciencia de los madrileños la necesidad, la voluntad de contar con un canal de televisión autonómico (¿qué sentido tiene que la Asamblea de Madrid financie una televisión cuya seña de identidad sea Tómbola?). Si no hay justificación, el camino hacia la privatización se ha despejado. La segunda fase de esta operación consiste en sanear los balances de esos medios deficitarios (con el dinero de todos, porque el equilibrio de balances sale de los presupuestos de la Comunidad) y dotarles con un patrimonio para atraer a los licitadores en la subasta o concurso (y así poner en bandeja de plata la cabeza del bautista-Telemadrid). Así, el camino a la privatización ha sido un intenso proceso de saneamiento, con cargo al erario público. Año tras año, desde los últimos cinco se ha acumulado un montante de 55.000 millones de pesetas a las arcas de Telemadrid en forma de inyección por parte de los Presupuestos de la Comunidad; o en román paladino, una de cada dos pesetas que gestiona el director general del Ente procede de la Comunidad y la otra de la publicidad. Redondeando el cuadro, contamos con un edificio nuevecito (al que el PP, cuando era oposición, calificó de «aventura faraónica»), construido con dinero público y que engorda el patrimonio del objeto a subastar. Pero ni con tanta sabiduría le cuadran los números de una televisión privatizada. La variable de cierre se llama Contrato-Programa. En su nombre se consignan los dineros presupuestarios que, unidos a la subvención de capital, terminan en RTVM. Se supone que el Contrato-Programa financia una lista de programas de servicio público, que nuestra tele emite. Y en el contrato programa, un nuevo regalo. ¿Qué me impide con estas condiciones finalistas de programación que esos fondos sean gestionados por manos públicas o privadas?, ¿qué más da quién gestione la nueva y resultante televisión? Ya sea público o privado, basta con respetar el mencionado contrato para que reciba el dinero de los presupuestos. Pero hay además un tercer y preocupante elemento. Con la subasta de Telemadrid, el adjudicatario va a acceder a la explotación de las frecuencias de la televisión digital que le corresponden al Ente Público. Por la puerta de atrás, y sin cumplir necesariamente las bases del concurso que se hizo al efecto, una empresa se va a quedar con una parte de un negocio por el cual no pujó (y por lo tanto sin someterse a las plicas del mismo, incluidas las de inversión y creación de puestos de trabajo). Y... del personal, bien, gracias. El futuro adjudicatario de la subasta, amén de emitir la fastuosa programación de servicio público que se ha dicho, deberá comprometerse a mantener los puestos de trabajo. Curiosa paradoja en una empresa donde ni siquiera se ponen en marcha los acuerdos de estabilidad en el empleo, que están firmados a nivel de la Comunidad por el Gobierno. En asuntos mediáticos, los estudiosos aseguran que lo gráfico es predicar con ejemplos... y a modo de tal y como último argumento antidemagogia, le recordamos a don Alberto que el dinero que se invirtió en crear un programa como Barrio Sésamo ha servido para que varias generaciones de españoles aprendieran, además de la diferencia entre arriba y abajo o derecha e izquierda, valores de tolerancia y convivencia. Algo que jamás conseguirá con campañas como las que usted anuncia se harán con el dinero procedente de la subasta. Y programas como Barrio Sésamo sólo son posibles en la televisión pública (y a las pruebas nos remitimos). (El Mundo, 2 de noviembre de 2000). |
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