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ANGELINO ALEJANDRE El Gobierno español censura una campaña de Amnistía Internacional contra el racismo El 11 de febrero de 2003 Amnistía Internacional se veía obligada a emitir un comunicado de protesta contra el Gobierno español, en el que denunciaba que "el Ministerio de Ciencia y Tecnología obstaculiza la emisión de un anuncio de televisión de Amnistía Internacional". Y a nadie se le oculta que este diplomático "obstaculiza" significaba en la práctica un veto directo a la emisión de dicho anuncio, ante la imposibilidad de que una organización como Amnistía Internacional pueda costear una campaña contra el racismo en Televisión Española a precio de tarifa publicitaria pura y dura. Por su interés, reproducimos a continuación el comunicado de AI. EL COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Amnistía Internacional (AI) manifiesta su disconformidad ante la negativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología a concederle la certificación que facilita la emisión gratuita de anuncios en televisión. AI considera inadmisible que el Ministerio no aprecie la finalidad de servicio público del anuncio de la campaña PonteensuPiel.org, ya que sus principales objetivos son sensibilizar a la opinión pública en relación con los malos tratos por motivos racistas y solicitar al Gobierno español un plan estatal contra el racismo. En este sentido, AI pide una vez más al gobierno español que ponga en práctica urgentemente las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. En su revisión del cuarto informe periódico sobre España, de 19 de noviembre de 2003, hace un llamamiento a las autoridades españolas para que tomen medidas contra la tortura y los malos tratos, el racismo y la xenofobia y para que investigue con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de tortura. En concreto "El Comité finalmente insta a que estas conclusiones y recomendaciones se difundan ampliamente en el Estado Parte en todos los idiomas que proceda". Las cadenas estatales que aceptan los spots de las organizaciones sin ánimo de lucro requieren la mencionada certificación para que su duración no se tenga en cuenta como publicidad comercial; lo que técnicamente se denomina "exención de cómputo". La respuesta del Ministerio a la solicitud de dicha certificación indica que los anuncios de televisión de la campaña PonteensuPiel.org no tienen finalidad de servicio público. Concretamente, se comunica que "vista la documentación, este Centro directivo entiende que en ninguno de los programas se aprecia la concurrencia de la finalidad de servicio público o carácter benéfico que deben cumplir estos anuncios para su exención de cómputo, conforme establece el Artículo 13.4 de la Ley 25/1994, de 12 de julio modificada por la Ley 22/1999 de 7 de junio". En otras comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, las autoridades competentes concedieron sin problemas la certificación a este mismo spot publicitario. Es más, el Consell Audiovisual de Catalunya destacó especialmente, al conceder esta certificación, su carácter de servicio público. Por otro lado, Amnistía Internacional tiene constancia de que las peticiones efectuadas en los últimos años por diferentes organizaciones no gubernamentales han obtenido el certificado de exención por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en un plazo medio de dos semanas; la solicitud de AI con fecha de 7 de noviembre de 2002 fue contestada casi dos meses después. Sólo en algún caso concreto hubo una negativa, pero siempre porque los anuncios contenían los logotipos de empresas patrocinadoras; una vez eliminado el distintivo corporativo, consiguieron el certificado necesario para su emisión gratuita. AMNISTÍA INTERNACIONAL RECURRE LA RESOLUCIÓN Y SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO JOSEP PIQUÉ Ante esta situación sin precedentes, AI ha solicitado una entrevista con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, para poder trasmitirle su preocupación por lo ocurrido, y al mismo tiempo ha presentado un recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. La organización de derechos humanos entiende que: - La denegación no es ajustada a derecho, dado que la defensa de los derechos humanos tiene una evidente finalidad pública. - La denegación es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad y no discriminación, ya que en situaciones similares sí se les ha concedido la exención de cómputo a otras ONG. - La denegación no está en absoluto motivada, puesto que no explica los motivos por los que la Administración considera que el anuncio no tiene finalidad de servicio público o carácter benéfico. Se limita a citar la ley. Por todo ello, Amnistía Internacional solicita en el recurso la revocación de la resolución impugnada y la concesión de la exención de cómputo que facilite la emisión gratuita del anuncio de la campaña PonteensuPiel.org. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PONTEENSUPIEL.ORG Amnistía Internacional presentó la campaña PonteensuPiel.org el pasado 2 de julio de 2002 con la intención dar la máxima difusión posible al contenido del informe "España: Crisis de identidad: tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado". El citado informe recoge los más de 320 casos de malos tratos con componente racista investigados por la organización entre 1995 y el 2002. El documento destaca especialmente, entre otros, los casos de personas extranjeras que fallecieron durante el período de custodia, así como la situación de las mujeres inmigrantes indocumentadas que han sido, particularmente, blanco de tortura en forma de violación o asalto sexual durante los períodos de custodia. Gran parte de las víctimas no llegan a considerar el legítimo derecho de presentar una denuncia, por miedo, falta de ayuda legal adecuada o apatía y parcialidad de las autoridades judiciales. En este sentido es preocupante el hecho de que los policías que han intentado tomar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos han sido castigados con medidas disciplinarias. Amnistía Internacional cree firmemente que el reconocimiento de la existencia de malos tratos de índole racista por parte de algunos agentes del Estado es el primer paso para avanzar hacia un cambio de actitud de la sociedad en su conjunto. |
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