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XOSÉ LOIS CARRIÓN Presidente de AGP-UGT de Ourense PSOE e IU pretenden que el Gobierno ordene la exhumación judicial de los más de 30.000 cuerpos de republicanos que aún están en fosas comunes
Antes de la llegada del 2003, presumiblemente en noviembre, el ourensano Manuel Pérez Fernández podrá saber con total seguridad si alguno de los restos de republicanos exhumados en julio pasado de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia corresponden a su padre, Víctor Pérez Bóveda, militante ugetista y militar republicano, desaparecido en aquella zona hace ahora prácticamente 65 años. Los resultados de las pruebas de ADN practicadas a las personas que creen ser familiares de aquellos restos darán una respuesta definitiva al tema. Las analíticas de ADN mitocondrial (que se transmite por vía maternal) se hacen en el Departamento de Medicina Legal perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y están dirigidas por el profesor José Antonio Lorente. "Estas pruebas están sufriendo un ligero retraso ya que el doctor Lorente, entre otras investigaciones, está centrado en la actualidad en la identificación de los restos de Cristóbal Colón y posibles familiares", señala uno de los responsables de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH, con página web www.geocities.com/priaranza36/), Emilio Silva, quien añade que "de todas maneras, calculamos que en noviembre tengamos los datos definitivos". Manuel Pérez, junto a otros familiares de demócratas asesinados por los sublevados contra el Gobierno legítimo de la República, se desplazará al Congreso de los Diputados, en fecha aún sin fijar, cuando el PSOE e IU presenten una proposición no de ley, que también será apoyada por el Grupo Mixto entre otros, en la que se recoge un reconocimiento a todas aquellas personas que por sus ideas perdieron la vida defendiendo el Gobierno legítimo de la República. Otro de los responsables de la ARMH, Santiago Macías, comenta que dicha proposición, auspiciada por la propia asociación, pretende que el Estado español, a través de sus instituciones judiciales, cumpla con su deber de investigar y aclarar los hechos, ordenando la exhumación judicial de los cuerpos que están aún en fosas comunes que daten de julio de 1936 en adelante. En esta proposición, presentada también ante la ONU, se hace hincapié en que el Estado español ayude a cada familiar que solicite la identificación de un cuerpo enterrado en fosa común, ordenando los correspondientes análisis, para posteriormente poderlo enterrar con dignidad. Cuando la identificación individual no sea posible, correspondería al Estado tomar las disposiciones adecuadas para dar digna sepultura en un cementerio, señalando en forma visible en el lugar que allí descansan víctimas del conflicto y las circunstancias de su muerte. Otra de las peticiones consiste en el deseo de que las autoridades correspondientes procedan a retirar de calles y pueblos toda referencia a personajes o estamentos golpistas, "que atentan diariamente la memoria y la dignidad de los familiares de aquellas personas asesinadas y también de las que consiguieron conservar su vida", añade Santiago Macías. Una tercera reivindicación hace referencia a la necesaria apertura de los archivos militares así como la devolución a los familiares de los objetos personales de las personas ejecutadas. Destaca Macías que "la exhumación de los cuerpos se hace sólo y únicamente cuando así lo quieren los presuntos familiares, nunca de otra manera". Los representantes de esta asociación consideran que las desapariciones forzadas de estas personas son constitutivas de delitos continuos e imprescriptibles por ser una afrenta a la dignidad humana. Reconocen que si bien una serie de actuaciones, instancias y reparaciones fueron accesibles desde 1940 a un sector de la población española para esclarecer e reparar lo sucedido con las llamadas 'víctimas de las hordas rojas' –declaración de ausencia–, dichas medidas no alcanzaron a los familiares de los desaparecidos del bando del Gobierno legítimo, por lo que es el momento de igualar a todas las víctimas. Hay que tener en cuenta que la Justicia española considera que los cuerpos no identificados, abandonados en fosas comunes desde la Guerra Civil, no tienen ningún interés judicial. Salvo excepciones, los jueces aconsejan a los familiares de desaparecidos que deben conseguir la autorización del dueño del terreno e la del Ayuntamiento para proceder a la exhumación. Según diferentes cálculos, más de 30.000 cuerpos no identificados permanecen en fosas comunes a lo largo y ancho del Estado español, incluyendo al más famoso desaparecido forzado do mundo, el poeta Federico García Lorca. Algunas de estas fosas, como las de Mérida, acogerían a unas 3.500 personas; las de Oviedo, unas 1.600 personas; en Gijón, 2.000: en Sevilla, 2.500; Teruel, 1.000 y la lista continúa. "En la inmensa mayoría de ellas se encuentran los cadáveres de españoles desaparecidos tras ser arrestados por grupos armados afines al general Franco, cuando tomaron el control de la zona. En otros casos, desaparecieron encontrándose en manos de agentes del Estado, meses después de haber concluido el conflicto armado y ya firmemente establecido el régimen del general Franco. Todos ellos eran sospechosos de participación, militancia o afinidad con el Estado Republicano. Para todos ellos, se ha mantenido una desigualdad de trato ante los tribunales y las demás instituciones del Estado, que ha impedido aclarar no sólo las circunstancias de su muerte sino la localización de sus cuerpos y la posibilidad para sus familiares de darles digna sepultura", indican estos miembros da ARMH. A lo mejor la búsqueda de Manuel llegó a su fin. Pero aún quedan otros miles de Manueles buscando a sus familiares. El Gobierno tiene la última palabra. LOS REPUBLICANOS, AÚN DISCRIMINADOS FRENTE A LOS VOLUNTARIOS DE LA DIVISIÓN AZUL Esta asociación exhumó a mediados de octubre una fosa común en Candeleda, localidad perteneciente a Ávila, en la que estaban 3 mujeres republicanas. "Empezamos esta historia en Priaranza del Bierzo, el 28 de octubre de 2000, encontrando los restos de 13 civiles republicanos asesinados de 2 tiros en la nuca por los mal llamados nacionales, una vez que el familiar de una de estas víctimas solicitó su exhumación, trabajos que fueron realizados por el arqueólogo Julio Vidal y la antropóloga forense María Encina Prada", recuerda Emilio Silva. En septiembre de 2001 se exhumó la siguiente fosa en Cubillos del Sil, en la que se encontraron restos de tres hombres y una mujer, que en marzo pasado fueron entregados a las familias gracias al informe forense que fue suficiente para identificarlos examinando su diferencia de sexo y la edad. El pasado 16 de marzo el profesor José Antonio Lorente, de la Universidad de Granada, viajó a Priaranza del Bierzo para tomar muestras óseas de cuatro de los cuerpos exhumados en Priaranza, que serán identificados próximamente. La escasez de poder económico no permite hacer más pruebas de ADN. "Esta circunstancia, según explican los miembros de ARMH, demuestra el trato discriminatorio contra las víctimas del franquismo, ya que el Estado español recientemente consideró procedente desembolsar millones de pesetas para exhumar y repatriar desde Rusia los cuerpos de varios voluntarios españoles de la División Azul, grupo militar ofrecido por el General Franco como muestra de su amistad con el dictador Adolfo Hitler, para apoyar las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial". En mayo, la asociación contactó por primera vez con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, para que investigue el caso de los desaparecidos españoles. Tras una campaña para contactar con familias que buscan a una persona desaparecida durante la Guerra Civil y posguerra, este colectivo entregó 65 fichas. A comienzos de julio pasado, en colaboración con la ONG Servicio Civil Internacional, una ONG que se dedica a la organización de campos de trabajo en más de 50 países, la ARMH organizó un campo internacional de trabajo en el que participaron voluntarios de Suiza, Holanda, Austria, Francia, Italia, República Checa, Polonia, USA y España, en el que fueron exhumadas fosas existentes en Piedrafita de Babia (7 cuerpos), Cabañinas (dos fosas, distantes un par de metros, con 2 y 3 personas) y San Pedro de Olleros (Los testimonios de la época dan como seguro que estos dos cuerpos pertenezcan a los mineros José Landera Cachón, conocido por "Periquete", nacido el 18 de julio de 1908 en Lillo del Bierzo, y Perfecto Álvarez González "Carrero", presumiblemente natural de Valdeorras (Ourense) o bien del sur de Lugo, ambos afiliados a la CNT. Mientras familiares del primero esperan que las comprobaciones pertinentes confirmen su identidad, del segundo asesinado no hay por el momento ninguna familia que lo reclame, tal como apuntó Santiago Macías.). En esta ocasión se consiguió que la juez de Instrucción de Villablino (León) abriera diligencias en el caso de la fosa de Piedrafita de Babia y que sea el Estado quien financie las pruebas de ADN , circunstancia que crea un precedente importante para que otras familias puedan gozar del mismo derecho. El 20 de agosto, Montserrat Sans, una abogada que trabaja en la biblioteca del Congreso de EE.UU. y que es nieta de republicanos exiliados, intervino en Nueva York ante el grupo de trabajo sobre desaparecidos de la ONU para que el Gobierno español realice los trabajos de búsqueda y recuperación de los cuerpos de los desaparecidos. En septiembre se abrió una nueva fosa común en Caleruega, un pueblo de la provincia de Burgos, en la que estaban restos de cuatro personas. "TRATADOS COMO SACOS DE PATATAS, HUMILLADOS Y VEJADOS" Según explicó el arqueólogo Venancio Carlón, uno de los voluntarios en la exhumación de los cuerpos en Piedrafita de Babia, "los fascistas no se molestaron en hacer una fosa grande –tenía unos 2 metros por 2,5 metros–. Pusieron piedras encima de los cuerpos –enterrados a menos de 50 centímetros de profundidad– para que los perros no se llevaran los restos por ahí y evitar así malos olores, no por proteger o esconder los cadáveres". Este arqueólogo ya participó en las otras exhumaciones organizadas por la ARMH en Priaranza y Fresnedo (Cubillos del Sil). Como arqueólogo, rechaza que estas fosas sean enterramientos, "ya que eso es cuando un individuo está colocado debidamente, y éstos están tirados, tratados como sacos de patatas, humillados y vejados. Es una fosa común". Familiares de unos 70 desaparecidos en Asturias solicitaron oficialmente que en el Principado también se inicie la localización y exhumación de sus cuerpos. En Cartagena, la nieta de un cabo de la Marina presentó una denuncia por la desaparición do su abuelo. Hay otros muchos casos más que día a día están saliendo a la luz. Pero quedan miles bajo la tierra. |
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