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VÍCTOR SÁNCHEZ RTVV: Servicio público y pluralismo informativo
La convocatoria de esta jornada responde, de manera inmediata, a la amenaza de privatización de Radiotelevisión Valenciana. Además, estos debates nos permiten desgranar los argumentos para defender la existencia de la televisión pública en España y en el País Valenciano. La defensa del sector audiovisual público es coherente con la política de defensa de la sociedad del bienestar, entendida como sistema de redistribución de la riqueza que atenúe las diferencias sociales y ponga al alcance de todos la disponibilidad de bienes y servicios fundamentales. Al lado de la sanidad, la educación o las infraestructuras, la información, la formación y el entretenimiento son bienes que han de estar al alcance de todos, de los que más tienen, pero también de los que menos tienen. Y esa disponibilidad sólo se puede garantizar si los servicios de radiotelevisión son asumidos en parte directamente por el Estado. La existencia de un sector audiovisual público debería ser motivo de un pacto de Estado duradero. La realidad y los principios de la Unión Europea están hoy más cerca de nuestros criterios que de los del gobierno ultraliberal del Partido Popular. De hecho, un tercio de las emisoras de televisión que hay en la Unión Europea son de carácter público. En cuanto al criterio imperante en la Unión Europea, cabe recordar que el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los estados miembros, firmado como anexo del Tratado de Ámsterdam, reconoce "que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación". La Unión Europea, implícitamente al menos, no hace más que reconocer que hay una parte de las programaciones, la llamada de servicio público, que no va a ser prestada por el sector privado. Hay que ser muy ingenuo para no ver que las televisiones privadas se rigen y se seguirán rigiendo por criterios de mercado, de beneficios económicos. También se rigen por criterios ideológicos en el corto y en el largo plazo, como soporte necesario para que el mercado funcione tal como la propiedad espera y necesita. En cuanto a la doble financiación (publicidad/presupuestos) de los medios audiovisuales públicos, la Unión Europea la acepta, tal como se señala en el referido texto anexo al Tratado de Ámsterdam. Se establece que "las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público". Lejos de abrazar este panorama mixto privado-público que se da en Europa, el gobierno ultraliberal del Partido Popular, está empeñado en abrir el camino a la desaparición de la televisión pública en España. A pesar de las convulsiones que sufre la cadena pública estatal, Radio Televisión Española, hoy la amenaza real inmediata a su existencia la sufren las emisoras autonómicas públicas, en especial Radiotelevisión Valenciana. La actual ofensiva contra la radiotelevisión pública valenciana se inició hace ya nueve meses. Casi un año de polémica y de falso debate. El gobierno de Eduardo Zaplana, con su delegado interino José Luis Olivas a la cabeza formal, se empeña en que privatizar es devolver a la sociedad civil unos medios que ahora utilizan los gobiernos, de acabar con unas empresas deficitarias que cuestan dinero a los contribuyentes y que tienen un sistema de producción muy caro. Es evidente que han intentado inculcar en los ciudadanos una conclusión que parece lógica y razonable: si Canal 9 no aporta un valor añadido en relación con otras televisiones y además nos cuesta un dineral, pues que la cierren o la vendan! Ante este razonamiento, hay que llegar a cada rincón de este país para hacer algunas reflexiones con los ciudadanos y sus organizaciones. ¿Qué gobierno utiliza Radiotelevisión Valenciana? El del Partido Popular. ¿Qué gestores han llevado a Canal 9 al nivel actual de trivialización y tombolización? Los gestores del Partido Popular. ¿Quienes han multiplicado por 60 la deuda de RTVV en siete años, hasta llevarla a tener firmados prestamos a largo plazo por más de 60.000 millones de pesetas? Los gestores del Partido Popular. La política de personal ha llevado a que actualmente más del 60% de los contratos de trabajo sean temporales. La conclusión es lógica: si lo han hecho tan mal, que dimitan los actuales gestores y que se nombren equipos de dirección que apliquen criterios de servicio público en la programación y de gestión eficaz en lo económico. Pero no. En lugar de reconocer su fracaso y hacer propósito de enmienda, han decidido liquidar una empresa pública que no es suya, sino de todos los ciudadanos valencianos, que la han levantado con sus impuestos. El proyecto del Partido Popular es conocido: privatizar la gestión y los posibles beneficios, y dejar la deuda de más de 60.000 millones de pesetas a los cuatro millones de habitantes de este territorio. Además, los préstamos se han suscrito a largo plazo, aplicando la política del "quien venga detrás, que arree". Hablar de entregar la gestión a la sociedad civil cuando se aborda la cuestión de la privatización es un eufemismo cargado de cinismo. De lo que se habla realmente es de determinados grupos económicos privados que de ninguna manera representan a la sociedad civil. Una cuestión de importancia capital: si consiguen llevar a cabo la privatización, ¿dónde quedan los trabajadores, los profesionales del medio? Por una parte, en el terreno laboral es obvia la inestabilidad que van a sufrir los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana. Con la privatización llegarán las reducciones de plantilla, el intento de recortar los derechos laborales y económicos, etc. En el plano profesional, las cosas quizás no cambien demasiado. Porque el cambio se ha producido hace tiempo. La manipulación, la trivialización de la realidad son sufridas por la plantilla, que ve pisoteada su dignidad profesional. En este marco, los profesionales del medio sufren la presión de la dirección y no encuentran la libertad intelectual necesaria para ejercer su misión de elaborar información veraz y de calidad. Los efectos negativos en el empleo y sus condiciones no se notarán sólo en RTVV. Es obvio que la empresa que se pueda hacer cargo de la gestión de Canal 9 no va a mantener para sus trabajadores las condiciones laborales y económicas establecidas por el Convenio colectivo de grupo. El deterioro afectará negativamente a todo el sector, con la bajada de salarios y una mayor precarización del empleo. En ese sentido, los planes del Partido Popular están, ideológicamente, situados en las políticas neoliberales que alimentan el concepto de la globalización económica, pero que no quieren oír hablar de globalización de derechos democráticos, económicos, políticos y sociales. Pero, ¿qué televisión y qué radio públicas queremos? Veamos. Las cadenas autonómicas han de cumplir unas finalidades de servicio público. Así lo establece la legislación. Además, es su razón de ser. La finalidad de Radiotelevisión Valenciana, plasmada en la ley de creación del Ente Público, es informar, formar y entretener desde la consideración de la realidad del País Valenciano. Y esa realidad viene marcada, fundamentalmente, por una lengua propia y unos rasgos culturales, históricos y socioeconómicos particulares. La ley de creación del ente establece, en su artículo segundo, que los principios que inspiran la actividad de las emisoras del grupo son también la protección de la juventud y la infancia, el respeto al pluralismo político, cultural y lingüístico, religioso y social, el respeto a los valores recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y por supuesto, la veracidad, objetividad e imparcialidad de las informaciones y la separación entre información y opinión. La prestación del servicio público de radiotelevisión en un territorio con lengua propia, como el valenciano, comporta la asunción de algunos principios:
Para hacer esa televisión plural y democrática que propugnamos, son necesarias algunas reformas legislativas:
En definitiva, queremos, con el conjunto de los trabajadores y de los ciudadanos, una radiotelevisión pública en valenciano y de calidad. |
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Portada Portadilla Nº 12 Reportajes y Entrevistas Sección General © OPIN@R. Las personas interesadas en
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El mantenimiento del carácter público tanto de la propiedad como de la gestión, como garantía de pluralismo informativo. 