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Portada nº 21
Reportajes y Entrevistas
Sección General

 


FERNANDO VALDERRAMA, EL EMBAJADOR ESPAÑOL EN IRAQ QUE DIMITIÓ POR DISCONFORMIDAD CON LA ACTUACIÓN DE AZNAR EN LA ZONA

"Una política que ni siquiera respeta a los muertos, no merece ningún respeto"


Por LETICIA ALONSO

Fernando Valderrama (foto A. Diez)

Fernando Valderrama fue embajador español en Irak desde junio de 2000 hasta octubre de 2002, cuando dimitió de su cargo. La polémica de su actuación y de sus declaraciones, condenando la guerra, le pusieron en el epicentro informativo. Fue sancionado durante ocho meses de empleo y sueldo, así como acusado de actuar por miedo a su seguridad.            

En plena posguerra de Irak y en un momento de gran crisis internacional, su opinión como diplomático y gran conocedor del pueblo iraquí puede ayudar a responder muchas preguntas y contribuir a buscar soluciones.              

Más de un año después de su dimisión sigue defendiéndose de las acusaciones del Gobierno, pero encuentra tiempo para concedernos una entrevista. Viene del despacho de sus abogados, pero a pesar de su delicada situación mantiene un profundo optimismo.     

Cree en lo que hizo, y ni el paso del tiempo ni las consecuencias que acarreó le han hecho cambiar de opinión. Y con esa actitud fue con la que se sentó a responder nuestras preguntas.    

Pregunta.– Lo primero que deseamos saber es cómo se encuentra usted en estos momentos, con toda la situación que está viviendo...      

Respuesta.– Pues me siento rejuvenecido. Quiero decir que para una persona de mi situación profesional, con una serie de años de carrera y una cierta madurez, acostumbrado a puestos de responsabilidad, encontrarme ahora teniendo que explicarme es duro. Cierto que cada vez menos, porque hay más personas que lo entienden, y quienes no lo entendieron al principio pues lo entienden inmediatamente después de oír la réplica desabrida y zafia de la ministra. Otros lo entendieron un poco más tarde, cuando vieron cómo se estaba presionando a Naciones Unidas y ladeando la legalidad internacional. Y por último, los que no lo habían entendido ni siquiera con la guerra, lo están entendiendo con la posguerra. Vamos, que eso realmente me ocupa menos esfuerzo, pero sigo implicado en una serie de procesos judiciales para aclarar las cosas y ponerlas en su sitio.      

Todo esto me coloca en una situación de inestabilidad personal y profesional que en parte me rejuvenece. Normalmente, a los cincuenta años se suele tener una vida ordenada y con menos sobresaltos, así que prefiero tomármelo con espíritu positivo y considerar que me rejuvenece.      

También me rejuvenece en otro sentido, y es que me ha acercado a mucha gente joven. No me puedo quejar, porque también personas de edad avanzada, incluso antiguos diplomáticos, me han llamado para darme su apoyo, pero tengo que reconocer que la mayor parte de las personas que me han apoyado ha sido gente joven. Jóvenes que se han sentido sorprendidos por esta forma de hacer política del Gobierno. Y es que, para muchas personas menores de veinticinco años, esta es la primera crisis internacional que han vivido en su vida; y claro, yo que desperté a la conciencia cívica con la guerra del Vietnam, pues lo entiendo perfectamente.         

P.– Tras su dimisión de la embajada española en Irak, fue sancionado por el Ministerio. ¿En qué situación se encuentra el proceso sancionador?     

R.– La sanción, como no podía ser menos, porque era muy endeble jurídicamente hablando, ha sido ya parcialmente anulada por un tribunal. Una sentencia que yo he recurrido porque quiero una anulación total. En este momento la sanción que tenía de ocho meses ha quedado reducida a cuatro, que yo espero, una vez se vea el recurso ante la Audiencia Nacional, quede anulada completamente y por tanto pueda incorporarme al Ministerio.    

P.– ¿Y en qué fase se encuentra la querella que usted interpuso contra la ministra Ana Palacio?    

R.– Es una querella penal por injurias graves contra mi dignidad y está en el Tribunal Supremo. Ella dijo que yo me fui por miedo a mi seguridad. Bueno, lo cierto es que empezó diciendo otra cosa, diciendo que no, que eso era algo ya previsto. Posteriormente, al cabo de pocos minutos, cuando vio que esa explicación no tenía ningún éxito con los medios, empezó a difundir que era un montaje político, basándose en mi afiliación socialista. Pero eso tampoco cuajó, primero porque el Partido Socialista era totalmente ajeno a lo que era una decisión personal; y segundo, que yo tengo muy bien ganado un cierto crédito como una persona muy independiente de criterio. Por lo cual, esa explicación tampoco duró mucho y al final la ministra perdió completamente los nervios. Después de haber perdido los papeles, perdió los nervios y se soltó el pelo, verbalmente hablando, y entró directamente en el terreno de los insultos.     

Creo que me he portado de una manera muy caballerosa. He esperado más de nueve meses. Quizás no habría esperado tanto en otras circunstancias, pero había unas elecciones autonómicas y no quería dar pie a que nadie dijese que ponía la querella para hacer contrapeso por el expediente que me había abierto la ministra. Cuando acabó la sanción, se me comunicó en abril, y estábamos en vísperas electorales, por lo que preferí esperar a después para que tampoco me acusaran de difamar a alguien del PP en plena campaña electoral. Y, bueno, cuando acabó la campaña, habían pasado unos nueve meses desde sus insultos y consideré que ya había tenido tiempo suficiente para recapacitar. No lo hizo, y si hubiese esperado más tiempo se podría hasta haber malinterpretado.           

En conclusión, ahora está en el Tribunal Supremo, a examen por un magistrado ponente, pero no se ha pronunciado todavía. La fiscalía, como era previsible, ha decidido que no se admita a trámite, pero el magistrado ponente, que es el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, no se ha pronunciado aún.      

P.– Todavía hoy existe cierta desinformación sobre sus declaraciones y sobre cuándo fue sancionado. ¿Podría explicar cuáles fueron exactamente, y si las hizo antes o después de dimitir?     

R.– Mis declaraciones no sólo fueron después de dimitir, sino que se limitaron a explicar las causas de mi dimisión. Si las hubiese hecho antes de dimitir, mi situación hubiese sido otra y yo habría sido más atacado todavía.   

Realmente no tenía pensado hacer unas declaraciones en un primer momento, sino que pensaba dar un comunicado explicando las causas de mi dimisión. Pero por razones internas al Ministerio, que no voy a revelar pero que el entonces subsecretario conoce perfectamente, ante las primeras reacciones que observé en el momento de comunicar mi dimisión a mis superiores jerárquicos decidí que no bastaba con un comunicado, que contestaría personalmente y que daría la cara ante los medios, porque con un comunicado no iba a bastar. No voy a ser más explícito, pero fue una decisión que tomé en ese momento y yo me limité a explicar las razones que había dado en ese proyecto de comunicado. Es más, tengo un testigo. Había un catedrático de Ciencias de la Información en Irak en esos días, y recuerdo que le comenté que estaba elaborando un documento muy delicado y quería terminarlo esa misma tarde. El caso es que no bastó con eso por ese incidente que no voy a explicar, porque pertenece a temas internos del Ministerio sobre los que mantengo siempre el sigilo, cosa que la ministra obviamente no hizo, porque se puso a citar, y a citar mal, telegramas del Ministerio, de forma sesgada y malintencionada. Pero no voy a entrar en ese juego, no lo hice entonces y no lo voy a hacer ahora, porque hay una serie de cosas sobre las que seguiré manteniendo la reserva debida.     

Éstas son las razones que me impulsaron a hacer unas declaraciones a los periodistas, que lógicamente me preguntaron por las causas de mi dimisión. Que dimita un embajador no es frecuente, y si dimite un embajador de España yo diría que es menos frecuente aún que en otros países. Y si encima es un embajador en Irak, en un momento de crisis como aquella, era absolutamente imposible aunque yo lo habría intentado dimitir sin que los medios por lo menos pidieran una explicación.       

Ahora, para aclarar bien su pregunta, diré que mis declaraciones, tanto esas como las del día siguiente, en las que me limité a defenderme de los insultos y las mentiras de la señora ministra, fueron posteriores a mi dimisión. Esto lo sabe muy bien el Ministerio, que después de intentar mantener la ambigüedad sobre ese tema durante unas horas, abrió un expediente contra mí y en ningún momento sostuvo seriamente esa postura.         

P.– La abogada del Estado afirmó que su libertad de expresión quedaba limitada por sus deberes a sus superiores y a la Administración. ¿Qué opina de la llamada "lealtad acrítica"? ¿Dónde cree que deberían fijarse los límites?       

R.– Esa es una cuestión muy delicada sobre la que se han escrito tomos desde los juicios de Nuremberg. Pero hay dos cosas que están muy claras. La primera es que la obediencia debida ya no sirve para justificar cualquier cosa, y mucho menos actos delictivos. Y no sólo actos delictivos según la ley del propio país, sino también aquellos conformes con las leyes vigentes internacionalmente. Me explico: si un verdugo saudí corta una mano en Arabia Saudí cumpliendo una sentencia, no ha cometido ningún delito; pero si se le ocurriese hacer lo mismo en otro país, estaría entrando en un delito contra el derecho internacional.            

En Nuremberg se sentó el principio, que luego se ha desarrollado de una manera parcial geográfica y jurídicamente, de que la obediencia debida ya no basta. Ha habido otros casos muy sonados en los últimos años, como en Argentina, donde muchísimos militares invocaron la obediencia debida ante las desapariciones masivas, etc.; pero está acuñado que eso ya no vale.         

Lo segundo que quiero dejar claro es que la conciencia de unos no es la misma que la de otros, pero que independientemente de la delicadeza de cada conciencia para mí está claro que el Derecho Internacional que yo estudié, tanto en la facultad de Derecho como en la Escuela Diplomática, sigue vigente y excluye el llamado ataque preventivo o, eufemísticamente, la "acción anticipatoria".           

Pero desde el punto de vista político, no sólo jurídico, esa polémica se planteó en España de una manera muy aguda a principios de los años noventa en relación con los GAL. Recuerdo precisamente al actual presidente del Gobierno, el que hoy defiende la acción anticipatoria, como uno de los portavoces de la protesta política contra esas actuaciones y por tanto me sorprende mucho más oírle decir las barbaridades que le oigo decir hoy. Insisto, barbaridades jurídicas y políticas. Que eran barbaridades jurídicas ya lo sabíamos desde antes de la guerra. No es que lo diga yo, que no soy una autoridad académica, sino que lo dijeron todos los profesores de Derecho y Relaciones Internacionales de España, menos uno, en un documento interesantísimo que se publicó el 19 de febrero y que está en la página de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional. Pero es que, además de eso, es una barbaridad política. Y para el que no lo quisiese considerar así entonces, basta con ver lo que está pasando hoy en Irak para saber que también era una barbaridad política.        

Con esto quiero decir que agradezco mucho las medallas que algunos me han colgado, pero que no era sólo por idealismo ni por principios de tipo jurídico; era también desde un punto de vista práctico. Lo ocurrido era una salvajada y un grave error político. Parafraseando a Talleyrand, que dijo un día a Napoleón en relación con un asesinato de los llamados de Estado: "peor que un crimen, es un error".    

P.– Existen otros casos como el de José Luis Dicenta, cónsul general en Los Ángeles, que también se manifestó contrario a la guerra y a la actitud del Gobierno. ¿Por qué cree que no fue sancionado?       

R.– Es cierto, José Luis hizo unas declaraciones a un periódico hispano de EE.UU. diciendo que la guerra era ilegal, y eso el periódico lo utilizó como titular. Lo hizo desde su cargo y es verdad que no fue sancionado. Yo creo que porque, para aquel entonces, ya había habido numerosas manifestaciones en la calle. Posteriormente, el embajador de España en Naciones Unidas, Inocencio Arias, no dijo que la guerra era ilegal, pero sí dijo que si no aparecían las armas se crearía un problema muy grave. También lo hizo desde su cargo y fue vergonzosamente sancionado. Se le suprimieron las vacaciones, que por cierto es una sanción lo digo desde aquí absolutamente ilegal e irregular, pues no existe tal sanción. Es verdad que las vacaciones son en función de las necesidades del servicio, pero precisamente por eso se le habían autorizado el día antes, porque era el momento de tomárselas en el mes de agosto, y luego se inventaron una serie de necesidades para hacerle volver. Quizás porque su puesto era más importante que el de Dicenta, aunque sus declaraciones fueron menos contrarias a la política del Gobierno. Ha habido otra serie de represalias dentro del Ministerio. Hubo once diplomáticos que firmaron una carta en contra de la guerra y la enviaron al subsecretario, dentro de los cauces internos, pero lo hicieron y fueron investigados.          

En fin, no he sido el único, pero mi caso ha sido más sonado. En primer lugar porque dimití, y eso es tremendamente llamativo en España debido al escaso nivel de exigencia cívica que tenemos en nuestra sociedad; y en segundo lugar, porque yo representaba a España en el epicentro de la crisis y, por tanto, se le daba más importancia a lo que yo hiciera o dejara de hacer.         

P.– Usted llegó a Irak en junio de 2000 y dimitió en octubre de 2002. Una vez acabada la guerra, ¿cómo ve ahora la situación del pueblo iraquí en comparación con su etapa allí?       

R.– Es muchísimo peor. Cuando yo llegué me encontré con un país destrozado por diez años de sanciones. Tremendas sanciones, como no se han aplicado a ningún otro país, al menos en tanto sanciones internacionales. Tan graves que está hoy acuñado en Naciones Unidas, con toda claridad, que nunca se volverán a aplicar sanciones de ese tipo contra ningún país, porque es un mecanismo diabólico. Una vez aprobadas, basta con que un país de los que tienen derecho de veto se oponga a que se levanten, como ocurrió sistemáticamente con EE.UU., para que no se puedan levantar. Y está claro que esas sanciones han sido una vacuna. Desde entonces, por el tema de las sanciones, Irak ha servido para asentar un precedente internacional muy importante, desgraciadamente para los iraquíes.       

En segundo lugar, creo que en el tiempo que estuve allí la situación mejoró ligeramente, porque precisamente poco después de que yo llegara comenzó a romperse el embargo aéreo y empezaron a llegar aviones diariamente al aeropuerto de Bagdad, con grandes protestas norteamericanas y británicas. Como llegó a decir el propio presidente Bush en un alarde de cosmopolitismo, el embargo se había convertido en un "queso suizo". Fue un símil muy gráfico, porque Irak estaba consiguiendo superar el sistema de sanciones, pero aquello duró escasamente dos años. A partir de la llegada de la administración Bush, empezó a endurecerse la vigilancia norteamericana y comenzaron a presionar a las Naciones Unidas para que persiguieran a las empresas que se saltaban el embargo del petróleo. Me refiero a los sobrecargos que pedían los iraquíes. El caso es que, a mediados de 2002, Irak estaba encontrándose de nuevo con dificultades para poder seguir manteniendo sus agujeros en el embargo. Así que esa supuesta mejoría se empezó a estancar.     

Todo lo ocurrido desde el comienzo de la guerra ha supuesto un cambio brutal. Cómo está ahora el país no hace falta que yo lo describa. Se ha escrito muchísimo. Yo ya no estoy allí, pero muchos periodistas que han sido testigos de primera línea pueden hablar de ello.         

P.– La situación que vivía el pueblo con Sadam Hussein tampoco era la más favorable. ¿Cuál cree que hubiese sido una posible solución?            

R.– La situación era un desastre. La dictadura de Sadam era una dictadura parecida a la España franquista de los años 40 y 50, y luego encima estaban las sanciones. Las sanciones empobrecieron a los iraquíes pero favorecieron al régimen, al asentar aún más su dominio por esa presión norteamericana. Era una situación detestable, pero ¿cuántos pueblos hay en esa situación? Ese argumento serviría si EE.UU. hubiese dicho que quería encabezar, y siempre a través de Naciones Unidas, una cruzada internacional para promocionar la democracia en todos los países que no la tienen. Algo parecido a lo que se hizo en los años 80, cuando muchos países nos pusimos de acuerdo para impulsar la democratización de América latina. Eso hubiese provocado muchas discusiones sobre dónde estaba el límite en la injerencia en asuntos internos y ese tipo de cosas, pero al fin hubiera habido un fin legítimo, creíble. Cuando se habla de que se quiere acabar con una dictadura, singularizándola como hacen los americanos, se pierde toda legitimidad. Acabar con todas las dictaduras se encontrará con problemas jurídicos, prácticos, pero tendrá una cierta legitimidad moral. Si estamos singularizando una dictadura, carece de toda credibilidad. Sobre todo carece de credibilidad cuando se echa mano de ese argumento cuando el resto de argumentos decaen. El problema de credibilidad es inmenso.        

P.– ¿Cree que la solución podría haber empezado por eliminar el embargo?   

R.– Por supuesto el embargo tendría que haberse eliminado, por lo menos en la forma. Esto hasta los americanos lo plantearon y el propio Gobierno Bush llegó a hablar de sanciones "inteligentes". Empezaron a cambiar el sistema de sanciones pero se quedaron a la mitad, quizás porque ese era un plan de Powell y en medio de ese plan triunfaron los partidarios de un ataque bélico, con lo cual a mediados de 2002 ya se dejó de hablar del tema prácticamente.

Pero claro que yo creo que un replanteamiento de las sanciones, de manera que afectaran sólo a los dirigentes y no a los ciudadanos, hubiese supuesto un gran alivio para Irak. Es más, le habría quitado a Sadam muchos argumentos y mucha popularidad indirecta, o por lo menos le hubiera dejado sin coartadas para su impopularidad. Pero eso también parece ser que asustaba a algunos sectores de EE.UU. El caso es que no se adoptó esa postura, que yo creo tenía una cierta racionalidad. Y también tiene culpa la Unión Europea, que aunque dejó de manifestar entusiasmo y apoyo por las sanciones desde mediados de los 90, nunca hizo una petición formal para que se levantaran. Lo que hacía era presionar a Irak para que cumpliera con la política de desarme, aún a sabiendas de que había otros países que no querían que estas inspecciones terminaran nunca, como han reconocido algunos de los propios inspectores.   

P.– Viendo la situación de la posguerra, ¿cómo cree que debería llevarse a cabo la creación de un Gobierno iraquí y qué peso cree que deberían tener kurdos o chiítas?        

R.– Esta es una pregunta muy importante. Y lo primero que hay que superar es la muy legítima tentación de decir: lo siento, pero yo no tengo la responsabilidad de buscar una solución ahora, después de no haber tenido nada que ver en la organización de este destrozo. Porque lo curioso es que nos están preguntando, básicamente a los que estábamos en contra de esto, por soluciones ahora. Me imagino que es porque los responsables no las aportan, pero no deja de ser un planteamiento un tanto viciado.        

Ahora bien, esa tentación hay que superarla porque lo que ocurre allí es responsabilidad de todos, aunque evidentemente no en la misma medida.      

Pienso que son varios aspectos los que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el hecho de que las tropas de ocupación representan en sí mismas, como ha dicho el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, un factor de inestabilidad. Es decir, la ecuación de que las tropas de ocupación se tienen que mantener mientras dure la inseguridad es totalmente falsa. Esta ocupación genera inestabilidad. O sea, que en todo caso, lo primero que habría que hacer es suprimir el tipo de situación existente actualmente en Irak. No se pueden mantener ahí las tropas norteamericanas. Y si se llega a la conclusión de que es necesario mantener la presencia armada para evitar, por ejemplo, una guerra civil, en ese caso habría que crear una verdadera fuerza internacional. Esa fuerza no podría estar en ningún caso liderada por los norteamericanos, diga lo que diga la resolución 1511, que tampoco es explícita en ese aspecto porque habla de un mando unificado nada más, porque perdería toda legitimidad. Los norteamericanos son vistos no sólo como invasores, sino como responsables de gran parte de lo ocurrido.     

Este sería un primer paso. Tras ese paso, habría que intentar que esa fuerza internacional estuviese compuesta mayoritariamente por países árabes, aunque la financiación tuviese que venir de otras fuentes. Más tarde, una vez estabilizada la situación, fijar unos plazos muy claros para una transición bajo una dirección política de Naciones Unidas, que daría más garantías a la población iraquí ahora mismo que el actual Consejo de Gobierno. Aunque parezca increíble, este Consejo de Gobierno no representa a todo el mundo. Los kurdos y chiítas se sienten más representados, pero los árabes suníes no. Y son una minoría muy importante, porque han gobernado el país no desde la época de Sadam, como dicen muchos incultos que hablan alegremente del tema, sino desde el imperio otomano. Salvo un paréntesis de finales del XVI y principios del XVII, donde hubo un cierto dominio persa, lo cierto es que en cualquier caso son más de trescientos años. Por tanto, esa minoría es muy numerosa, cualitativamente es muy importante y, por supuesto, no se siente representada.       

En resumen, la solución empieza bajo un mandato de las Naciones Unidas, que se limitaría fundamentalmente a restablecer un programa de gestión de la explotación del petróleo iraquí, y de la distribución de alimentos, medicinas, etc.   

En segundo lugar, organizar un censo electoral creíble y unos medios materiales para unas elecciones en el plazo más breve posible, incluyendo una campaña electoral pública y estatal sin financiación privada, para evitar la especulación de candidaturas apoyadas por países extranjeros con dinero, y con igualdad de acceso a los medios, por lo menos a los medios estatales de comunicación. Podría así, si no calmarse una situación, por lo menos que hubiese una cierta legitimidad a la hora de señalar con el dedo a los que cometen atentados. Y es que en este momento no hay ni esa legitimidad. Porque, ¿qué se está ofreciendo? Ocupación y reparto de los negocios a las empresas norteamericanas, con corrupción por arriba y por abajo. Esas son las alternativas. Y es que no se habla de que también hay muchísima corrupción por abajo. Me están llegando constantemente informaciones de personas que están en Irak, o que han viajado a Irak, contándome cómo en los despachos de la CPA se admiten comisiones. Es más, se exigen comisiones para determinados negocios. A veces los comisionistas iraquíes son los mismos de antes, pero de eso no se está hablando y es muy grave. Esas personas, que ya se vieron afectadas por el saqueo pasivo, que duró más de un mes, y se vieron luego afectadas por la inseguridad ciudadana, ahora están viéndose afectadas además por esos bloques de corrupción.    

P.– ¿Cómo era la seguridad en la embajada mientras usted ocupó su cargo?  

R.– Bueno, era una seguridad relativa, acorde con la situación. No había geos, ni hacían falta, pero ahora las cosas han cambiado mucho.        

P.– Usted conoció personalmente al sargento de inteligencia José Antonio Bernal. ¿Cómo le afectó su muerte y las circunstancias que la rodearon?       

R.– Sí, estuvo a mis órdenes en su primer año de estancia allí. Su muerte me afectó mucho. Me pareció trágica y me pareció intolerable la primera reacción de las autoridades españolas. Y especialmente, una vez más, la de la ministra de Asuntos Exteriores. Durante un tiempo estuvo difundiendo que había sido por un intento de atraco. Y sin saber aún lo que había ocurrido. Cuando, además, ni el propio CNI se había pronunciado en absoluto. Pero, dentro de la histeria política que le caracteriza, la ministra y su entorno difundieron esa información. Yo me enteré por la SER. Me llamaron para contarme lo que había ocurrido, preguntarme mi opinión y decirme que el entorno de la ministra estaba diciendo que había sido un intento de atraco.    

Es muy grave que haya un atentado contra un español, un militar en este caso, y que pierda la vida en ello. Pero que además la primera reacción del Gobierno sea difamarle para intentar reducir la gravedad del hecho y limitarlo a una anécdota es aún más grave. Y lo difamaron por dos motivos. Primero, porque para una persona de su preparación decir que ha muerto en un atraco es decir que actuó como un pardillo.Y, en segundo lugar, porque para un militar no es lo mismo que te maten en cumplimiento del deber que lo haga un vulgar ratero. Por lo cual me pareció todavía más grave. Más grave, despiadado e intolerable, y así lo manifesté en esos días. Recuerdo lo que había pasado con el pobre José Couso, que fue algo más o menos parecido, ya que poco menos se llegó a decir... ¡que no hubiera estado por allí! En una situación así, lo peor que te puede pasar no es que te maten, es que además te intenten deshonrar para cubrir una política farda.     

Una política que ni siquiera respeta a los muertos, no merece ningún respeto. 

P.– La tradición de España en política exterior dista mucho de lo que vemos hoy en día. ¿Cuál cree que debería ser la línea a seguir en este sentido?         

R.– Desde hace mucho tiempo España ha seguido una política que se ha alineado con la gestión de sus intereses más inmediatos. Voy a contar unos datos relacionados con la dictadura de Franco, que como régimen no democrático ni siquiera tenía que tener en cuenta la opinión pública, y que sin embargo, en varios temas, pero sobre todo en un tema muy conocido por la opinión pública como es el de Cuba, se negó a seguir las aventuras en que estaban metiéndose los americanos. Franco rechazó por carta al presidente Johnson participar en su momento en la guerra de Vietnam. España, desde los últimos diez o quince años del franquismo, se decantó por una política de defensa de sus verdaderos intereses, que le fue acercando poco a poco a los países de la Unión Europea. Y esto con la transición democrática se consolidó. Todo eso está ahí, y por tanto la política exterior que ha roto el Gobierno de Aznar es una política de Estado que estaba muy asentada, con algunos parámetros que tenían  más de treinta años.        

P.– Todo parece indicar que EE.UU. busca un objetivo con todas sus actuaciones. ¿Qué papel cree que juegan el petróleo iraquí o el agua israelí en esa búsqueda?        

R.– Bueno, sí, creo que todo esto forma parte del juego. Pero para conseguir petróleo, o para conseguir agua, hay otros muchos medios además de una guerra. Yo creo que esto, por supuesto, está ahí y está dentro de los objetivos perseguidos por la intervención militar. Pero el objetivo más importante va más allá y ese, en efecto, sí requiere del derrocamiento de un régimen, porque el objetivo fundamental en mi opinión es tener un régimen amigo. Y un régimen amigo, para EE.UU., significa que además de amigo de los americanos sea amigo de Israel. Claro, eso no se consigue sólo con acuerdos comerciales o construyendo pantanos en el Tigris y el Eúfrates. Eso hace falta imponerlo por la fuerza. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, aunque en mi opinión es un objetivo erróneo y, sobre todo, son erróneos los medios que se han utilizado para alcanzarlo. Lo más probable es que al final la situación evolucione en la dirección contraria, desgraciadamente, como pasó en su momento con Argelia u otros países. Es decir, al intentar imponer una solución por la fuerza, se logra que se radicalicen las posturas.         

P.– ¿Y qué papel cree que juega China en toda esta situación?        

R.– China no juega ningún papel activo. Pasivamente es verdad que las especulaciones sobre las necesidades energéticas de China para los próximos treinta años sí juegan un papel muy importante en todo esto. Para que China se desarrolle, y con la mayor rapidez posible, ha de ser un competidor cada vez más fuerte en el mercado del crudo, provocando una subida en primer lugar y, posteriormente, una escasez. La subida es mala para la economía, pero la escasez no es mala, es gravísima. En ese sentido, China es como una amenaza que planea en el horizonte, pero son riesgos hipotéticos que se ocultan bajo otros más reales.         

P.– ¿Qué opinión le merece el muro que está construyendo Israel y que aísla a parte de la población palestina?        

R.– Pues que caerá como cayó el muro de Berlín. Pero caerá antes.        

P.– Retrocediendo un poco en su trayectoria, hay informaciones sobre que usted ya dimitió de su cargo en la embajada española en Marruecos en 1992.  ¿Qué pasó entonces?        

R.– No es exactamente así. Esto es algo que escribió un periodista en una entrevista que me hizo sin grabadora, y desde entonces siempre exijo una grabadora.             

Yo lo que le expliqué es que en 1992 dejé un puesto intermedio que tenía dentro de la embajada. Y lo dejé sin hacer pública mi discrepancia. Pedí simplemente un traslado a otro puesto porque tenía un embajador por entonces que, en mi opinión, estaba cometiendo varias irregularidades. Básicamente, estaba muy incómodo y pedí el traslado a otro sitio. Se lo puse como ejemplo de una manera muy habitual de proceder en la carrera: cuando no estás de acuerdo con algo, te vas; o, si no es un desacuerdo demasiado importante, intentas conseguir un traslado. Se lo puse como ejemplo porque me vino a decir que yo había actuado de manera inusitada. Y, claro, ni yo mismo había visto una situación tan grave, en la que el Gobierno español se portase en derecho internacional de esa manera. Lo que le quise aclarar es que en circunstancias normales yo también utilizaba ese tipo de soluciones discretas. Pero lo entendió mal y lo publicó peor.      

P.– ¿Cree que su futuro mejoraría a raíz de un cambio de Gobierno tras las elecciones generales de marzo?        

R.– La verdad es que no lo sé. Para empezar, habría que ver si hay un cambio de Gobierno en marzo; y, en segundo lugar, ya veremos, porque dependerá de hasta qué punto el Gobierno que se forje aprecie la independencia de criterio.        

P.– ¿Se arrepiente de la decisión que tomó, o se ha arrepentido en algún momento?       

R.– No. Para nada. Al revés, con todo lo que ha pasado después, incluyendo los insultos de Ana Palacio, lo único que he hecho es reafirmarme en que hacía lo correcto. Hasta el momento de dimitir pensaba que no podía seguir representando a un Gobierno que actuaba ilegalmente. Después, que representar a un Gobierno así, y además zafio, era todavía peor. Digamos que las diversas demostraciones, hasta las peores anécdotas, lo que han hecho no es más que reforzarme, desgraciadamente. Es decir, desde el punto de vista práctico, hubiese sido mejor que yo me hubiera equivocado y que no hubiesen pasado todas estas cosas que han ocurrido. Esa es la verdad, porque hubiese sido muy malo para mi narcisismo intelectual, pero mejor para Irak y para el mundo en general...       

P.– ¿Cree que se puede ser un político de principios e ideas en estos tiempos? ¿Qué político cree que representaría estas características hoy en día?      

R.– Un político ahora mismo en España que ha demostrado que tiene ese tipo de reacciones, quiero decir que lo haya llevado hasta esas consecuencias, porque seguro que hay muchos políticos en España que se mueven por principios y son consecuentes, pero de los últimos años, sólo tenemos un ejemplo de alguien que lo haya llevado hasta el extremo, que es Manuel Pimentel. Pero seguro que hay más.    

 


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