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MAR SÁNCHEZ Recortes a
la Ley Integral La futura Ley Integral contra la Violencia de Género parte, desde el nuevo Ejecutivo, con un importante recorte respecto al anterior proyecto de Ley que presentó el PSOE en el Congreso en 2001: la supresión de los juzgados específicos de Igualdad y Asuntos Familiares y el establecimiento de un Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Unas omisiones que, por tanto, suprimen la idea previa de "integral" en el significado amplio de la palabra y reducen este nuevo proyecto a una ley que debería denominarse sencillamente " Ley contra la Violencia de Género". Nadie puede negar que, incluso con estas omisiones tan primordiales, la rapidez con que el PSOE ha afrontado esta lacra social supone un paso importante y meritorio. Zapatero cumple así otro nuevo compromiso electoral con la valentía y la determinación que están marcando sus primeros pasos como nuevo presidente del Gobierno. Ahora bien, si la rapidez no se le puede negar, puesto que fue el tema estrella del segundo Consejo de Ministros, no ocurre lo mismo con los compromisos globales y éticos adquiridos cuando estaba en la oposición. La exclusión de los juzgados específicos de igualdad por la necesaria especialización de los juristas supone, desde luego, un importante ahorro para las arcas del Estado, pero continúa dejando a las mujeres maltratadas en una posición de peonza continua, además de dar pie a una posible diversificación de doctrinas. En la actualidad, una mujer maltratada que además quiera separarse del maltratador deberá afrontar 5 demandas previas ante diferentes organismos: comienza con la declaración ante la Policía, otra ante el Juzgado de Instrucción, otra ante el médico forense, otra ante el juez de lo Penal y otra más ante los juzgados civiles para separarse. Por otra parte, estamos acostumbrados a hablar de malos tratos físicos y psicológicos, y nos olvidamos de un tercer factor imprescindible para la vida diaria de cualquier persona: el económico .No hay datos ni estadísticas en este sentido, pero es vox populi las calamidades con las que se encuentran muchas madres de familia para salir adelante sin la pensión alimenticia. Tanto la tardanza en hacerse efectiva, tras los trámites y convenios previos a la separación , como las diversas artimañas y subterfugios –como nóminas paternas que disminuyen de un plumazo– , son en las manos de estos maltratadores un arma eficiente para continuar maltratando a sus ex mujeres, aunque sea a costa de sus propios hijos. Si bien es verdad que, como mantuvo tras el Consejo de Ministros el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el tema de la pensión alimenticia requeriría de una ley especifica, puesto que afecta a muchas familias y no solamente a las mujeres maltratadas, también lo es que a ellas las afecta de una forma más directa. Y este problema, unido a los existentes, requeriría al menos una disposición especial mientras se estudia otra ley más general. Nos queda la esperanza de una posible rectificación al borrador presentado
en el Consejo de Ministros, puesto que previo a su aprobación va a haber,
según Caldera,
"un amplio debate social". Esperemos que las voces de muchos ciudadanos concienciados con este problema vuelvan a incluir en los
postulados del PSOE estos puntos tan esenciales, por encima del coste económico que
represente.
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