ASAMBLEA DE INTERVENCIÓN DEMOCRÁTICA

Manifiesto sobre los medios
de comunicación públicos

1.– La existencia de una Radiotelevisión pública constituye una exigencia básica de las sociedades democráticas, puesto que responde a la necesidad de garantizar el derecho a la información que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Se trata, pues, de un servicio público, cuya eficiencia y utilidad deben medirse no sólo por los niveles de audiencia o los ingresos por publicidad, sino sobre todo por la veracidad y la imparcialidad de la información que transmite y por la calidad de los demás contenidos. .     

2.– La gestión de la Radiotelevisión pública española es uno de los grandes problemas que nuestro sistema democrático no ha alcanzado a resolver. Los mecanismos de control parlamentario se han revelado insuficientes para hacer frente a la tentación de gestionar los medios de comunicación públicos como si fuesen medios del partido en el Gobierno, de modo que, más que información, los ciudadanos reciben propaganda. Por otra parte, los trabajadores de los medios de comunicación públicos se ven sistemáticamente presionados para que renuncien a la deontología de su profesión, al punto de que su carrera depende más de la fidelidad al partido en el Gobierno, incluyendo la disposición a participar en la manipulación e incluso en la mentira, que de la solvencia y el rigor de su labor.      

3.– El deterioro de los medios de comunicación públicos bajo el Gobierno del Partido Popular ha alcanzado niveles nunca vistos desde la aprobación de la Constitución de 1978, incompatibles con el normal funcionamiento de un sistema democrático y, por eso mismo, inaceptables para cualquier ciudadano comprometido con el sistema de libertades que rige en nuestro país. La información política que ofrece la Radiotelevisión española difícilmente puede recibir ese nombre, a tal punto depende de los intereses y las consignas del Partido Popular y del Gobierno. El resto de los contenidos informativos resultan, por su parte, atentatorios no ya contra el buen gusto, sino contra la simple dignidad humana, al elevar al rango de noticia simples aunque dramáticos sucesos siempre tratados desde su vertiente más morbosa. Hoy, los telediarios de la cadena pública dedican una cobertura y un espacio a los crímenes y a los delitos comunes que sólo tienen parangón en la prensa de la dictadura. Por último, los espacios de entretenimiento se han convertido en una apoteosis de la chabacanería y de los contenidos soeces, a cuyo amparo prospera una idea del éxito y del reconocimiento social que nada tiene que ver con la excelencia en el desarrollo de una labor, sino con la desvergüenza para exhibir la propia intimidad.    

4.– En periodo electoral, una Radiotelevisión entendida como servicio público debería mostrar un decidido interés por transmitir a los ciudadanos, con absoluta transparencia y neutralidad, la oferta de cada partido político. En este sentido, debería esforzarse por favorecer el contraste de ideas entre los candidatos y por asegurar la solvencia de los responsables de la información. Hoy, la Radiotelevisión pública española ha hecho exactamente lo contrario: ha obedecido con inconcebible docilidad las consignas del Partido Popular y el Gobierno en relación con los debates electorales y, al mismo tiempo, ha mantenido en su puesto al jefe de los informativos de la cadena, Alfredo Urdaci, sobre el que pesa una condena judicial por manipulación.     

5.– Desde la Asamblea de Intervención Democrática denunciamos todos estos hechos y exigimos una Radiotelevisión pública independiente, entendida como un servicio a los ciudadanos sobre el que deben existir controles parlamentarios eficaces. Exigimos, además, que la Radiotelevisión pública promueva activamente debates entre los candidatos electorales y no se limite, como hasta ahora, a dar cobertura a las decisiones que sobre esta materia adopte en cada caso el partido en el Gobierno. Exigimos, por último, la inmediata destitución del señor Urdaci, puesto que resulta inaceptable que se mantenga al frente de los informativos de la televisión pública a quien se encuentra judicialmente condenado por manipulación.    

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