MAR SÁNCHEZ

Urge la ley sobre
la violencia de género

Tarde, mal y nunca es la frase que me viene a la cabeza cuando pienso en las continuas víctimas de la violencia doméstica. Ésas que ya no podrán esperar más a que el asunto se resuelva en la próxima legislatura, aunque la ley tenga carácter urgente y su necesidad sea una de las pocas cosas que parecen tener clara casi todos los partidos.    

Es curioso comprobar cómo la palabra violencia, y la lucha contra ella, sean lo único en lo que parece que la oposición no va a poner la zancadilla al  Gobierno entrante. Esperemos que esta actitud la hagan extensiva a la violencia de género, y no sólo al terrorismo. Aunque, en este caso, hayan sido ellos los que evitaron que la ley integral contra la violencia doméstica llegara a buen término en la legislatura recién concluida.    

Tal vez, con el deseo de un nuevo acercamiento a la ciudadanía, según  las declaraciones expresadas últimamente por sus dirigentes, cambie la opinión del PP. Los antecedentes no son halagüeños. En todo caso, bienvenido sea el cambio de rumbo, si se produce. Ahora sólo queda  esperar que éste no sólo se limite a palabras, que oigan a la gente y que, por fin, se convenzan de que los ciudadanos quieren que la justicia y la ley sean la misma cosa. No es justo que la violencia contra las mujeres continúe en el pozo del olvido legal.   

Un día sí y otro también, nos despertamos con mujeres maltratadas y perseguidas hasta la muerte por personajes que amaron en su momento. Muchas son las que se encuentran al límite de la tragedia esperando ser oídas, y que la palabra justicia vaya unida inexorablemente al derecho y a las leyes. De ello dependen sus vidas. No están solas, son mayoría las personas que las apoyan, hombres y mujeres de todas las ideologías: esperemos que sus voces se cuelen también en la sede del PP.     

Es verdad que se han producido avances y medidas legales que han intentado paliar esta lacra social de dementes que continúan actuando bajo la consigna de "la maté por que era mía". Con las medidas judiciales de protección, que entraron en vigor el pasado mes de agosto, las denuncias por malos tratos se han incrementado. Pero, evidentemente, son insuficientes tanto la legislación oficial como la falta de medios policiales para desarrollarla. La dotación presupuestaria necesaria para llevar a buen término la futura ley será un dato imprescindible y fundamental para que sea verdaderamente eficaz.    

Llevamos contabilizadas, en lo que va de año, catorce víctimas mortales a manos de sus maridos o compañeros. La última (en el momento que escribo estas líneas), Encarnación Rubio, una granadina de 46 años. Ella ha sido la primera mujer asesinada contando con una orden judicial de protección.   

Las responsabilidades por el mal funcionamiento de las medidas de protección van, cual pelota, de una cabeza a otra. Según la presidenta del Observatorio contra la Violencia, lo que falló fue "la vigilancia policial". Dato con el que no está de acuerdo la abogada de la víctima, que manifestó que el juez  podía haber enviado al hombre a la cárcel por el anterior incumplimiento de la orden de alejamiento. Para la Guardia Civil, el error que llevó a Encarnación a la muerte fue un problema gramatical: la orden del juzgado establecía simplemente que se le diera la protección oportuna.    

Como sucede en muchos de estos casos, la agresión no llegó de repente y sin avisar. Incluso después de la orden de protección de la víctima, su asesino violó el mandato de la justicia y se introdujo en su domicilio. Salió de allí gracias al auxilio de la Policía Local, y a que a Encarnación le dio tiempo de reaccionar y llamar pidiendo amparo. Posteriormente dio la voz de alarma y volvió a denunciar. El resultado fue un juicio de faltas y aquel hombre salió de nuevo a la calle.   

Incluso después de aquel altercado, el cuartelillo de la Guardia Civil continuó teniendo problemas de comprensión gramatical. Las medidas oportunas se limitaron a que los agentes estuvieran pendientes de la mujer en sus rondas habituales. Según las manifestaciones de la Guardia Civil, la orden tenía que haber especificado que se le diera protección permanente.                       

A Encarnación Rubio ya todo lo que hagamos le llegará tarde, mal y nunca. Sólo queda esperar que, tras su muerte, y mientras se tramita la nueva ley contra la violencia de género, el órgano competente incremente las medidas de seguridad para estas mujeres que están acogidas bajo el amparo de una orden judicial.     

Cuando el asesino quiera ir a por ellas, de poco les vale una orden escrita en un papel si no va apoyada por una firmeza fehaciente de que tras ella existe todo un sistema de seguridad policial.    

Urge la nueva ley, anunciada como apremiante por Zapatero. En ella les va la vida a muchas mujeres, que continúan al borde del cementerio. Esperemos que el PP reconozca esta necesidad, escuche el clamor de los ciudadanos y demuestre que realmente hace una política constructiva en la oposición.     

© OPIN@R.
© Cada uno de los autores de los artículos o fotografías.

Las personas interesadas en publicar sus colaboraciones en OPIN@R o ponerse en contacto con la Redacción,
tienen a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico:
correo@opinar.net