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Portada nº 22
Información General y Opinión
Sección General


JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Secretario General del PSOE


Derecho a la información. Derechos de los informadores

Buenos días a todos los que habéis participado en estas jornadas y a quienes os ha interesado esta cuestión tan fundamental e importante en una democracia como es el derecho a la información y los derechos de los propios profesionales.      

No quiero no caer en la imprudencia de teorizar sobre esas materias. Para eso están las Facultades de Ciencias de la Información y otros foros de debate académico. Quiero hablar de mi experiencia y de vuestro ejercicio profesional. No voy a hacer ningún discurso teórico. Que nadie se alarme, dé o no titulares. Aunque… ¡digamos la verdad!, todos esperáis un par de titulares, lo que llamáis un corte o un total en televisión.        

En todo caso he de confesar que da pudor, que resulta difícil, hablar de quienes tienen precisamente la obligación de hablar de ti todos los días. Los políticos y los periodistas, la política y la prensa, están siempre, como sabéis, en una especie de conflicto permanente. Esas relaciones son conflictivas desde hace mucho tiempo. Winston Churchill aplicaba a sus relaciones con la prensa esta máxima: "Lo que no se puede eliminar se arregla; y lo que no se puede arreglar se elimina".          

Inmediatamente, hubo un periodista inglés, Sydney Jacobson, que le dio al entonces premier inglés cumplida respuesta: "Las relaciones entre el Gobierno y la prensa se han deteriorado, se siguen deteriorando y bajo ningún concepto o pretexto debe permitirse que mejoren".       

¿Por qué un político ocupándose de la prensa, de la libertad de información? Supongo que es una injerencia que instintivamente pone en guardia a quienes tienen el deber y la vocación de informar con independencia y libertad. Pero no todas las injerencias son arbitrarias.      

La prensa se constituye cada vez de manera más evidente como un cuarto poder. Un poder muy fuerte, porque es la institución, una de las instituciones, encargadas de establecer la verdad de los hechos. La política es el reino de la opinión, de la libertad de opinión, pero no puede haber libertad de opinión a menos que se garantice la información objetiva y que no estén en discusión los hechos mismos.     

La prensa libre debe ser la garante de esa verdad factual sobre la que se construye la libre opinión. La historia moderna está llena de ejemplos en los que el poder ha estado más interesado en cambiar los hechos, que en cambiar las opiniones. Y de hecho, lo poderes totalitarios han considerad más peligros y hostiles a quienes dicen la verdad de los hechos que los opositores mismos.      

Por eso los gobiernos democráticos deben preservar de la política aquellas instituciones que garantizan la verdad. Esa es la razón por la que la Universidad o la Justicia han de estar protegidas de la intromisión del poder social y político. Porque, como decía Hannah Arendt, "la transmisión de la verdad de los hechos abarca mucho más que la información diaria que brindan los periodistas, aunque sin ellos jamás encontraríamos nuestro rumbo en un mundo siempre cambiante, y en el sentido más literal, jamás sabríamos dónde estamos. Claro está que esto tiene la máxima importancia política; pero si la prensa llegara a ser de verdad el "cuarto poder", tendría que ser protegida del poder gubernamental y de la presión social incluso con más cuidado que el poder judicial, porque esta importantísima función política de abastecer información se ejercita desde fuera del campo político."      

Un político demócrata, un demócrata, tiene la obligación de proteger la independencia y la libertad de prensa. Y la libertad, por seguir en la tradición filosófica de Arendt, sólo se garantiza mediante las leyes. Dicho a la manera clásica, el imperio de la ley sobre el imperio de los hombres. Leyes justas, capaces de evitar injerencias arbitrarias de los más fuertes.      

Por eso la historia de la democracia es también, y algunos de vosotros lo sabéis bien, la historia de la lucha de muchos por informar con libertad.     

No está hoy en juego en España, afortunadamente, la libertad en sentido general. Hay medios de comunicación plurales, y profesionales de la información libres y bien preparados para ejercer con toda dignidad. Pero reconozcamos que no corren buenos tiempos para ello.       

La historia del periodismo es la historia del combate permanente frente a la propaganda. En esa tensión permanente hoy en nuestro país el periodismo ha perdido enorme espacios y empuje frente a una propaganda cada vez mas poderosa e influyente en medios de comunicación públicos y privados.     

Creo que hemos elegido una buena fórmula para hablar del derecho a la información y de los derechos de los informadores. Habitualmente nos deslizarnos, vosotros periodistas y nosotros políticos, en ese continuo que nos lleva mutuamente del amor al odio, de la transparencia a la desconfianza, de la lejanía a la cercanía... Estamos vosotros y nosotros no se si condenados a entendernos, pero si condenados a respetarnos.     

Pues bien, amigas y amigos, os agradezco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que nos hayáis acompañado hoy para expresar vuestros anhelos y hablar de vuestras demandas. Que nos hayamos sentado literalmente en la misma mesa para ver cómo desde la política podemos fomentar un periodismo más libre y de más calidad. Prometo que escucharemos vuestras peticiones y trataremos de satisfacerlas con audacia, con valentía y con respeto.      

Por cierto que tengo también perfectamente claro que este debate debemos abrirlo y plantearlo no solo a vosotros, profesionales de la información, sino también y de manera clave a los empresarios y editores de la comunicación.    

Hay tres cuestiones que nos obligan a retomar el debate sobre el papel de los medios de comunicación y los informadores en la democracia:       

La Constitución española, la globalización y la creciente injerencia del poder político en el trabajo de los profesionales.     

Es interesante constatar que el texto de la Constitución sólo ampara directamente el trabajo de dos grupos de profesionales. Sólo dos: los profesores y los periodistas.      

Además, si el Título Segundo, el que se dedica a los derechos y deberes fundamentales, tiene 46 artículos, los dos más extensos, aquellos a los que nuestra Carta Magna presta más atención, son el artículo 27, sobre el derecho a la educación, y el 20, sobre el derecho a la información. Nuestro debate, por tanto, está plenamente justificado por la Constitución, exigido por la Constitución, amparado por la Constitución. Es la Constitución (además, naturalmente, de la propia teoría clásica y contemporánea de la democracia), quien concede una atención extraordinaria al derecho a la información y a los derechos de los informadores. 

En segundo lugar, decíamos, la Globalización: en su más amplio sentido:    

Inmensos y todopoderosos grupos que tienen bajo su control no ya sólo a los medios de comunicación que poseen, sino también empresas de producción, editoriales, intereses económicos en sectores diversos, agencias de publicidad....     

Si en algún ámbito la concentración de poder debe movernos a reflexión, ese es, sin duda, el ámbito de la comunicación.      

La globalización económica, sí, pero también la globalización de las libertades, los estilos, los hábitos y los intereses de los propios periodistas.   

Hace pocos días un periodista que se ha destacado precisamente por servir a la verdad en la Guerra de Irak , se refería a la necesidad de que haya un periodismo independiente para servir a la verdad, a los ciudadanos y, yo diría, a la democracia. Me estoy refiriendo a Carlos Hernández. Desde aquí, precisamente en estos momentos no muy buenos por los que el atraviesa, mi homenaje a todos los periodistas independientes que tratan de sobrevivir en esta difícil profesión.     

Mi reconocimiento también a las Organizaciones profesionales internacionales que luchan por la defensa de unos mismos derechos mundialmente reconocidos, y que siguen gritando por la defensa de un periodismo sin mordaza.     

Organizaciones que están en el origen de los avances –a veces más lentos de lo que los propios periodistas quisieran–, en la regulación de la práctica periodística en Europa.    

En tercer lugar esa creciente potencia de manipulación del poder político, y del poder no político, que debilita el trabajo de los periodistas.    

Y todo ello con una profesión machacada en muchos aspectos por una enorme precariedad laboral: sueldos muy bajos, becarios y prácticas que se eternizan, jornadas laborales excesivas y la incertidumbre permanente sobre la renovación de contratos temporales. Un ambiente que conozco muy bien gracias a las reflexiones que me habéis hecho muchos de vosotros. Y un ambiente que sin duda facilita la manipulación del poder y la desmotivación del profesional.     

Vosotros mismos, lo sabéis tan bien como nosotros. Y nosotros queremos trabajar para que esto deje de ser asi.     

Tenéis la garantía y la tutela constitucional. Os sabéis responsables de la tarea de informar verazmente y con independencia a los ciudadanos. Pero como os he dicho sufrís al mismo tiempo la paradoja de hacerlo en condiciones profesionales y sociales inadecuadas.   

¿Qué ha hecho el PP en estos ocho años para ayudar a la sociedad española a estar mejor informada?    

¿Qué ha hecho el PP en estos ocho años, para ayudar a los periodistas a informar en mejores condiciones?    

¿Ocho años de Partido Popular en el gobierno han hecho a este país mejor y mas libre en sus medios de comunicación públicos?     

¿Se han corregido los defectos del pasado o estos se han agigantado?    

¿Alguien puede pensar que hoy tras ocho años de gobierno del Partido Popular se ha producido de verdad una regeneración democrática?     

Sinceramente creo que vivimos los momentos de menor pluralidad, libertad e independencia informativa y periodística de nuestra democracia.     

Y además esto desgraciadamente, ni sorprende ni escandaliza a casi nadie.    

El periodismo debe tener siempre un punto de rebeldía e inconformismo frente al poder y ahora en esta España de 2003 no es ese precisamente el aire que se respira.     

– Amigos comprando medios de comunicación privados para ponerlos al servicio de la propaganda y la manipulación del gobierno.    

– Favores y trato privilegiado a los medios afines.    

– Responsables en los medios públicos que actúan a las órdenes directas de los diferentes ministros o de la Moncloa.    

– Intervención directa en el nombramiento de los responsables informativos de medios de comunicación privados.    

Estas son algunas tan solo de las características esenciales que han marcado la estrategia de control de los Medios de comunicación por parte del Partido Popular.     

Quizás porque así entiende el PP el respeto constitucional a la libertad de prensa.    

Eso si dejan de lado a los trabajadores de Antena 3. Se despreocupan o desprecian a las familias de Couso y Anguita Parrado. Silencian las protestas de los trabajadores contra la manipulación informativa. O votan en contra de las propuestas por un Estatuto del periodista que mejore sus condiciones.     

Pero mirad en el fondo, el PP le tiene miedo a la prensa., le tiene miedo al periodismo libre. Y por eso durante sus años de gobierno ha puesto en marcha con efectividad la mayor operación de control y manipulación informativa de estos últimos 25 años. Y lo ha realizado con dinero propio o ajeno, con amenazas y con el miedo como instrumentos.    

El resultado previsible de esta política invasora e intervencionista lleva al Gobierno a adoptar aquellos principios neoliberales según los cuales es mejor no regular vuestra profesión.    

Yo no estoy de acuerdo. Sé que las mejores normas de prensa, serán:    

– Las leyes y las normas que garanticen la máxima neutralidad y la máxima independencia de los medios públicos.    

– Las leyes y las normas que eviten la intromisión del poder político en la prensa, la radio y la televisión.    

– Las leyes y las normas que garanticen que vosotros, los periodistas, hacéis vuestro trabajo con garantías de independencia, de libertad y de calidad.    

Con toda seguridad alguien vendrá a enmendarme la plana y a decir que esto que propongo es intervencionismo. La respuesta es "no". No es intervencionismo. Lo que los socialistas proponemos a los españoles con respecto a los medios de comunicación es, precisamente, que el Estado de Derecho actúe para evitar el intervencionismo. Que los políticos evitemos que el poder siga incidiendo, a veces de manera obscena, en los contenidos de los medios públicos.     

Os presento hoy nuestra propuesta para la sociedad española. Para vosotros, los periodistas, y por extensión para todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Aquí están las tres primeras cosas que deberíamos hacer ya para que los periodistas informen en plena libertad y con la protección debida, y para que los ciudadanos reciban información plural, independiente y de calidad.     

Primera: la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional. Lo pedís muchos de los que estáis aquí. Lo piden las organizaciones profesionales. Ya lo aplican muchos de los países. Lo recomienda la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como habéis visto hoy.      

No es serio que hoy haya en España miles de periodistas haciendo jornadas eternas y en condiciones salariales y laborales tan precarias que les hacen vulnerables frente a las manipulaciones y abusos.     

El Estatuto reconocerá derechos específicos de carácter laboral especialmente en lo que tiene que ver con su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Garantizará el secreto profesional, tarea pendiente, por cierto, aunque sea un mandato de la Constitución. Establecerá también un código de incompatibilidades y un código ético. Creará la figura del Consejo de Información de ámbito estatal y, opcionalmente, autonómico.     

Segunda: La modificación del Estatuto de Radio Televisión Española para que su director sea elegido por la Cortes y por mayoría cualificada, con mandatos no renovables. Aseguremos su independencia. Basta ya de servilismos en los medios de comunicación del Estado. Abordemos después también la independencia y la neutralidad de los medios públicos del resto de las administraciones. Por una mera cuestión de salud democrática, me comprometo firmemente a que el gobierno del cambió acabará con la televisión de partido. Queremos una televisión pública: ni del PP, ni del PSOE, una televisión de todos los españoles. Una televisión basada en la veracidad, en la profesionalidad y en el buen gusto. Ni un euro más de los contribuyentes para la manipulación y la programación basura.     

La Constitución va a cumplir 25 años. Y su cumplimiento es insatisfactorio en varios puntos: empezando por la falta de neutralidad de los medios de comunicación públicos. Y siguiendo por el uso y el abuso partidista que el PP hace de la propia Constitución, de la unidad de España y de los símbolos de todos. Mi compromiso es que el gobierno del cambio no usará jamás lo que es patrimonio de todos para dividir a los españoles.    

El Estado tiene la responsabilidad de "garantizar el acceso [a los medios públicos] de los grupos sociales y políticos significativos". No es un capricho. Lo dice nuestra Constitución, una vez más. La misma Constitución que el PP tanto invoca para otras cosas. Un director independiente será el primer paso para abordar los graves problemas que atenazan a nuestros medios públicos. Tenemos una televisión pública más endeudada que nunca, menos libre que nunca y condenada por primera vez en su historia por manipulación informativa. Se puede y se debe trabajar para que nuestra televisión y radio publica sean medios fuertes, respetados, independientes que contribuyan a la cohesión y no al enfrentamiento en nuestro país.  

Tercera: La regulación de la incorporación de debates políticos en los medios públicos. Para garantizar una información plural, equilibrada y directa. Especialmente durante las campañas electorales. ¿Por qué negarlos? ¿A quién perjudica que los políticos confronten sus posiciones en los medios de comunicación? ¿Por qué se niega el Gobierno a una propuesta tan clara, tan útil, que ya está en vigor en muchos países?     

En una entrevista publicada hace tres días, Rajoy contestaba a tres preguntas sobre los medios de comunicación: Le preguntaban a mi adversario: "¿Tiene pensado algún cambio en la legislación sobre la televisión pública?" La respuesta de Rajoy es que, leo literalmente, ".... son temas de los que habrá que hablar en el futuro....." Pregunta luego el entrevistador: "Al director general de RTVE lo nombra y destituye el Gobierno. ¿Va a seguir siendo así si llega a la Presidencia del Gobierno?" Dice Rajoy: "podemos hablar". Rajoy no sabe o no contesta.     

¿Hablar ahora? ¿Hablar después de ocho años en el Gobierno? No. Ya no es el momento sólo de hablar. Hay que actuar. Para que la libertad de prensa sea mayor, y nuestros medios más plurales y de más calidad. Para que nuestros profesionales de la información sean más independientes y más responsables. Para que los debates en televisión sean obligatorios. Para que sea el Parlamento quien elija al director de Radio Televisión Española, y para aprobar el Estatuto del Periodista. Los medios no son para los partidos: son para los españoles. Ahora es el momento. Antes de las elecciones, para que los candidatos estemos libres de ataduras. Este es el momento de dar a nuestros periodistas, a nuestros medios de información y a nuestros conciudadanos, más calidad y más libertad.        

Como decía Gabriel Garcia Márquez alguien tiene que ocuparse de la Verdad cuando esta no aparece. Es una cuestión de valores, de principios democráticos, no de mayorías absolutas. Una actitud critica seria frente al poder político, esté quien esté ejerciéndolo debe ser una realidad de nuestro país. El periodismo precisa de compromiso y de fuerza ética. Porque el destino de un periodista o de un medio de comunicación es muy similar en algunos aspectos al de un político: Todos debemos mirar a los ojos de los ciudadanos.       

Muchas gracias y suerte a todos por el bien de este país.       

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Intervención en la clausura de la Jornada Parlamentaria del 25 de noviembre de 2003.        

 


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