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LETICIA ALONSO Aplaudida e ignorada: La Constitución Española cumplió el 6 de diciembre veinticinco años desde su aprobación por referéndum en 1978. Hace un cuarto de siglo, el 87 por 100 de los españoles votaron sí a la democracia y se iniciaba así el camino de una de las constituciones más longevas de la historia de España, sólo superada por la de 1812 de las Cortes de Cádiz. Tras la larga dictadura franquista, España iniciaba una ruta larga y nueva que sigue recorriendo en la actualidad. La sociedad ha cambiado de manera radical en este tiempo y la libertad ha pasado de ser un sueño, a una realidad y un derecho. Los españoles cuentan en la Carta Magna con 169 artículos, repartidos en 10 títulos y 15 disposiciones, para conocer cuáles son sus derechos y deberes. El país quiso celebrar su cumpleaños y el Congreso de los Diputados fue el escenario escogido para realizar el acto principal de conmemoración del 25º aniversario de la aprobación de la Constitución. Ante la práctica totalidad de las altas instituciones del Estado, las comunidades autónomas y los miembros del Congreso y el Senado, el Rey Juan Carlos hizo un discurso de homenaje a la Carta Magna y un llamamiento a "la prudencia y a la responsabilidad, a los hábitos del diálogo sincero, del consenso y de la moderación". El discurso fue acogido de forma positiva por todos los partidos políticos presentes, y es que una realidad se presenta ante el futuro de la democracia española: la necesidad de hablar sobre muchos artículos del homenajeado texto. En estos días se ha abierto el debate de la conveniencia de llevar a cabo una reforma del texto constitucional, cuando quizás lo que debería plantearse es la necesidad de poder asegurar los artículos que constan en la actualidad. Es innegable que la realidad española de 2003 difiere mucho de la existente en 1978, y que, por tanto, en estos años han surgido muchos aspectos que afectan a la población y que deben tratarse y recogerse en sus páginas. Pero del mismo modo, también debe aceptarse que la Constitución, columna vertebral de la democracia y pieza clave en el avance de la sociedad, está lejos de haber sido desarrollada plenamente. Varios de sus artículos se han convertido en meras palabras y, veinticinco años después, la Carta Magna tiene varias cuentas pendientes. No pretendemos hacer un repaso de todas sus promesas incumplidas, ni tampoco entrar en utopías como el derecho a un trabajo, a una vivienda digna, a no ser discriminado por raza, religión, etc. Respecto a estos derechos fundamentales sólo queremos hacer constar que están ahí, que están recogidos en sus páginas y que, por muchos años que pasen, y por muy ilusos que parezcan, todos hemos de seguir luchando por ellos, porque no se trata únicamente de meros artículos que se otorgan al ciudadano, sino de plenos derechos que posee por la simple razón de estar vivo. Acerquémonos al artículo 20, conocido por todo periodista, y sus palabras constituyen un camino a seguir en la profesión. El derecho a la información y a la libertad de expresión reconocidos en este artículo han sido una de las señas de identidad de los 25 años de sistema democrático. Todo ciudadano tiene derecho a informar y ser informado libremente, pero en el caso del periodista este derecho se convierte en deber de informar. El informador realiza una función social, por lo cual tiene la obligación de realizar una información veraz de relevancia pública. Para que la sociedad se forme una correcta opinión sobre la realidad ha de tener conocimiento sobre los hechos, y para ello es necesario que el periodista pueda trabajar con libertad. Conocemos el derecho, pero la pregunta es: ¿existe realmente libertad de expresión en nuestro país? La respuesta parece compleja, pero la realidad a la que se enfrenta todo periodista a diario es que no puede realizar su trabajo con plena libertad. La situación actual, con macroempresas mediáticas y la presión de los poderes políticos y económicos, convierte la profesión que debería gozar de mayor independencia en un trabajo al servicio de distintos intereses. En el artículo 20 se recoge el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Una palabra es clave en esta afirmación: veraz, porque basta echar un vistazo a la realidad diaria para comprobar que no se cumple. TVE, la cadena pública estatal, ha sido recientemente condenada por los tribunales por manipular la información sobre la huelga general del 20 de junio de 2002. Su director de Informativos, Alfredo Urdaci, continúa en la actualidad en su cargo, a pesar de la sentencia judicial. Es conveniente hacer constar que el cargo de director general de RTVE es designado por el Gobierno y es él quien puede cesar al responsable de Informativos de su puesto. ¿Es veraz la información de los telediarios de TVE? Es evidente que no y que el motivo responde a presiones políticas. Los intereses del Gobierno cada día repercuten más en las informaciones y en el trabajo de gran número de periodistas. En el día en que la Constitución cumplía 25 años de vida tampoco pudo presumir de hacer cumplir su artículo 20. En su homenaje en el Congreso de los Diputados, la Carta Magna "presenció" cómo no todos los medios de comunicación estaban allí. Los organizadores argumentaron razones de espacio, pero las pautas a seguir para dejar pasar a unos sí y a otros no, no quedaron del todo claras. Quizás se hizo con criterios como el de la "importancia", y fueron testigos los medios "importantes". Pero, ¿quién determina la importancia de los medios? Porque, según la Constitución, todos somos iguales ante la ley. La realidad es que el día que la Carta Magna era aplaudida por su 25º cumpleaños, muchos de sus artículos seguían siendo ignorados. |
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