LUIS GONZÁLEZ VIGIL, DIPUTADO SOCIALISTA PROMOTOR
DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA LA APROBACIÓN
DE UN ESTATUTO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA

"El PP tiene miedo
a una Prensa libre"

Por LETICIA ALONSO

El diputado socialista Luis González Vigil encabeza la Proposición no de Ley para la aprobación de un Estatuto de la Profesión Periodística.  

Impulsada por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), la propuesta regularía la libertad de información y de expresión en España, así como los derechos laborales de los periodistas.    

La profesión periodística atraviesa por duros momentos, en los que las presiones políticas y económicas están a la orden del día. El periodista no cuenta con una verdadera regulación que proteja sus derechos y determine sus deberes, y tan sólo cuenta con el artículo 20 de la Constitución, sobre la libertad de expresión, pero que parece resultar insuficiente para desarrollar plenamente su trabajo.       

El Foro de Organizaciones de Periodistas cuenta con un texto de Estatuto desarrollado en 2001 para regular toda esta situación. Desde entonces se ha reunido con todos los grupos políticos para conseguir llevarlo al Parlamento y, aunque ha encontrado el apoyo de varios de ellos, ninguno daba el paso definitivo para iniciar todo el proceso.      

Pero recientemente González Vigil mostraba un especial interés en que este proyecto fuese impulsado y, tras convencer a su partido, se decide a presentarlo como una Proposición no de Ley.      

El Estatuto ya ha sido rechazado en dos ocasiones por el PP, pero el PSOE se ha comprometido a seguir adelante, y particularmente Zapatero ha prometido aprobar un Estatuto del Periodista si gana las elecciones en marzo. 

Ante la precaria situación de los medios de comunicación nacionales, y el creciente interés que la información suscita en la población, las opiniones de quien ha impulsado este proyecto resultan fundamentales.    

El periodista tiene el deber de informar con veracidad a la población, pues sólo con una correcta información el público podrá formarse unos criterios propios. La independencia en su trabajo es fundamental para lograr este objetivo. Por ello nos acercamos al Congreso de los Diputados para hablar con González Vigil, y poder conocer de primera mano sus opiniones al respecto.   

Pregunta.– ¿Por qué es importante para el PSOE este Estatuto?      

Respuesta.– Fundamentalmente por tres razones:   

La primera porque nosotros queremos hacer un mandato constitucional y el artículo 20 de la Constitución dice que se tiene que garantizar el derecho a la libre expresión y a la información veraz y plural. En el mismo artículo, se dice también que se tiene que regular el secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas, y por ahora sólo se ha regulado la cláusula de conciencia pero no el secreto profesional.      

En segundo lugar, porque hay una decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, resolución que se adoptó por unanimidad, que recomienda a todos los países de la Unión Europea que hagan estatutos del periodista para establecer las relaciones que tienen que tener con sus editores y para garantizar la independencia de los periodistas, con el fin de que se pueda dar una información de calidad, como manda la Constitución, es decir, una información plural y veraz.      

Y en tercer lugar, porque hoy en día las relaciones laborales de los periodistas están muy degradadas. Se juntan dos cuestiones, porque por un lado cada día hay más licenciados en Ciencias de la Información; y por otro, las empresas cada vez son más macroempresas. En estos momentos una empresa de comunicación no se dedica sólo a editar periódicos, sino que se dedica a editar periódicos, revistas, tiene televisiones locales... Y ello hace que, entre la competencia y la precariedad laboral existente en general en nuestro país, ahora mismo la profesión periodística sea una de las más precarias de España. De hecho, según nuestros datos, el 50 por 100 de los periodistas o de los profesionales de la información, tanto de la prensa escrita como del medio audiovisual, tienen contratos muy precarios o no tienen contrato. Particularmente en la prensa escrita, la mitad son colaboradores, lo que se denomina "periodistas a la pieza", que no tienen ningún tipo de contrato con la empresa y, por lo tanto, son ellos los que tienen que cotizar a la Seguridad Social como autónomos.    

Aparte de esto, somos conscientes de que se están utilizando las figuras de los becarios, de los contratos en prácticas, para otros fines distintos de lo que realmente deberían ser.    

Por estas tres razones es fundamentalmente por lo que nosotros creemos que el Gobierno tiene la obligación de elaborar un Estatuto del Periodista, donde se regulen los derechos y los deberes de los periodistas y, además, donde se regulen los derechos laborales.     

Somos partidarios del sistema francés, en el que todos los periodistas tengan que estar obligatoriamente dados de alta en la Seguridad Social por la empresa para la que trabajan, aunque no sean fijos de esa empresa.         

P.– Tras la elaboración del Estatuto por el Foro de Organizaciones de Periodistas, éste se reunió con todos los grupos políticos para tratar de impulsar la propuesta. Aunque varios grupos mostraron su conformidad, usted fue el único diputado que mostró un interés especial por sacar adelante el Estatuto. ¿A qué se debía ese interés?    

R.– Los motivos son sencillos. Fue el mismo secretario general del partido, el señor Rodríguez Zapatero, el que informado por diversos periodistas en el contacto que mantiene con ellos mostró su preocupación por este tema y dio la indicación a la dirección del Grupo Parlamentario para que nos pusiésemos a investigar y ver cómo estaba este asunto. Y si veíamos que realmente estaba tan mal, como realmente está, planteó que pusiéramos en marcha una iniciativa para intentar mejorarlo.      

Es cierto que el Foro de Organizaciones de Periodistas tuvo reuniones con todos los grupos el año pasado y que nunca nadie había hecho nada. También es cierto que el Grupo Popular les dijo que ellos lo veían bien. Y, sin embargo, en las dos ocasiones que se ha debatido, ha votado en contra: una el 5 de noviembre, y la otra ayer. En ambas, dando razones que son falsas, como que el secreto profesional está regulado, y eso es falso, que el resto de deberes venían regulados por la Constitución y que los derechos laborales se debían acordar en los convenios colectivos, entre los trabajadores y la empresa. Esas eran las razones que daba el Grupo Popular para votar en contra.    

P.– El Grupo de Izquierda Unida también presentó el Estatuto, pero como un Proyecto de Ley, mientras su Grupo optó por una Proposición no de Ley. ¿A qué se debe esa decisión?    

R.– Fundamentalmente por dos razones. Una, porque creemos que el que tiene la obligación de presentar esto es el Gobierno; es decir, es él quien tiene la obligación de desarrollar el secreto profesional mediante una Ley Orgánica, lo mismo que desarrolló en 1997 la cláusula de conciencia.      

Si el Gobierno nos presenta un Proyecto de Ley de un posible Estatuto, eso nos da margen para que nosotros, y todos los grupos políticos, podamos plantear enmiendas y negociar con el Grupo Popular los aspectos de ese Estatuto. Nosotros estamos trabajando con el texto que tiene consensuado el Foro de Organizaciones de Periodistas, pero también queremos que participen en ese Estatuto los empresarios y editores de la información. Buscamos que tenga validez, porque estamos hablando de un tema muy serio: el de dar una información libre, que sea veraz, que sea plural, y que a los periodistas no se los pueda manipular desde ninguna instancia, ya sea poder político, económico, o sus mismos editores. Para que todo esto se lleve a cabo, lo ideal sería alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas, entre asociaciones y sindicatos de periodistas, y entre los empresarios de la información que existen hoy en día.      

P.– Ustedes dicen estar conformes con el Estatuto del FORO en un 99 por ciento, y Zapatero se ha comprometido a aprobarlo si gana las elecciones en marzo. ¿Qué matizaciones consideran importantes del Estatuto actual?    

R.– Antes hay que aclarar un par de cosas. Zapatero ha dicho que en marzo, si llega al Gobierno, él va a aprobar un Estatuto del Periodista, pero no ha dicho que sea el del Foro. De hecho, desde mi posición de ponente de la iniciativa nuestra y como ponente en la proposición de IU, yo sí he dicho que estamos de acuerdo en un 90 ó 99 por ciento con el Estatuto, pero que a la hora de hacer una Ley tienen que intervenir los asesores jurídicos para que se le dé la forma adecuada y que jurídicamente sea correcta.    

Cuando nosotros hemos hablado de no presentar el Estatuto tal cual, fundamentalmente es porque queremos que haya ese consenso con los empresarios y entre los diversos grupos políticos. No estamos en contra de ningún punto en particular del Estatuto del Foro, no es eso; simplemente, pretendemos que pueda participar todo el mundo para alcanzar un mayor consenso.      

P.– Respecto al tratamiento de la información en España, ¿qué opinión le merecen los medios de comunicación en la actualidad?    

R.– Bueno, hay pluralismo, eso es real. Quizás, lo que desde el Grupo Socialista vemos es que hay algunos muy favorecidos por el Gobierno y que son demasiado afines a él. El resto, personalmente creo que bien y que el tratamiento de la información es positivo.    

P.– ¿Y cómo cree que es tratado su partido en los medios de comunicación?    

R.– Depende de qué medio de comunicación lo trate. Posiblemente, la mayor queja que nosotros tenemos es que las iniciativas del Partido Socialista no llegan a plasmarse en muchos casos como son, y en esto interviene que hay medios de comunicación que son demasiado afines al Gobierno y siguen las órdenes del Gobierno o de dirigentes no gubernamentales, pero que están a la orden de un Ministerio o de la Moncloa.     

P.– Es evidente que se refiere usted, entre otros, a TVE. ¿Podría darnos su opinión sobre la sentencia judicial por manipular la información que recibió la cadena pública recientemente?    

R.– Es curioso que es la primera vez en la historia de la democracia que un tribunal, que es público, denuncia por manipulación a la única televisión española estatal que tenemos pública. Eso es algo inusual, o incluso más, porque es la primera vez en la historia de la democracia, y quizás debería hacer reflexionar al Gobierno, pues no puede tener una televisión pública a su servicio, ya que debe ser una televisión al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas.      

P.– Actualmente el director general de RTVE es designado por el Gobierno. ¿Cree que debería cambiarse esta forma de elección?    

R.– Sí, por supuesto. Nosotros ya lo hemos dicho, y de hecho José Luis Rodríguez Zapatero ya lo ha incluido en el próximo programa electoral, pues quiere que el director de la Radiotelevisión sea elegido en el Congreso de los Diputados por una mayoría cualificada. Tiene una razón muy sencilla: si TVE es una televisión pública, de todos los ciudadanos, lo normal es que su director sea elegido por los representantes de todos los ciudadanos, y éstos se encuentran en el Congreso de los Diputados.       

P.– Por su parte, Esperanza Aguirre manifestó bien a las claras que la designación del director de Telemadrid era una cuestión suya, como así ha sido. Imagino que su opinión es semejante a la de sostiene con respecto a RTVE...    

R.– Por supuesto. Creo que en toda empresa, sobre todo una empresa de información, cuya finalidad al menos teórica sea la de informar a todos los ciudadanos, porque es una empresa pública, sus dirigentes tienen que estar elegidos por los representantes de los ciudadanos. Eso es de lógica. Lo que no es normal es que todos los ciudadanos estén pagando con sus impuestos el funcionamiento de una televisión regional y que el director lo decida una persona que no representa a todos los madrileños, sino a una parte. El planteamiento de que sea elegido por los parlamentarios es lo lógico siempre que se trate de un medio público.      

P.– Como ya ha mencionado antes, el Estatuto ha sido rechazado en dos ocasiones por el Partido Popular. ¿A qué cree que se debe este rechazo, así como la abstención de CiU y PA?    

R.– El de CiU es un absentismo hasta cierto punto lógico, porque hace un planteamiento en el sentido del consenso que mencionaba antes. CiU cree que es necesario regular la profesión, pero no quiere que sea unilateralmente. Entonces, lo que propone es que se cree una subcomisión dentro de la Comisión de Política Social y Empleo, que no es una mala propuesta, y durante un determinado tiempo comparezcan periodistas, asociaciones y sindicatos de periodistas, empresarios... Es decir, todo aquel que tenga algo que decir respecto a este tema. Y una vez hecho un estudio con detenimiento y que hayan comparecido expertos y profesionales del tema, entonces lleguemos a un consenso. La propuesta no es mala, porque CiU sí quiere que se regule.    

El Partido Popular no quiere que se regule. La razón es muy sencilla, y es que en el fondo el PP le tiene miedo a la prensa libre. El Gobierno del PP se ha caracterizado en estos ocho años por tratar de comprar todas las empresas de información posibles. Y con las que no ha podido comprar ha hecho un intervensionismo tremendo, intentando colocar a sus amigos y dando más repercusión a los medios que le son afines. En definitiva, lo que está demostrando es que no quiere una prensa libre, o una prensa independiente.   

Claro, si nosotros partimos de la base y estamos convencidos de que cuando los periodistas tengan regulados los derechos y sus deberes, existan Consejos de Redacción que sean los que velen por la libertad informativa y por la veracidad de las informaciones, y además tengan contratos dignos, con un sueldo digno, y con una estabilidad en su trabajo; entonces es cuando la información será verdaderamente libre, plural y veraz. Y es normal que el PP no quiera. Esa es la razón que nosotros encontramos a su rechazo.   

P.– Cuando se presentó este Estatuto el 5 de noviembre, el diputado popular Pérez Corgos dijo de su discurso que era "maniqueo" y que la información en España era "plural, veraz y de calidad". ¿Qué opina de estas afirmaciones? 

R.– Ellos no pueden decir otra cosa, pero creo que los hechos demuestran todo lo contrario. Hoy en día, para la inmensa mayoría de los españoles, cuando ven una noticia en TVE y la ven después en otro canal, hay veces que parece que estamos hablando de dos mundos diferentes; es decir, parecen mostrar dos países diferentes. Y de hecho, lo más palpable fue la manipulación tan vergonzosa que se hizo cuando la huelga general por el decretazo, y que ha sido reconocida por un tribunal. Pero claro, ellos se tienen que defender como sea. Y como en este caso no tienen razones objetivas y lo que dicen no se lo creen ni ellos, pues tienen que tildar como discurso maniqueo nuestra explicación de que votan en contra porque no quieren una prensa libre. Pero la realidad es ésa: si voto a favor es que quiero una prensa libre y si voto en contra es que no quiero una prensa libre. Ellos votan en contra porque no quieren una prensa libre, quieren una prensa a su servicio.    

P.– ¿Cree que si se aprobara el Estatuto podría tener repercusiones o consecuencias en el ámbito político?     

R.– Creo que tendría unas repercusiones políticas positivas, porque todos los partidos políticos serían tratados de igual manera.     

Aquí no podemos hablar de censura propiamente dicha; pero casi, casi. Es decir, el Gobierno en los medios que él controla directamente, como TVE, hace que no salga todo lo que tendría que salir. Y lo que sale, sale de la forma que ellos quieren que salga.    

Por tanto, las repercusiones políticas serían que ganaría la democracia, ganaríamos todos los ciudadanos y ganaría el país.    

P.– Entrando en la polémica del intrusismo en la profesión periodística, ¿cree que debería exigirse la titulación para trabajar en todos los medios de comunicación?     

R.– Ese es un debate en el que nosotros no entramos. Con el Estatuto, lo único que decimos es: hay que regular los derechos y deberes, así como las condiciones laborales de los periodistas profesionales.    

Ahora, ¿quién es periodista profesional? Eso es muy complicado. Sobre este tema, una vez oí a alguien poner un ejemplo burdo, pero significativo: Si yo no soy fontanero, pero entiendo de fontanería, puedo hacer trabajos de fontanero si alguien me contrata para ello. Pero, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en la prensa escrita, y sobre todo en la prensa local? Pues que prácticamente no hay licenciados en Ciencias de la Información trabajando.   

Lo ideal sería que, igual que un médico para trabajar tiene que haber estudiado medicina, para trabajar en un medio de información, sea escrito o sea audiovisual, se fuese licenciado en Ciencias de la Información. Yo creo que a esto, con el tiempo, se va a llegar, porque cada vez son más, y porque los mismos medios de comunicación van a querer empleados bien formados y que sean auténticos profesionales.      

P.– Uno de los principales problemas al que se enfrenta el periodista son las presiones políticas o económicas en su trabajo. ¿Cuáles cree que serían las principales medidas para evitar esta situación?     

R.– Lo fundamental es un empleo de calidad con unos derechos garantizados. Es decir, que todos los periodistas tengan su contrato con la empresa, que esté regulado el secreto profesional, que estén regulados los derechos de autor... Porque un periodista que firma una información es el autor de esa información. De hecho, hay periodistas que se niegan a firmar una información porque alguien superior se la ha cambiado.  

Si un periodista está sin contrato, lo más probable es que sea muy vulnerable a las presiones de arriba. Si tiene su contrato fijo, con sus garantías, va a ser menos vulnerable.    

P.– Ya para terminar, ¿cómo ve ahora el futuro que le espera al Estatuto?    

R.– Creo que si en marzo del año que viene el PSOE gana las elecciones, posiblemente en un año se presente y se apruebe el Estatuto, ya sea el del Foro o uno matizado que salga de ese consenso. Si vuelve a ganar las elecciones el Partido Popular, yo creo que se van a ver obligados a, por lo menos, desarrollar por una Ley Orgánica el secreto profesional, porque eso sí viene de manera muy tácita en el artículo 20 de la Constitución y en eso se van a escudar para no hacer nada más.  

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