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CECILIO
URGOITI
Neoliberalismo
y Derechos Humanos
La palabra “Liberalismo” designa una filosofía política, fundada en el
valor de la libertad individual e identifica una perspectiva de análisis
frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Uno de
sus mentores fue Adam Smith.
Los umbrales básicos del liberalismo fueron expresados a lo largo del
siglo XVIII y pueden resumirse así: El Individuo es la fuente de sus
propios valores morales; El proceso de comercio e intercambio entre
individuos tiene tanto propiedades de eficiencia para lograr el bienestar
colectivo, como de exaltación de la libertad; El mercado es un orden
espontáneo para la asignación de recursos; el intercambio entre las
naciones no sólo acrecentará la riqueza mediante la división internacional
del trabajo, sino que también tenderá a reducir las tensiones políticas y
la guerra; La política pública debería limitarse a las pocas
preocupaciones comunes de los individuos, la libertad, la seguridad, la
justicia, etc.
La síntesis conceptual permite señalar:
Un compromiso con la libertad personal, definida como la no-interferencia
en las creencias y en la búsqueda de objetivos privados.
Una política de estricta libertad económica, a la que habitualmente se
denomina “laissez faire”, en castellano “dejar hacer”.
Una doctrina del gobierno limitado y restringido a asegurar las funciones
básicas de la organización de la sociedad, particularmente, la libertad,
la seguridad y la justicia.
El liberalismo clásico entró en decadencia hacia fines del siglo XIX, y el
término liberal empezó a ser usado frecuentemente para describir un
liberalismo intervencionista o social, particularmente en los Estados
Unidos y en el Reino Unido. Así, liberal en el sentido político llegó a
identificar a aquél que propendía por la intervención del Estado para
corregir particularmente las injusticias sociales.
El retroceso del liberalismo fue potenciado por la revolución keynesiana
que implica la generalización del Estado de bienestar, entendido como
aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo
ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore sus
condiciones de vida.
Esta perspectiva keynesiana predominó en la política económica hasta
mediados de los años setenta; todos los gobiernos aplicaron como
fundamento de la política económica la conducción de la demanda agregada y
una política de gastos que tenía múltiples funciones, entre otras,
garantizar el pleno empleo (con sus lógicas conexiones con el bienestar
social), estimular el proceso de crecimiento en las economías de mercado y
permitir el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones
y al seguro de desempleo, entre otros, a la población de bajos ingresos.
La crisis económica de los años setenta altera de manera fundamental la
perspectiva de la intervención del Estado y afectará, además, la
naturaleza de la teoría keynesiana. De hecho, la apotema reaganiana de ese
momento era "el Estado no es la solución, es el problema", atribuyendo al
exceso de intervención del Estado el desempleo masivo, la inflación, la
debilidad del crecimiento, lo que por supuesto preparaba el campo para la
crítica a la intervención estatal en los asuntos económicos.
Desde entonces, se empezó a centrar más el análisis de las políticas
públicas no en los fallos del mercado que pudieran corregirse con las
intervenciones del Estado, sino en los fallos del Estado, en el exceso de
intervención, en la burocratización, etc. En otras palabras, el gasto
público, resultado de la puesta en marcha de las funciones keynesianas de
bienestar, interferiría con el proceso de crecimiento y distorsionaría el
funcionamiento del mercado al eliminar los incentivos para la acción de
los agentes individuales, considerados centrales en el sistema económico.
El Neoliberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las
ideas liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, el
papel limitado del Estado y el valor del mercado libre.
Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus
propios intereses, las consecuencias colectivas serán mucho más
beneficiosas que la acción gubernamental. Esta proposición constituye, por
lo demás, el fundamento del llamado individualismo metodológico, que es
desde un punto de vista teórico el corazón mismo de la teoría liberal.
En síntesis y desde una perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser
definido como la creencia en que la intervención gubernamental usualmente
no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace.
El fracaso del estado en la consecución de sus metas (fallo del gobierno)
es predecible y según los neoliberales ha sido confirmado por la
experiencia.
El mercado, el intercambio voluntario de bienes y servicios satisfará
habitualmente los requerimientos de los individuos con mucha mayor
eficacia que el gobierno dentro de las restricciones de sus recursos
limitados.
El objetivo fundamental de la política económica neoliberal, es propiciar
el funcionamiento flexible del mercado eliminando todos los obstáculos que
se levantan a la libre competencia. Apenas es necesario decir que el
neoliberalismo ha hecho suya la teoría del libre cambio en todas sus
versiones y se ha apoyado en unas u otras para justificar su concepción
del mundo como un gran mercado donde todos compiten en condiciones de
igualdad entre cada país según sus posibilidades.
Ello supone no solamente la exposición de la economía a la competencia
internacional, sino la adopción de tipos de cambio flexible y en fin el
desmonte de todo tipo de protecciones, estímulos y ayudas a los
productores.
En esas circunstancias, la confianza en la flexibilidad de la economía y
en el papel de los precios para restaurar las situaciones de equilibrio,
la regeneración de los equilibrios comerciales por la vía de la apertura y
el tipo de cambio libre se constituyen en las orientaciones principales de
la política económica.
Bajo esta perspectiva, en la última década la mayoría los países en vía de
desarrollo han realizado reformas estructurales orientadas hacia el
mercado y a mejorar la eficiencia de la economía, a acelerar el
crecimiento, etc.
Estas reformas se han orientado principalmente a seis áreas: la liberación
comercial, la política tributaria, la desregulación financiera, la
privatización, la legislación laboral y la transformación del sistema de
pensiones. Las reformas, por lo demás, han sido profundas en las áreas
comercial, cambiaria, tributaria y financiera.
Juntamente con la ola de democratización mundial, debido a una compleja
tendencia internacional, se instaló en la mayoría de esos países una
visión economicista y tecnocrática que, con el pretexto de reivindicar la
libertad de mercado, está reorganizando a las sociedades por la fuerza en
términos bipolares y excluyentes.
Una de las consecuencias más marcadas del neoliberalismo ha sido el
surgimiento de lo que llamamos los estados paralelos. Esta categoría es
conceptuada con relación a organizaciones que funcionan al margen de la
ley y que cuentan con el apoyo significativo de las poblaciones más
necesitadas.
Estas organizaciones pueden estar relacionadas específicamente al
narcotráfico y están propiciando el aumento de la criminalidad y la
marginalidad llevando grupos que eran tradicionalmente marginados de los
beneficios sociales a legitimar acciones deletéreas en nombre de una nueva
ciudadanía.
Investigaciones realizadas en Río de Janeiro muestran que los adolescentes
envueltos en crímenes, resultado del robo de un par de zapatillas de
tenis, respondieron que este era un derecho que ellos tenían como
ciudadanos. Los datos sobre la injusticia social son simplemente
impresionantes. En este contexto está claro que la premisa del
neoliberalismo es el principio de la exclusión. Los defensores de esta
doctrina consideran inevitable la desigualdad social. Categórica de esta
situación es la declaración dada por un presidente latinoamericano cuando
dice que "solamente 30% de la población podía contar con la protección del
Estado los otros 70% debían contar con la protección de Dios"
Las implicaciones de esta situación de deterioro económico y social
conllevan a una situación de ingobernabilidad. Las personas no creen en la
autoridad constituida. Con relación a Brasil, el sociólogo Cristovao
Buarque (1992) observa que, cuando las personas se sienten amenazadas,
aumentan la altura de los cerramientos, en vez de presionar al Estado por
mejores condiciones de seguridad pública. En el área de educación pública,
cuando personas con recursos materiales están insatisfechas con la
cualidad de la enseñanza no luchan por mejores escuelas, sino que
transfieren sus hijos para escuelas particulares.
Todos estos elementos sugieren que lejos de estar construida una cultura
política participativa y democrática, se está solidificando una cultura
política fragmentada e individualista con reducido capital social. Capital
social es aquí definido como el desarrollo de redes de solidaridad y de
identidades colectivas.
Lo que se observa es el aumento de la desconfianza entre las personas y
las instituciones políticas.
Por origen, de ese tipo de cultura política, se constata el surgimiento de
un ciudadano altamente individualista y pragmático cuyo comportamiento
político se guía por principios de prontitud y crueldad política.
La implementación de estas políticas de ajustes y concentración de capital
son violatorias del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y
más allá de la valoración técnica de sus fórmulas econométricas, las
políticas de ajuste provocan una distorsión en ciertas prácticas del poder
económico y político que hacen de la corrupción y la impunidad las
amenazas más graves a la seguridad y estabilidad de la democracia y por
ende son violatorias de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Esto sucede en la Argentina porque, en su empeño por reorganizar la
economía de acuerdo con las leyes del mercado, la administración del
gobierno central desactivó responsabilidades del Estado que son esenciales
en cualquier economía y que son obligaciones emergentes de la Constitución
Nacional y de los Pactos Internacionales de los que Argentina es parte.
Entre ellas, las que se refieren a la salud, la educación, la seguridad y
la justicia. Ello sucede porque las políticas neoliberales tienden a la
exclusión social y a la polarización injusta en el reparto de sacrificios
y riquezas.
No hay duda de que se ha instalado un distanciamiento entre las recetas
dadas por los países llamados más desarrollados o del primer mundo y sus
acciones concretas y que son seguidas por los países menos desarrollados.
Esto se refiere específicamente, a la noción de Estado mínimo y la
necesidad de reformular los gastos gubernamentales en áreas consideradas
prioritarias. La imagen que fue construida es que, en la medida que el
estado es visto como un problema y no como una solución en la economía de
mercado debe, por tanto, restringir sus actividades a aquellas esferas
consideradas esenciales.
Este tipo de Estado, de acuerdo con los neoliberales, sería ideal para
impulsar el crecimiento económico y, en última instancia la igualdad
social. Los países que son tomados como modelo digno de emular son algunos
países europeos y, principalmente los Estados Unidos.
Sin embargo, la realidad, muestra una diferencia abismal entre lo que es
dicho y lo que es hecho. Por ejemplo, datos del Anuario Estadístico
Financiero de los Gobiernos, publicado por el Fondo Monetario
Internacional muestran claramente que en países como los Estados Unidos y
Francia, contrariamente a lo que viene siendo difundido por la retórica
neoliberal en los países en desarrollo, continúan actuando de manera
significativa en sus economías destinada a producir políticas de
bienestar, contrariando la idea de un estado minimizado.
Son tres las condiciones que deben ocurrir simultáneamente para que un
estado sea considerado minimizado:
Ampliación de los gastos con funciones mínimas (defensa e seguridad
nacional)
Reducción de los gastos en las funciones económicas (habitación, minería,
industria, construcción, agricultura y transporte).
Disminución de los gastos sociales (salud, educación, seguro social y
asistencia social).
En una investigación realizada en 1995 (Rezende, 1996), de una perspectiva
comparativa, muestra que en los países más desarrollados, los gastos en
funciones consideradas sociales son superiores a los gastos destinados a
funciones consideradas mínimas. De esta forma, el nivel de intervención
del gobierno en funciones económicas no ha declinado significativamente,
como la retórica neoliberal quiere hacer creer.
Las consecuencias sociales y distributivas del neoliberalismo son materia
que debiera evaluarse con mayor atención y menos pasión.
Los sindicatos han satanizado las privatizaciones y la reducción del
Estado, los populistas han hecho de la apertura una caricatura, muchos
gremios de la producción han reaccionado por el desmonte de los aranceles,
todo ello como consecuencia de la reducción de sus privilegios.
Pero del lado neoliberal los éxitos no han sido contundentes. Las
privatizaciones han sido utilizadas en muchos países para negocios oscuros
en las altas esferas, el crecimiento no está garantizado y en muchos casos
tampoco la estabilidad, y en no pocos países los efectos sociales desde el
punto de vista del aumento de la pobreza han sido significativos; ha
contribuido a debilitar las políticas sociales, las posibilidades de
acceso de los grupos pobres a los servicios básicos, ha concentrado los
beneficios que brindan las oportunidades de mercado en unos pocos grupos,
de modo que si antes no fueron claras las ventajas del Estado, ahora no
son claras las ventajas del mercado.
Hoy, los teóricos más progresistas, están buscando, en la mayoría de los
países una especie de punto medio entre el mercado y la intervención del
Estado. El punto de discusión consiste fundamentalmente en la manera como
el Estado puede ser controlado y vigilado en sus intervenciones, de modo
que éstas realmente respondan a las necesidades colectivas y no a
objetivos de los grupos burocráticos asentados en el Estado. Lo que parece
advertirse es una discusión más abierta en términos de una mejor
democracia para una mejor acción del Estado en la economía, es decir una
capacidad mayor de control de la sociedad civil sobre el Estado, para
asegurar una mayor gobernabilidad, entendida ésta en el sentido
restringido de la capacidad de las políticas públicas de satisfacer
expectativas colectivas.
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