ANGELINO ALEJANDRE El Gobierno
aprueba la reforma del sector audiovisual español La elección del director general de RTVE por el Consejo de Administración del ente público, la creación de un Consejo de lo Audiovisual y la aparición de un nuevo canal analógico son algunos de los aspectos destacados del Plan de Reforma del Sector Audiovisual, que aprobó hoy el Consejo de Ministros. Esta reforma del sector audiovisual español consta de tres anteproyectos de ley: el relativo a la radio y la televisión estatal, el General Audiovisual y el de creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales; así como dos Reales Decretos, uno relativo al Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) y otro al Plan Técnico Nacional de Televisión privada, que permite la creación de un nuevo canal. Con el anteproyecto de Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, el ente público se convierte en Corporación RTVE, una sociedad anónima pública con capital estatal y con sociedades participadas al cien por cien por dicha Corporación. RTVE gozará de autonomía en su gestión, actuará con independencia del Gobierno y estará sujeta al control del Parlamento y del Consejo de Medios Audiovisuales que crea el Plan de Reforma. En cuanto a la financiación, se introduce la figura del mandato-marco, con una duración de nueve años. Al mismo tiempo, cada tres años un contrato programa de RTVE con el Estado concretará los objetivos y la gestión. Este modelo elimina el aval del Estado, lo que significa cerrar la vía del endeudamiento de los últimos 15 años. Además de la subvención pública fijada en el contrato programa, se contempla la captación de ingresos comerciales por publicidad, que será inferior a la que emitan los canales comerciales, así como la venta de productos. Por lo que se refiere a la gestión, se diseña un Consejo de Administración con 10 miembros, de los que cuatro serán elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado y otros dos propuestos por los sindicatos, pero elegidos por el Congreso. Todos los candidatos requerirán una mayoría de dos tercios para su elección, tendrán un mandato de seis años y elegirán al director general de ente, que dispondrá de amplios poderes ejecutivos y será seleccionado por procedimiento público atendiendo a criterios profesionales. El Consejo de Administración contará con un Consejo Asesor. Para garantizar la independencia informativa, se constituirán consejos informativos en TVE y RNE. Por su parte, el Anteproyecto de Ley General Audiovisual elabora una nueva definición de radio y televisión, liberaliza los servicios de radio y televisión privados, que dejan de ser servicio público esencial con la sola excepción de los administrados por empresas públicas, y señala que “se podrán establecer” límites a la emisión de publicidad en las televisiones públicas por parte de los órganos competentes. Para los difusores de radio y televisión que no utilicen ondas radioeléctricas se establece la necesidad de una simple notificación, mientras que para los que empleen ondas hertzianas se establece un régimen de licencias. En cuanto al número máximo de licencias en que puede participar un operador dentro de una demarcación, se establece que en el ámbito estatal podrá tener un canal en analógico y un máximo de cuatro canales (un múltiplex) digitales; en el autonómico, el 50 por 100 de los canales privados disponibles en cada comunidad autónoma y un solo canal local. Una misma empresa no podrá participar en más de dos licencias de televisión de ámbito estatal, autonómico o local en el caso de que coincidan en la misma zona de recepción de la emisión. En cuanto a la programación, las Comunidades Autónomas fijarán el número de horas de programación local exigibles a cada operador y las plataformas de más de 20 canales tendrán que reservar parte de su capacidad de transmisión a operadores independientes. Además, fijarán normas respecto a otras lenguas del Estado en su ámbito autonómico. Por lo que se refiere al Anteproyecto de Creación del Consejo Estatal Audiovisual, se le define como un organismo de supervisión de ámbito estatal, con amplias competencias y con total independencia, que estará formado por siete miembros elegidos por mayoría de dos tercios por el Congreso de los Diputados para un período de seis años. Entre sus atribuciones, este Consejo emitirá un informe previo respecto a la convocatoria de concursos para otorgar licencias de radio y televisión estatales, así como la inscripción de autorizaciones de radio y televisión de ámbito estatal. También tendrá
competencias para el seguimiento de la aplicación de la directiva
“Televisión sin Fronteras” en estas emisoras estatales, así como capacidad
sancionadora, entre otras.
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