ANGELINO ALEJANDRE

Amnistía Internacional
pide investigar y reparar
las desapariciones y ejecuciones
de la guerra civil española
y del franquismo
 

Amnistía Internacional ha pedido la creación de una fiscalía especial que impulse “la investigación de los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” durante la guerra civil y el franquismo, así como un órgano oficial de carácter no judicial que aclare los “abusos graves” de ese periodo.  

En rueda de prensa, el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, presentó el informe “España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil española y del régimen franquista”, acompañado por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

El documento, cuya portada es una foto de restos humanos hallados en la fosa de Villamayor de los Montes (Burgos), ha sido enviado por Amnistía Internacional a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, a los grupos parlamentarios y a las propias asociaciones de víctimas. 

“España ha dejado en el olvido a miles de personas”, aseveró Beltrán, quien destacó que el país “que pidió la extradición de Pinochet y juzgó a Scilingo no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación a sus propias víctimas”.

En sus conclusiones, el informe denuncia la existencia de “discriminación” en la restitución de bienes, pues se ha realizado “sólo a sindicatos y partidos, no a personas privadas”, y apunta la ausencia de “una investigación imparcial” de lo ocurrido. 

También afirma que en España “no ha existido una política de Estado para responder al derecho de las víctimas a una reparación en sus dimensiones individual y colectiva”, con lo que “todas las víctimas han sido ignoradas en mayor o menor medida”, y refleja “innumerables obstáculos” en la búsqueda de las víctimas, entre ellos las trabas de las familias para acceder a los archivos militares. 

Tanto Beltrán como Martín Pallín negaron que los delitos cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista hayan prescrito y señalaron que los únicos actos de reparación han sido medidas administrativas y homenajes. 

El magistrado Martín Pallín defendió “la anulación de todos los consejos de guerra” celebrados desde 1936 hasta 1975, al tiempo que señaló que las dos leyes de amnistía de 1976 y 1977 son “inconstitucionales”, ya que la “Constitución prohíbe el indulto general”. 

Pallín rechazó que todo esto suponga “despertar los demonios familiares, que sólo existen en las mentes pervertidas”, y explicó que en la mayoría de los casos son los nietos los que desean rehabilitar la memoria de sus abuelos sin deseos de “revancha”.     

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