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Portada Nº Enero 2005
Cultura, Ciencia y Sociedad
Sección General


SILVIA GARCÍA BURGUILLO


Mirando hacia otro lado

El informe del Defensor del Pueblo realizado en 1999, a partir de encuestas a 3.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, señalaba que más del 30 por ciento de los escolares afirmaba sufrir agresiones verbales con cierta frecuencia y cerca del 9 por100 amenazas para meterles miedo. Un informe que ya entonces mostraba la seriedad del problema y que, sin embargo, sólo ha sido tomado en serio cinco años después.  

Una vez más, como suele suceder en nuestro país, es necesario que ocurra una desgracia para afrontar una trama o conducta social de alta peligrosidad. El hecho que lanzó a la palestra el oscurantismo de la violencia y acoso en las aulas tuvo que venir de la mano de la muerte del joven Jokin C., que no pudiendo soportar un día más las supuestas vejaciones a las que fue sometido por sus compañeros de curso, al parecer con la connivencia de algunos de sus profesores, se suicidaba en Hondarribia (Guipúzcoa) el 21 de septiembre de 2004. Un hecho dramático que puso la voz de alarma sobre el denominado bullying o “acoso en las aulas”.  

Lo que no termina de entenderse es cómo, si hace ya cinco años la situación se situaba bajo estudio, no se ponían en marcha los medios para evitar situaciones similares. 

¿NOVEDAD?

Ya en 1999 era redactado el informe “Violencia Escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria”, trabajo realizado bajo la Comisión Mixta Congreso-Senado por la Oficina del Defensor del Pueblo en colaboración con el Comité Español de Unicef, a través de encuestas a 3.000 alumnos de ESO o niveles equivalentes de 300 centros. Dirigido por profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, el informe recogía que más del 30 por 100 de los alumnos encuestados declaraban sufrir agresiones verbales con cierta frecuencia, casi un 9 por 100 amenazas con la finalidad de meter miedo y que las agresiones directas se acercaban al 5 por 100.  

Los atentados contra las propiedades, como el ocultamiento de pertenencias personales, afectaban a una quinta parte de los escolares, y el robo de cosas se situaban en el 6,4 por 100. Entre el 9 y el 14 por 100 de los estudiantes afirmaba ser objeto de exclusión social, es decir, que sus compañeros les ignoraban o no les dejaban participar en actividades comunes. Las agresiones más graves, como el chantaje y las amenazas con armas (de fuego, navajas o porras) se situaban en torno al 1 por 100, mientras que el acoso sexual rozaba el 2 por 100.   

El estudio daba a conocer la importancia del tema y revelaba que los centros educativos españoles y sus alrededores eran y son los escenarios de frecuentes episodios violentos. Unos episodios que afectan a nuestros estudiantes en las etapas más significativas e importantes de la configuración de su personalidad adulta. Y que, por tanto, deberían haber sido desde entonces una de las tareas primordiales de los responsables educativos y sociales. 

VOLVIENDO LA MIRADA

Hasta hace bien poco el tema no pasaba de ser considerado por los profesores como “situaciones o hechos aislados”, en el mejor de los casos, o simplemente solía afirmarse que “han sucedido siempre y no pueden erradicarse”. Afirmaciones que sólo pueden ser entendidas como “mejor me lavo las manos y que lo solucionen los demás”. Este tipo de comentarios facilitan el surgimiento y enquistamiento del bullying, con el consiguiente dolor que estas situaciones generan tanto en las víctimas como en sus seres queridos, que han de tener una personalidad lo suficientemente madura y fuerte como para no venirse abajo. 

El bullying ya no puede ser entendido por los educadores como cosas de niños, ya que según los expertos:  

► En la víctima genera miedo y rechazo del contexto donde sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, así como otros problemas derivados de la situación a la que se ve sometida repetidamente: bajo rendimiento, baja autoestima, aislamiento... 

► En el agresor acentúa los problemas que le llevaron a su abuso. Disminuye su capacidad de comprensión moral y de empatía. Refuerza su estilo violento, que obstaculiza entablar relaciones positivas con el entorno.  

► Y en el contexto institucional, la violencia reduce la calidad de vida de las personas, dificulta el logro de objetivos y aumenta los problemas y tensiones que la generaron, activando un proceso en espiral escalonada de consecuencias imprevisibles.  

Los profesionales de la educación no pueden mirar hacia otro lado, como viene siendo habitual, sino tratar de evitar estas situaciones agresivas (verbales y físicas), que acarrean numerosas secuelas en las víctimas y generan climas de convivencia imposible. Como educadores-pedagogos deberían de ser capaces de enfrentarse al problema, mirarlo de frente y no abandonar a las víctimas a su suerte. Porque tan responsable es el que comete los abusos como el que los ve y, mirando hacia otro lado, los permite. 21 enero 2005     

 


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