PILAR ROJAS

Suma y sigue contra las víctimas del 11-M
 

Ante un mismo hecho, la valoración de las indemnizaciones y el apoyo a las víctimas del atentado del 11-M, el ministro del Interior José Antonio Alonso y los representantes de la Asociación 11-M distan mucho de tener la más mínima concordancia; es más, parecen vivir en dos mundos paralelos y completamente equidistantes. 

Por una parte, el señor Alonso acudió al Congreso, el pasado jueves 27 de octubre, aparentemente contento por el resultado obtenido por su Departamento en el desarrollo de las recomendaciones de la Comisión de Investigación del 11-M. Manifestó satisfecho el “apoyo directo y efectivo” realizado, con un “seguimiento específico de cada una de las víctimas y sus familias”; dando, además, cifras y porcentajes concretos: se han tramitado 1.668 solicitudes de indemnización, de las que el 80 por ciento han sido concedidas, por un montante total de 51,2 millones de euros. 

Por otra, trascurridas unas horas, tanto la presidenta de la Asociación 11-M , Pilar Manjón, como el vicepresidente Jesús Ramírez, nos sorprendían relatándonos las situaciones aberrantes y vejatorias por las que han debido de pasar algunas de las víctimas, en un peregrinar sin sentido por cuatro tribunales médico-forenses para conseguir las indemnizaciones y entrar a formar parte de ese 80 por ciento de indemnizados. Alucinados, nos hemos enterado de la insensibilidad de algunos miembros de los tribunales, a lo que hay que añadir los detestables anacronismos, decisiones contradictorias e incongruencias que, como era de esperar, ha dado lugar la falta de un protocolo único de actuación, que ya pidió en su día el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, y que hasta la fecha continúan esperando todas las víctimas del terrorismo, independientemente de sus siglas.

Es incomprensible que una víctima del terror tenga que pasar por cuatro filtros diferentes realizados por cuatro tribunales médicos distintos: Seguridad Social, Ministerio del Interior, Comunidad de Madrid y Consorcio de Seguros. Este vagar, aparte de traumático, es ilógico y da la sensación de ser más una falta de previsión gubernamental que la búsqueda de un filtro justo y eficiente. Porque, ¿no sería más lógico que se formara un gran tribunal con representantes de los tres organismos, más el Consorcio de Seguros, que unificaran criterios y evitarle además a la víctima la impresión de ser una peonza y hasta la sensación psicológicamente detestable de tener que demostrar por cuatro veces consecutivas su verdad y, al parecer, hasta su inocencia? 

Pero, si incomprensibles y criticables son los trámites burocráticos, a la cima de la crueldad han ascendido algunos miembros de los tribunales correspondientes, que han sido capaces de tratar mal, y hasta sin el más mínimo atisbo de sensibilidad ni consideración, a personas que, presumiblemente al menos, comparecían ante ellos después de haber pasado por tanto horror. Atónito se queda cualquier ser con un atisbo de cordura ante las “amables” declaraciones de Pilar Manjón: “Nada se ha movido”. “Nos sentimos humillados en los tribunales donde nos dicen, sin pudor, sin respeto: saque usted la amputación, o ¿dónde esta la metralla?”. “Nos tratan como a sacos de patatas, no como seres humanos”. Unas palabras que yo considero “amables” comparadas con los calificativos injuriosos, dañinos y contundentes que se me vienen a la mente y no expreso en estas líneas por pudor ante un tema que me produce la más profunda de las consideraciones. 

Y supongo que, como yo, el ciudadano de a pie se ha quedado perplejo ante los acontecimientos, aunque sólo vengan a añadir un “suma y sigue” de las situaciones calamitosas y vergonzantes que se sucedieron tanto en la Comisión de Investigación del 11-M, como en los reiterados manejos políticos que dieron lugar al enfrentamiento de las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo o, incluso, a las polémicas en torno a la figura de Peces-Barba. 

Pero, pasados aquellos momentos de clima exaltado por un sector de la derecha, que se entendía hacia dónde iba encaminada y el fin concreto que perseguía, los últimos hechos se nos truecan ya impenetrables del todo. No hay justificación ante tanto filtro burocrático y mucho menos ante la actitud de algunos médicos desalmados. Ni tan siquiera algunos sucesos picarescos de dudosa transparencia, que saltaron en su día a la opinión pública, hacen admisible el calvario administrativo y personal al que se han visto sometidas las víctimas del horror. Uno siente escalofríos cuando lee en letras impresas las declaraciones de Pilar Manjón o la frase contundente de Jesús Ramírez, vicepresidente de la Asociación 11-M, defendiéndose y atacando ante el absurdo de estas vivencias: “No somos unos jetas que pretendemos aprovecharnos, somos víctimas y pedimos respeto”. 

Y respeto, efectivamente, es lo mínimo que se puede pedir. Todos nos merecemos un respeto por parte de los demás y, por supuesto, de las instituciones, y mucho más aún las víctimas del horror. Es vergonzoso que los que sufrieron tanta amargura en carne propia tengan que recordar a las instancias administrativas el por qué de sus reclamaciones, sufrir vejaciones y clamar respeto. 

Parece, señor Alonso, que en su Ministerio se olvidaron de darle algunos datos respecto al “apoyo directo y el seguimiento específico y pormenorizado” que tan abiertamente expresó en el Congreso. Suponemos que llamará al orden al funcionario o funcionarios de turno, o a la instancia correspondiente. Y que, en definitiva, hará algo desde sus posibilidades para que al ciudadano de a pie no se nos desborde de lágrimas el alma al sentir tanta vergüenza ajena.   

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