Cuando mañana se cumplen seis meses del alto el fuego de ETA, el Gobierno español considera que las posibilidades de lograr la paz se mantienen, pese al aumento de la violencia callejera y la pretensión etarra de condicionar el proceso a una mesa de partidos que decida el futuro político vasco.  

Pese a reconocer las dificultades, el Gobierno español valora que el proceso de diálogo con ETA se ajusta a las previsiones de su “hoja de ruta” y que sigue intacta la esperanza de paz, sin que hasta ahora haya trascendido si han tenido lugar o no contactos entre ambas partes. 

Por su parte, la organización terrorista ha ido radicalizando sus mensajes en los cinco comunicados que ha hecho públicos desde la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo. 

Si, cuando anunció la tregua, ETA afirmaba que “la superación del conflicto” era su “deseo” y su “voluntad”, el último de sus mensajes, fechado el 18 de agosto, constataba una “evidente situación de crisis” y advertía de que “si continúan los ataques contra Euskal Herría, ETA responderá”. 

En estos seis meses se han registrado más de medio centenar de actos de violencia callejera entre el País Vasco y Navarra, aunque el Partido Popular afirma haber contabilizado más de un centenar de incidentes violentos. 

Quemas de autobuses y cajeros, destrozos del mobiliario urbano, contenedores y papeleras, ataques a estaciones de ferrocarril y a sedes de partidos resumen la violencia de estos meses, intensificada a partir del comunicado de ETA del 18 de agosto. 

Todas las fuerzas políticas parlamentarias mantienen su esperanza sobre la continuidad del diálogo abierto por el Gobierno con ETA, aunque el PP rechaza este intento y considera el proceso en “situación límite”. 

Consultados por la Agencia Efe, los portavoces parlamentarios coinciden en destacar la “complejidad” de la iniciativa y algunos recomiendan, incluso, adoptar algún gesto de distensión, tanto en política penitenciaria como en la ilegalización de la izquierda abertzale.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Durán Lleida, afirma, sin embargo, que su intuición personal le lleva a afirmar que “"las cosas no van tan rápidas ni tan bien como se preveía”.

En cuanto a Batasuna, seis meses después del alto el fuego sigue siendo una formación ilegalizada que limita su actividad política a la convocatoria de manifestaciones y a conferencias de prensa para fijar sus opiniones. 

Por lo que se refiere a la mesa de partidos, las reuniones mantenidas por las fuerzas políticas, a excepción del PP, no han permitido alcanzar acuerdos para avanzar en la formación y en la metodología de la propia mesa y tampoco hay unanimidad acerca de qué solución se podrá dar a Batasuna para que sea legal y pueda formar parte de ese foro. 

Pese a la ausencia de acuerdos, todas las fuerzas políticas confían en que la mesa de partidos se materialice “en otoño”. 

La falta de avances en la creación de esta mesa ha sido el principal argumento esgrimido por la izquierda abertzale para hablar del “bloqueo” que sufre el proceso de pacificación.

Otro de los obstáculos denunciados por Batasuna ha sido la continuación de los procesos abiertos en los tribunales a miembros de ETA y su entorno. 

Finalmente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha erigido, con el apoyo del PP, en la principal oposición al diálogo con ETA, promoviendo manifestaciones e iniciativas para que la justicia impida la presencia pública de Batasuna o su entorno.
     

Ministro afirma que España no parará hasta tener una respuesta global de la UE sobre inmigración

El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy que su país “no va a parar” hasta alcanzar una “respuesta global de la Unión Europea” al problema de la inmigración ilegal que incluya “dinero, recursos, medios y determinación”. 

En declaraciones realizadas a los medios informativos a su llegada al Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, que se celebra hoy y mañana en Tampere (Finlandia), López Aguilar sostuvo que se trata de un problema que no afecta sólo a España, sino a la Unión Europea en su conjunto. 

El ministro señaló que España quiere “dinero, recursos, medios, determinación y consciencia de que esto no es una simple contingencia, sino una realidad que nos va acompañar en el primer tercio del siglo XXI”. 

“España no va a parar hasta conseguir efectuar progresos sustantivos en esta política común, no sólo de control de fronteras sino de flujos migratorios y de la inmigración, especialmente irregular”, indicó López Aguilar. 

Consideró imprescindible un refuerzo de la Agencia de control de fronteras exteriores de la UE (Frontex) e insistió en que la inmigración ilegal es un problema “de escala planetaria”, que “requiere una respuesta europea”. 

Respecto a las críticas vertidas por algunos estados miembros contra los procesos de regularización masivos de inmigrantes, como el realizado el pasado año por España, el ministro indicó que fue una medida “positiva”. 

López Aguilar explicó que la posición española “es muy clara” y se basa en que “era insostenible la persistencia de un contingente de trabajadores ilegales, explotados sin derechos, en el seno de sus territorios”. 

“Lo ha hecho Francia, recientemente Italia, lo hizo España durante los años del Partido Popular, cinco veces, y lo ha hecho una, cumpliendo un compromiso electoral expreso, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de esta legislatura”. 

Asimismo fue rotundo al considerar que es “completamente falso y está completamente fuera de lugar” criticar esos procesos e ignorar las motivaciones de los africanos para tratar de llegar a la UE, es decir, el “hambre, las pandemias, la miseria, la desesperación y la esperanza de vida de apenas 30 años”. 

“Pertenece al terreno de la simplificación y la demagogia intentar alegar que una regularización provoque o incentive un efecto llamada”, agregó. 

Las personas que se beneficiaron de la regularización en España están ahora cotizando a la seguridad social y pagando impuestos, por lo que “fue una decisión positiva y saludable desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, además de respetuosa con sus derechos como personas”.