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JAIME GARCÍA GARCÍA
 


El Estado federal español
 

La reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas ha sido y sigue siendo uno de los principales ejes de la actual legislatura. Si bien es cierto que en los últimos meses, con la anunciada tregua de la organización terrorista ETA y su posterior ruptura ha estado en un segundo plano, es uno de los aspectos más criticados de la oposición. De ahí el temor de los populares a la desmembración de España y la ruptura de su unidad. Mariano Rajoy, cuando el Estatuto de Cataluña dominaba la actualidad política, llegó a decir que “Cataluña no es más que una coartada para que Zapatero cumpla su sueño federalista”.

Ahora bien, el llamado Estado de las Autonomías está estructurado de tal forma que las competencias asumidas por cada Comunidad son comparables a la de los Estados federados. En una federación, el poder político se divide entre una autoridad central y unas unidades locales autónomas más pequeñas, ya sean provincias o estados.

La Constitución Española establece que “las materias no atribuidas expresamente por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”. Las competencias que no asuman los Estatutos de Autonomía corresponden al Estado, prevaleciendo siempre las normas estatales sobre las de las Comunidades Autónomas en caso de conflicto. Esta es una de las características principales de los estados federados, en los que el gobierno central tiene soberanía plena en la política exterior y es preeminente con respecto a la administración interna dentro de sus poderes asignados.

La propia Constitución Española, aun proponiendo una estructura federal para la organización del Estado Español, sostiene en el artículo 145 que “en ningún caso se admitirá la federación de las Comunidades Autónomas”. Esto se debe a las particulares condiciones en que se redactó el citado texto. En la redacción del texto participaron profesionales de ideologías opuestas y llegaron a un consenso donde todos tuvieron que ceder. El momento político, derivado de una manera de afrontar la transición, imprimió sus condiciones en la Carta Magna.

Se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la nación española. Es decir, la Constitución no hizo más que poner los mimbres, para el posterior desarrollo de la organización territorial a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía. El resultado de la aprobación de los distintos Estatutos, ha sido una organización territorial del Estado Español muy parecida a la de cualquier otro Estado federal. El poder económico de las autonomías es más grande que el de los länders alemanes o de los cantones suizos. En cambio, el poder político está más limitado por las leyes como factor de uniformización. Se podría decir que las autonomías tienen más poder de gestión que poder político.

En resumen, aunque el modelo federal no es asumido formal y expresamente ni por la clase política (al menos públicamente) ni por la opinión pública en general, el Estado español funciona como tal.
19 febrero 2007   

 


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