Los parlamentarios de los partidos que integran el gobierno tripartito –PNV, EA e IU –, así como los pertenecientes a PSE y Aralar, aprobaron hoy en el Parlamento vasco un texto de condena del “brutal atentado de Barajas”, en el que se exige a ETA “el cese definitivo de la violencia”. 

En una reunión de su Diputación permanente, el Parlamento vasco también hizo un llamamiento a la unidad de los partidos, para “a través del diálogo democrático, hacer frente al terrorismo y defender los derechos y las libertades”. 

El PP votó en contra para después respaldar en solitario su propia propuesta, en la que se eluden los llamamientos al diálogo y la unidad de los partidos y se exige a ETA “su inmediata e incondicional disolución”. 

Por su parte, EHAK se ausentó de la reunión y justificó su ausencia por “la estrategia de acoso y derribo” a la que le somete el PP. 

Los parlamentarios del PP han registrado en el Parlamento vasco una iniciativa en la que propone que la Cámara inste al Gobierno español a iniciar el procedimiento para la ilegalización del Partido Socialista de las Tierras Vascas (EHAK), al que se relaciona con la ilegalizada Batasuna.
     

El Supremo español declara organizaciones terroristas a las juventudes abertzales

El Tribunal Supremo estimó hoy que Jarrai, Haika y Segi son organizaciones terroristas y no meras asociaciones ilícitas, como consideró en junio de 2005 la Audiencia Nacional, que tras de conocer la resolución del Alto Tribunal ordenó de inmediato la detención de veintitrés de los acusados en la causa. 

En una sentencia de la que sólo se adelantó el fallo, la Sala Segunda del Supremo estimó en parte los recursos interpuestos por la Fiscalía y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la decisión de la Audiencia Nacional, que condenó a veinticuatro miembros de las referidas organizaciones juveniles por un delito de asociación ilícita, pero no por terrorismo. 

El Supremo ha elevado las penas impuestas a 23 de los 24 condenados por la Audiencia Nacional, que les impuso penas de dos años y medio y tres años y medio de cárcel, a un total de seis años para todos ellos, al considerarlos responsables de un delito de “integración en organización terrorista”. 

La mayoría de los 23 condenados tuvieron que ser excarcelados durante la celebración del juicio en la Audiencia Nacional, al haber cumplido los cuatro años máximos de prisión preventiva.