VÍCTOR SÁNCHEZ

Coordinador estatal de la Agrupación General de Periodistas de UGT

Coca cola y el Estatuto del Periodista Profesional
 

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace la chispa de la vida patrocinando un debate sobre los periodistas y su estatuto? 

La coca-cola puede estar bien en la nevera, o no. Pero no se entiende que patrocine un debate sobre el Estatuto del Periodista Profesional. El interés de la marca es evidente: vender mucha coca-cola en un mundo de mercados sin fronteras y sin límites. Por eso Coca-cola es uno de los principales anunciantes del mundo. 

Desde pequeñito aprendí que en este oficio del periodismo hay que separar la publicidad de las cosas de comer. Cierto es que se ha hecho habitual recurrir al patrocinio para poder celebrar debates y encuentros. Pero ¡que la Coca-cola venga a pagar un debate sobre el ejercicio del periodismo y se incluya la marca en el propio título del encuentro! Igual es que soy un antiguo, pero no lo entiendo. 

La Asociación de Periodistas Europeos, respetable aunque con prácticamente nula representatividad en las redacciones, acudió a pedir ayuda a Coca-cola para montar un debate que quisieron convertir en entierro de la proposición de ley del Estatuto del Periodista Profesional. El entierro se celebró en Madrid el 19 de septiembre, con la participación de Ramón Jáuregui (PSOE), Gabriel Elorriaga (PP), Isaura Navarro (IU) y Uxue Barcos (Nafarroa Bai), como representación política, y por directores y gestores de diversos medios. Los trabajadores estaban lejos de allí. 

El debate en sí, en todo caso, ya venía marcado desde su diseño. De entrada, sus organizadores no se atienen a la verdad (pecado mortal para los periodistas, no atenerse a la verdad) cuando en la presentación del evento adjudican la paternidad de la proposición de ley del Estatuto del Periodista Profesional a Izquierda Unida, sin recordar que el texto llegó a manos de dicho grupo desde el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP).  

Tampoco recuerdan los organizadores de la jornada que cuando el FOP elabora el texto del proyecto, esta plataforma unitaria está formada por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), los colegios de periodistas, la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Agrupación de Periodistas de CCOO y la Agrupación General de Periodistas de UGT. La FAPE nunca explicó de una manera razonable y pública qué intereses consideraron en su decisión de abandonar el unitario FOP. 

Volviendo a la jornada de la Asociación de Periodistas Europeos, es obvio que las conclusiones estaban escritas antes de iniciarse los debates. Por algo el elenco de ponentes estaba formado por 5 representantes de las empresas, 4 de los partidos políticos, uno de la Universidad, 2 de asociaciones profesionales (aunque hay que precisar que uno de ellos fue González Urbaneja) y NINGUNO de las agrupaciones sindicales de periodistas. Circunstancia grave si se tiene en cuenta que dichas agrupaciones sindicales de periodistas son las únicas avaladas por el sometimiento a procesos de elecciones democráticas, las únicas de las que se mide su representatividad. Lo dicho, las conclusiones habían sido escritas incluso antes que el guión. 

Y esas conclusiones fueron, según cuenta la prensa, que el actual proyecto de estatuto es inviable, que será víctima de una enmienda a la totalidad o que será sustituido por un Estatuto alternativo, de enero-febrero, que presentaría Ramón Jáuregui, del PSOE. 

No nos espanta que los liberales defiendan el mercado para regular el flujo de la información. Están en su papel. Pero olvidan que la defensa de la libertad no está en el mercado puro y duro, sino en el restablecimiento del equilibrio que el mercado rompe. No olvidemos la presencia de los llamados fallos del mercado, como son las externalidades y la información asimétrica, que requieren de la intervención pública, ya que el consumidor no dispone de los recursos necesarios para concurrir libremente en el mercado de la información. Esa intervención pública no es intervencionismo, ni estalinismo, ni castrismo, ni nada parecido. Es velar por la existencia de instrumentos democráticos de control para que los ciudadanos dispongan de información plural y veraz. 

Nos espanta que quienes reconocen que el derecho de la información nace del artículo 20 de la Constitución no tengan el valor necesario para defender una regulación de la actividad periodística encaminada a garantizar la eficacia de los valores, los derechos y las libertades constitucionales. La libre concurrencia, el mercado, en contra de lo que hipócritamente defienden algunos, nunca va a resolver las deficiencias generadas, precisamente, por el normal funcionamiento del mercado. Los políticos lo saben, y han de actuar para restablecer el equilibrio. No hacerlo es ponerse de parte de los liberales, olvidando que vivimos en un Estado social y democrático de derecho y que esta sociedad es de todos y no es patrimonio de Coca-cola, de McDonalds y de Bush. 

El Estatuto del Periodista Profesional, con los instrumentos públicos de control adecuados –léase Consejo de la Información–, es una necesidad democrática. Para defender los derechos de la ciudadanía a una información plural y veraz.    

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