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El Noticiero (Pulse el botón "Actualizar" de su navegador para recibir nuestra edición más reciente)
Un guardia civil muerto y cuatro heridos en un atentado de ETA contra una casa cuartel de Álava Un guardia civil resultó muerto y otros cuatro heridos, aunque no peligra la vida de ninguno de ellos, tras la explosión de un coche bomba hacia las tres de la madrugada contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Legutiano (Álava), a pocos kilómetros de Vitoria. Según las primeras investigaciones, la furgoneta Citroën Berlingo estaba situada a la puerta del cuartel en la entrada de la población y cargaba con más de cien kilos de material explosivo, que fue detonado sin previo aviso de los terroristas. Juan Manuel Piñuel Villalón, el guardia civil asesinado, se encontraba en el pequeño edificio de vigilancia anexo a la casa cuartel, que quedó derruido por la explosión. Había nacido en Melilla en 1967, estaba casado y tenía un hijo. La explosión produjo en un primer momento un desaparecido, el sargento del cuartel, que fue rescatado con vida de entre los escombros dos horas después y es uno de los agentes hospitalizados, dos hombres y dos mujeres que se encuentran fuera de peligro. La Ertzaintza desplazó al lugar del atentado numerosas patrullas, así como un equipo de rescate en montaña y otro de perros entrenados en la búsqueda de personas, cortando además los accesos por carretera al pueblo. Pasadas las seis de la mañana se pudo dar por finalizada la operación de rescate. Según las primeras investigaciones, el método utilizado por ETA en este atentado fue similar al que ya ensayó el 2 de septiembre en Durango contra otra casa cuartel: los terroristas estacionaron la furgoneta cargada de explosivos, se dirigieron a otro vehículo desde el que los activaron y se dieron a la fuga.
El coche que usaron en su huida fue encontrado en una pista forestal del
puerto de Urkiola (Vizcaya), y tenía un dispositivo incendiario compuesto
por dos garrafas de gasolina y un temporizador, que fue desactivado por los
artificieros.
España: La Audiencia Nacional no procesará a los militares de EEUU implicados en la muerte del cámara José Couso La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó hoy la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a tres militares de EEUU implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso, ocurrida en Bagdad el 8 de abril de 2003, por estimar que no hay indicios “suficientes” para continuar con la investigación. El tribunal, que estuvo formado Ángel Hurtado como presidente, Ricardo de Prada como ponente, y Fermín Echarri, estimó que los indicios existentes no son suficientes para mantener el procesamiento. En la vista de apelación, celebrada el pasado 21 de abril, se discutió el recurso presentado por el Ministerio Público contra el auto de procesamiento del juez de Instrucción, Santiago Pedraz. En sus alegaciones, el fiscal insistió en que “no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso”. Aunque admitió que la Audiencia Nacional “es competente para investigar los crímenes de guerra, en este caso los hechos carecen del dolo necesario que recoge el convenio de Ginebra como requisito para llevar a cabo la investigación”. “No es un crimen de guerra ni un asesinato”, insistió el fiscal, por lo que solicitó el archivo definitivo de la causa y dejar sin efecto las tres órdenes de busca y captura y detención internacional dictadas por el juez Pedraz contra el sargento Thomas Gibson, y sus superiores el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford. Por su parte, el abogado de la familia Couso, Enrique Santiago, alegó que “hay motivos suficientes para llevar a cabo la investigación”, y acusó a la fiscalía de “ignorar la jurisdicción del Tribunal Supremo”, que ordenó la reapertura de la causa en diciembre de 2006. El letrado de la familia explicó que “los argumentos del fiscal carecen de ningún fundamento”, al quedar acreditado que el proyectil que acabó con Couso respondió “a un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de un hotel de periodistas protegido internacionalmente”. Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco, anunció que recurrirá esta decisión de nuevo ante el Tribunal Supremo, ya que se trata de la segunda vez que la Audiencia Nacional rechaza la decisión del juez Pedraz de investigar a los tres militares norteamericanos. La primera vez que decretó el archivo de la causa, el 10 de marzo de 2006, la Audiencia consideró que los hechos no fueron constitutivos de delito y que los soldados llevaron a cabo “un acto de guerra” con fatales consecuencias. En su auto de procesamiento, el juez de Instrucción señaló que esta acción podía ser constitutiva de un delito de asesinato con alevosía, así como otro contra la comunidad internacional que podría ser castigado con una pena de prisión de entre 10 y 15 años. En su inicial
recurso, el fiscal entendía que la actuación de los tres militares de EEUU
no fue “indiscriminada ni excesiva” aún cuando puede tener “relevancia penal
y ser merecedora de algún reproche punitivo”, y apuntaba a la “mala fortuna
y la fatalidad”.
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