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JAIME GARCÍA


¿Dónde quedó la reforma del sistema electoral?
 

Parece que haya pasado una eternidad, pero tan sólo distan seis meses de las últimas elecciones generales del 9 de marzo. Y enfrascada la opinión pública en la crisis económica que estamos viviendo, ha pasado a la historia (al menos por el tiempo que dure esta legislatura) el debate que siguió a dichas elecciones: la reforma del sistema electoral. Y es que el hecho de que fuerzas políticas como Izquierda Unida (3,80 por ciento de los votos y dos escaños) o UPyD (1,2 por ciento, 1 escaño) obtuvieran tan escasos réditos comparados con los de otras formaciones como CIU (3,05 por ciento del total de los votos, traducido en 10 escaños) o PNV (1,2 por ciento, 6 escaños), propició que se ahondara en lo que Gaspar Llamazares dio en llamar “tsunami bipartidista” y “sistema electoral injusto”.

Así, son por el momento tres las grandes propuestas que se barajarían en caso de una hipotética revisión del sistema electoral vigente. Por un lado, IU propone que el tamaño de la Cámara pase de 350 a 400 escaños, de los cuales 350 serían elegidos por el sistema actual y los restantes 50 saldrían de una bolsa nacional sin ningún tipo de barrera electoral. BNG, por su parte, promueve reemplazar la actual circunscripción provincial por la autonómica, manteniendo el tamaño de la Cámara en 350 diputados y la fórmula D´Hont. Finalmente, UPyD apuesta por una reforma más profunda, por la que el tamaño del Congreso quedaría fijado en 400 diputados, de los cuales 200 se distribuirían según la población de las Comunidades Autónomas y los otros 200 en una circunscripción nacional entre aquellas listas que recaben votos en un conjunto de Comunidades Autónomas que sumen al menos el 65 por ciento de la población. 

El actual sistema electoral se compone de varios elementos. En primer lugar, el tamaño del Congreso de los Diputados es de 350 diputados, opción elegida en la Ley para la Reforma política de 1976 al establecer la Constitución que éste debe estar compuesto por un número de escaños a elegir entre un mínimo de 300 y un máximo de 400. Se trata, por tanto, de una Cámara con pocos escaños a repartir para el volumen de la población del país. Otro elemento importante a la hora de analizar el sistema electoral es la circunscripción electoral. En España se ha optado por tomar la provincia como circunscripción en lugar de la comunidad autónoma. Ello da lugar a un número muy alto de circunscripciones para los escasos 350 escaños a repartir, lo que unido a la existencia de un alto número de provincias muy poco pobladas lleva a que el respeto a la proporcionalidad del sistema se vea limitado. Hay que tener en cuenta, además, que existe una prima provincial por la que cada provincia se asegura un mínimo de dos escaños, excepto Ceuta y Melilla, con un escaño cada una. 

La fórmula electoral que se utiliza en España es la fórmula D´Hont, basada en criterios de representación proporcional. Otra cosa es que en su aplicación se generen resultados distintos, debido a la influencia de los restantes elementos que conforman el sistema electoral, los citados anteriormente así como la barrera electoral o el sistema de candidaturas. 

En la cultura política española está más que interiorizada la necesidad de un sistema electoral proporcional, pero éste no es el sistema aplicado en todos los lugares del mundo. La alternativa es el sistema mayoritario, empleado en potencias mundiales como Estados Unidos o el Reino Unido. Según este sistema, el total de escaños a repartir por cada una de las circunscripciones se le otorga al partido con mayor porcentaje de votos, quedando relegadas las restantes fuerzas políticas a una nula representación. La complejidad, por tanto, se reduce al máximo. La ventaja del sistema mayoritario es la creación de gobiernos estables y eficaces, aunque no siempre ocurre así (hay que tener en cuenta la naturaleza del país en el que se aplica: en una sociedad fuertemente cohesionada es evidente que el resultado será el citado, pero cuando se trata de una sociedad con tendencias desintegradoras el resultado es justamente el inverso). Por el contrario, se produce una exagerada pérdida de votos de los partidos vencidos y una importante merma en los partidos minoritarios. El sistema proporcional, teóricamente, produce los efectos contrarios: se trataría de un sistema que respeta la voluntad popular, pero que daría lugar a gobiernos poco estables y, como consecuencia, poco eficaces. Sin embargo, esta última afirmación está sujeta a ciertos matices, al igual que ocurre con el sistema mayoritario. 

Si se analiza el caso español, vemos que un sistema que es teóricamente proporcional deriva en un bipartidismo más propio del mayoritario. Como se ha señalado antes, es el tamaño de las circunscripciones lo que determina en mayor medida el funcionamiento de nuestro sistema. Para entenderlo mejor, habría que hacer una división en distintos subsistemas. En primer lugar se situarían las circunscripciones de Madrid y Barcelona, con 35 y 31 diputados respectivamente. En ellas, la proporcionalidad funciona de manera casi perfecta. Algo parecido ocurre con Valencia (16), Sevilla (12) y Alicante (12), que se podrían clasificar en un segundo subsistema, en las cuales la proporcionalidad sigue siendo casi absoluta. Algo más limitada se ve la proporcionalidad en un tercer subsistema que agruparía a las provincias que se reparten entre 10 y 13 escaños (Cádiz, Málaga, Murcia, incluso Coruña, Asturias y Vizcaya), aunque sigue funcionando de una manera aceptable. Estamos hablando de aproximadamente 160 escaños repartidos de una “manera justa”, como diría Llamazares. En el resto de circunscripciones, la proporcionalidad se ve severamente corregida debido al tamaño de las mismas. 

El objetivo que debe perseguir todo sistema electoral es el de conseguir la mejor representación posible de la voluntad popular, a fin de propiciar un gobierno estable y eficaz. Es decir, recoger la complejidad que impone la sociedad, pero al mismo tiempo simplificar la voluntad popular todo lo que sea necesario para propiciar gobiernos estables. Y el sistema electoral español ha conseguido funcionar, en la práctica, como un compendio del sistema proporcional tan exigido y el mayoritario. Un número de diputados que se acerca a la mitad del total es elegido de manera proporcional, mientras que los restantes se rigen más bien por criterios mayoritarios. De este modo, se consigue solucionar el problema de la representación de los nacionalismos (pues la mejor manera de solucionar un problema no es evitarlo, sino intentar enmendarlo de alguna manera), al mismo tiempo que hay dos partidos mayoritarios, lo que garantiza la existencia de gobiernos estables aunque se sacrifique la proporcionalidad pura. Gracias a este sistema electoral, se tiende representar a todas las opciones políticas donde existen tensiones territoriales, y a las opciones mayoritarias allí donde estas tensiones son inexistentes. 

Es probable que tras las próximas elecciones generales, los partidos que salgan perjudicados vuelvan a exigir una reforma del sistema electoral. El partido ganador hará oídos sordos a las quejas, pues gracias al sistema vigente ha llegado al poder. Quizás se comprometa a hacer una revisión, siempre con la boca pequeña, claro. El principal partido de la oposición tampoco se quejará, puesto que con el actual sistema ha estado a punto de llegar al poder y, de hecho, en otras etapas ha gobernado. Y tras unos días de debate, tal vez semanas, todo volverá a la normalidad y nada cambiará, puesto que para que eso ocurra es necesario un consenso político que no se dará. Y mientras, seguirá vigente el actual sistema electoral que, como he tratado de explicar, contribuye a reforzar la estabilidad y eficacia de los gobiernos sin dejar de lado la exigencia de la proporcionalidad.25 septiembre 2008  

 


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