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CECILIO URGOITI El Tratado de Lisboa comienza su camino
Ya hace dos años que los dirigentes de la Unión Europa suscribieron el Tratado de Lisboa, sustituyendo a la que siempre califique como mal llamada Constitución Europea. Así culminaron unas negociaciones sobre asuntos institucionales de los Estados de la Unión, que durarían varios años y de un coste de varios textos, incluyendo algunos editados como definitivos, y por tanto publicados. O más aún, superados los referéndums pertinentes, como en el caso español, que obtuvo un 77 por ciento de votos afirmativos, ocurriendo esto último en febrero de 2005. El Tratado de Lisboa no es un texto que se anexiona a otros, sino que modifica los Tratados de la UE y la CE ahora en vigor, pero no los sustituye. La nueva normativa dotará a la Unión de un marco jurídico y del mismo modo solucionará y proporcionará los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos del futuro en materia ciudadana y en proporcionalidad democrática. Asimismo, dará respuesta a las exigencias de los ciudadanos en lo concerniente a su propia condición de tales. Dará una nueva dimensión a la condición de ciudadano, dentro del galimatías que es hoy la Europa de naciones. Una Europa más demócrata y traslúcida, donde el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales tendrán mayor protagonismo, habrá más oportunidades –y y más razón de ser– para que los ciudadanos hagan oír su voz. También será más fácil saber cómo se reparten las tareas a nivel europeo y nacional. “Un mayor protagonismo del Parlamento Europeo”, decía el europarlamentario socialista Juan Fernando López Aguilar. El Parlamento Europeo, directamente elegido por los ciudadanos de la Unión, estrenará nuevas competencias sobre legislación, presupuesto y acuerdos internacionales de la UE. El impulso dado al procedimiento de codecisión colocará al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los Estados miembros. Esto será válido para la mayor parte de la legislación de la UE. Va haber una mayor participación de los parlamentos de cada una de los países miembros. Los parlamentos de cada nación podrán participar de una manera más activa en las decisiones de la UE, principalmente a través de un nuevo mecanismo para controlar que la Unión actúe, exclusivamente, cuando la intervención a nivel de la UE resulte más eficaz; o sea, el denominado por el Tratado como “principio de subsidiariedad”. Esta novedad, unida al mayor protagonismo del Parlamento Europeo, acrecentará la democracia y la legitimidad de las actuaciones de la Unión. Otra de las novedades es la “escucha de los ciudadanos”. Gracias a la “iniciativa ciudadana”, un grupo de al menos un millón de ciudadanos, pertenecientes a un número significativo de Estados miembros, podrá requerir a la Comisión que haga proposiciones de legislación. También entrará en vigor un nuevo reparto de tareas. Las relaciones entre los Estados miembros y la Unión Europea quedará ahora de una forma más determinante, en virtud de la clasificación precisa de competencias que cada cual tiene otorgadas. Llegando incluso a contemplar la “retirada de la Unión”. El Tratado de Lisboa prevé claramente, por primera vez, la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión. Hasta ahora, si ocurría esto, le hubiera ocasionado un auténtico lío a los servicios jurídicos de la UE y al Estado en cuestión. Este Tratado está buscando una Unión Europea más eficaz, con métodos de trabajo y votación simplificados. Sus instituciones deben de ser modernas y adaptadas a la Unión de los Veintisiete, y debe dotarse de una mayor capacidad para actuar en los ámbitos prioritarios. Construyendo, así, una UE de hoy, con un dinamismo propio de las actuales circunstancias. El mes de enero le toca a España presidir, de forma rotatoria, esa nueva Europa. Va a ser Zapatero quien, conjuntamente con la Comisión, el Parlamento y la nueva presidencia de tiempo completo, lo empiece a hacer realidad. El primer ministro de Bélgica, Herman Van Rompuy, fue escogido el 19 de noviembre como el primer presidente de tiempo completo de la Unión Europea, mientras la comisaria de Comercio de la UE, la británica Catherine Ashton, será la jefa de Política Exterior de la Europa de las 27 naciones. “El día de hoy tomamos una decisión sobre las personas que conducirán a Europa hacia el futuro”, dijo el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, cuyo país ocupa actualmente la presidencia rotatoria de la UE, durante una conferencia de prensa ofrecida en la noche del día 19 en Bruselas, después de una cumbre informal de los 27 Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, donde se adoptó tal decisión. Van Rompuy dijo que el nombramiento “marca un reconocimiento para mi país como miembro fundador de la UE”, añadiendo que asumirá el cargo de primer presidente permanente de la UE el 1 de enero de 2010. Los dos nuevos cargos están regulados por el Tratado de Lisboa, que entra en vigor el primero de diciembre de 2009. El texto de ese Tratado exige una mayor eficacia en la toma de decisiones. La aprobación por mayoría cualificada en el Consejo se ampliará a otras políticas, con el fin de agilizar las decisiones e incrementar su eficacia. A partir de 2014, la mayoría cualificada obedecerá al principio de doble mayoría: mayoría de los Estados miembros y de la población, reflejando así la doble legitimidad de la Unión. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen, como mínimo, el 55 por ciento de los Estados miembros y el 65 por ciento de la población. Se ha buscado un marco institucional más estable y racional. El Tratado de Lisboa crea el cargo de Presidente del Consejo Europeo, elegido por dos años y medio, y vincula directamente la elección del Presidente de la Comisión a los resultados de las elecciones europeas. Prevé nuevas disposiciones relativas a la futura composición del Parlamento Europeo y a la reducción de la Comisión, e introduce normas más claras sobre las cooperaciones reforzadas y los aspectos financieros. Este Tratado de Lisboa supondrá una mayor prosperidad y ampliará la capacidad de la UE para abordar cuestiones que hoy día son prioritarias para la Unión y sus ciudadanos. Es el caso de la actuación en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, ya sea para luchar contra el terrorismo o combatir la delincuencia. Lo mismo ocurre, en cierta medida, con otros campos como política energética, salud pública, protección civil, cambio climático, servicios de interés general, investigación, política espacial, cohesión territorial, política comercial, ayuda humanitaria, deporte, turismo y cooperación administrativa. Téngase en cuenta que la pretensión es una Europa de derechos y valores, de libertad, solidaridad y seguridad, que potencie la Unión, conceda rango de derecho primario a la Carta de los Derechos Fundamentales instituya nuevos mecanismos de solidaridad y garantice una mejor protección a sus ciudadanos. En relación a los derechos de los ciudadanos y la Carta de los Derechos Fundamentales, el Tratado de Lisboa conserva los derechos ya existentes e introduce otros nuevos. En particular, garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. La Carta contiene derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Una de los fundamentos que llegaron a inspirar el Tratado que recibió el nombre de Comunidad Económica Europea fue la solidaridad entre los Estados miembros. El Tratado de Lisboa establece que la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad. Si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural, o de origen humano, ahí deben de estar el resto de Estados miembros. Bien es verdad que estando sus miembros adheridos a la OTAN, ya hay un principio establecido para tal fin. También se hace hincapié en la solidaridad en el sector de la energía. Gracias al Tratado de Lisboa, Europa estará en condiciones de expresarse con más claridad ante sus socios internacionales. Se pondrán en juego todas las capacidades económicas, humanitarias, políticas y diplomáticas de Europa, para fomentar sus intereses y valores en todo el mundo, respetando los intereses particulares de los Estados miembros en el marco de las relaciones exteriores. La “Alta Representante” de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también será Vicepresidenta de la Comisión, dará mayor peso, coherencia y visibilidad a la actuación exterior de la UE. Para esta tarea se contará con un nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, que asistirá a la Alta Representante en el desempeño de sus funciones. La personalidad jurídica única de la Unión fortificará su poder de negociación, convirtiéndola en un actor más eficaz a escala internacional y un socio más visible para otros países y organizaciones internacionales. Este ha sido un resumen del nuevo Tratado que sustituirá a una “constitución” que los españoles votamos mayoritariamente, pero que nunca entró en vigor. El Tratado de Lisboa sí fue ratificado como Ley Orgánica por las Cortes Españolas, en julio de
2008. |
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Nº Febrero 2010
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