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ANGELINO ALEJANDRE Aprobada la
nueva Ley Audiovisual española El Pleno del Congreso de los Diputados del miércoles 18 de marzo aprobó, de forma definitiva, la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, después ratificar la mayoría de las enmiendas introducidas en su día en el Senado. El texto final, que se remite al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor al mes siguiente, fue aprobado con los votos de PSOE, CiU y CC, la abstención del PNV y los votos contrarios de PP, IU y ERC. La nueva norma constituye el marco regulador sobre los contenidos y el funcionamiento empresarial de las televisiones, hasta ahora en buena parte disperso en multitud de disposiciones parciales y códigos de autorregulación, y crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano supervisor. La ley establece un régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias audiovisuales, y se recoge como un derecho de los operadores lanzar canales de pago, limitándolos a un 50 por ciento de los concedidos a cada licencia. Entre las principales novedades figura un tiempo máximo de publicidad, que será de 20 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (5 minutos) y telepromoción (3 minutos). Otro de los temas regulados es la protección a los menores, al establecer que los contenidos que puedan ser “perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual”, y también excluye de este horario ciertos anuncios publicitarios, como el de algunas bebidas alcohólicas. A su paso por el Senado se incluyó una protección adicional, ya que se acordó que las televisiones utilicen una codificación digital especial en sus emisiones, que permita a los padres ejercer un control parental sobre lo que ven sus hijos por la televisión. La ley también regula los programas de juegos y apuestas, que sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana y los de contenido esotérico entre las 22 y las 7 de la mañana, al tiempo que determina que los prestadores del servicio tendrán responsabilidad sobre fraudes que pudieran producirse. El texto obliga a los operadores privados a invertir el 5 por ciento de sus ingresos en cine europeo, así como series para televisión, mientras que para los públicos esta obligación es del 6 por ciento. El portavoz socialista, Óscar López, manifestó que la ley culmina una reforma de seis años, “con mucha negoaciación política” por parte del Gobierno, donde hay un nuevo modelo pluralista de televisión, “sin deuda y sin manipulación del PP”. Por su parte, el portavoz popular, Miguel Ángel Cortés, basó su crítica a la norma en el artículo que crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y se mostró “radicalmente en contra” de que un organismo administrativo pueda cerrar un medio de comunicación, cuando eso sólo lo puede hacer un juez, y “que este Consejo nos diga qué podemos ver y qué no, ejerciendo una censura ideológica”. El portavoz del PNV, Pedro María Aspiazu, afirmó que la nueva ley está hecha a la medida de las televisiones privadas , como la Ley de Financiación de TVE, “que recoge las principales demandas de las empresas de televisión en abierto, además de inventarse una tasa que deberán pagar los telecomunicadores”. Joan Ridao, portavoz de ERC, dijo que la ley perpetúa el monopolio del castellano, crea una relación “servilista” del Gobierno con el sector privado y no fortalece al sector público. Para el
portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la ley sirve a “un mercado audiovisual
sin pluralismo”, y la calificó de “ley Berlusconi”. Afirmó que es la ley de
la privatización de TVE y que favorece a la ultraderecha, al permitir emitir
en cadena a empresas de ámbito local, muchas de las cuales están en manos de
ultraconservadores. |
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