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JOAQUÍN RODRÍGUEZ MORENO Cien días de reformas y recortes El Gobierno del
PP ha puesto en marcha una batería de reformas con las que hacer frente al
mayor vendaval económico de los últimos tiempos De haber sabido cómo iban a ser los primeros meses en el Gobierno, tal vez Mariano Rajoy se hubiera pensado dos veces si compensaba llegar hasta La Moncloa. Tres meses y medio de reformas y ahorro han llevado al Gobierno a enfrentarse con una huelga general el pasado 29 de marzo, una prima de riesgo desbocada por encima de los 400 puntos básicos y un descontento creciente entre la población, que ve cómo las partidas de sanidad y educación se reducen más y más, con un último recorte de 10.000 millones de euros. Según la nota de prensa oficial, esta última reducción pretende una “mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos”, y se une al recorte previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que incluyen una rebaja del gasto respecto al año anterior de un 13,7 por ciento para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de un 21,2 por ciento en el de Educación, Cultura y Deporte. Las decisiones del Ejecutivo se engloban dentro de la estrategia para cumplir el tope del 5,4 por ciento de déficit público en 2012, marcado desde la Comisión Europea. “Los ciudadanos pueden estar tranquilos que este país cumplirá y saldrá adelante. Con el esfuerzo de todos, pero lo haremos”, ha asegurado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso de los Diputados, mientras el Gobierno ha presentado el Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012 ante la Comisión Europea. El presidente del Gobierno mantuvo el 9 de abril un encuentro con los titulares de Sanidad y Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert, para acordar la el referido paquete de recortes adicionales en sus ministerios, con la que apaciguar a los mercados y lograr que la financiación de la deuda salga más barata. El ahorro estimado en Sanidad rondará los 7.000 millones de euros, y unos 3.000 millones en Educación. Según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, entre las medidas propuestas figuran el establecimiento de una cartera básica de servicios, una tarjeta sanitaria única para toda España, la receta electrónica o una central de compras para todo el territorio. Esta última medida supondría el 10 por ciento de los 7.000 millones comprometidos en Sanidad, al negociar los precios de los productos sanitarios en grandes cantidades, ganando márgenes de ahorro muy amplios. Quedan en el aire medidas como el copago sanitario para las rentas más altas, que deslizó como propuesta Luis de Guindos. Un pago sólo para aquellos que más tienen, que fue desechado por el Partido Popular, al asegurar la gratuidad del sistema de Salud. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha generado un nuevo debate al afirmar que es necesario “revisar en profundidad el Estado autonómico”. Esta idea plantea la racionalización de la estructura administrativa, con la devolución de competencias al Estado en aspectos clave como Justicia, Educación o Sanidad; mientras propone que responsabilidades como transporte y servicios sociales sean competencia de los ayuntamientos. Esta propuesta, muy crítica con el actual funcionamiento del Estado de las Autonomías, generará sin duda polémica entre las fuerzas políticas, pero en términos económicos podría suponer, según estimaciones de la propia Aguirre, hasta un ahorro cercano a los 48.000 millones de euros, que el resto de fuerzas políticas –PP incluido– rebajan de manera drástica. LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA La hoja de ruta trazada por la Comisión Europea para España incluye embridar el gasto de las comunidades autónomas al 1,5 por ciento de déficit en 2012. Este mandato es difícil de llevar a cabo en un Estado donde las CC.AA. gozan de gran autonomía para establecer sus presupuestos, y donde las arcas regionales no hacen sino recuento de facturas por pagar. Para cumplir este propósito y para desarrollar el modificado artículo 135 de la Constitución, acordado entre el PSOE y el PP el verano anterior, la Comisión de Hacienda del Congreso daba luz verde a la Ley de Estabilidad Presupuestaria el lunes 9 de abril, con el único voto favorable del PP y los tres diputados de UPN y FA. La norma incluye mecanismos de supervisión, penalización e intervención desde el Gobierno hacia las autonomías, en caso de incumplimiento del déficit decidido. La nueva Ley permite alcanzar un déficit estructural máximo del 0,4 por ciento para todas las administraciones, limitado a la puesta en marcha de reformas con un impacto presupuestario positivo a largo plazo. También posibilita al Estado a ejercer la tutela financiera sobre un organismo local, cuando la autonomía encargada no haya tomado las medidas adecuadas. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmaba en una entrevista concedida el mismo 9 de abril que “las autonomías van a cumplir sí o sí... porque la Ley les obliga”. Esta advertencia se dirigía a los gobiernos autonómicos, en especial aquellos no controlados por el PP, como Cataluña y Andalucía. “En caso extremo se manda una delegación para hacer una gestión directa presupuestaria en esa comunidad”. Montoro pretende acotar los servicios que ofrecen las comunidades, siendo la suma del gasto en Educación y Sanidad más del 60 por ciento del presupuesto de las CC.AA. españolas. “Hay que revisar, reequilibrar y reordenar el Estado autonómico”, enfatizó Montoro en la entrevista, para añadir que las comunidades autónomas ofrecen servicios públicos excesivos para su verdadera capacidad de financiación. El objetivo para 2020 de un déficit estructural público igual a cero es la seña de identidad del nuevo Gobierno, y la que rompió el acuerdo con el PSOE. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas afirma que “para crecer necesitamos financiar la economía y tenemos que hacer que el sector público haga su ajuste”. Y remacha: “Si no hay financiación, no hay crecimiento y no se puede crear empleo”. Como era de esperar, esta herramienta no despierta simpatías entre las autonomías. Critica la norma el diputado Sánchez Llibre, de CIU, por “violar el autogobierno”, en este caso de Cataluña. Por su parte, el parlamentario socialista Pedro Saura acusa al Gobierno de olvidar el crecimiento económico, anteponiendo el déficit cero. Además, Saura cuestionó la credibilidad de la política económica del Gobierno a propósito del apoyo en solitario del Grupo Popular a la norma: “tampoco es un buen mensaje para los mercados”. LA REFORMA LABORAL Y LA HUELGA GENERAL DEL 29M A su llegada al Gobierno Rajoy ha cambiado el traje por el mono de trabajo. Su Ejecutivo ha puesto en marcha reformas en todos los ámbitos del sistema. Duramente rechazadas desde la oposición, algunas de ellas son: la reforma laboral, la reducción de empresas y fundaciones públicas, la reforma del sector financiero, así como mecanismos de financiación para que los ayuntamientos paguen a sus acreedores. La reforma laboral, impulsada por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, pretende cambiar las reglas de juego en el plano laboral, modifica artículos clave del Estatuto de los Trabajadores para flexibilizar los horarios y la movilidad de los asalariados, abarata bruscamente el despido y ofrece incentivos fiscales a las empresas en el caso de contratar a jóvenes hasta 30 años y a mayores de 45 años. El presidente del Gobierno evitó presentar sus reformas como la panacea. Así, en la sesión de control del miércoles 15 de febrero advirtió que las medidas que adopte no tendrán efectos “en el corto plazo por la situación económica internacional, especialmente europea”. Sin embargo, le faltó cautela en el primer Consejo Europeo al que asistía, pues un micrófono captó su conversación con otro gobernante europeo: “La reforma laboral me va a costar una huelga”. La nueva norma ha tenido buena acogida entre los empresarios, los grandes beneficiados, y también entre la patronal de las pymes, pero ha sido rechazada de plano por todos los partidos, especialmente PSOE e IU, y por los sindicatos. UGT y CCOO convocaron una huelga general el 29 de marzo, con el propósito de obligar al Gobierno a modificar sus medidas, pero el Gobierno avisó de su posición inamovible sobre los términos de la nueva reforma laboral, argumentando que es necesaria para España. La norma dispone abaratar las indemnizaciones por despido, generaliza el despido por causas objetivas, quita buena parte de sus competencias a los sindicatos al primar los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, y elimina la autorización administrativa previa para los Expedientes de Regulación de Empleo Extintivos. Todas estas críticas componen el argumentario de sus detractores. El abaratamiento del despido se fija en 20 días por año
trabajado para el procedente. La empresa puede acogerse a esta fórmula si
lleva tres trimestres de pérdidas, de reducción de ventas o de ingresos.
Enunciado que se puede interpretar siempre a favor de la empresa, abriendo
la puerta a despedir por causas objetivas prácticamente a cualquier
trabajador. El despido improcedente también baja de coste y se queda en 33
días por año trabajado. El jueves 29 de marzo la huelga general, convocada principalmente por los dos sindicatos mayoritarios, tuvo más impacto que otros paros anteriores. Su mayor eco lo obtuvo en Navarra, País Vasco y Cataluña, ya que allí los sindicatos nacionalistas se unieron a la convocatoria de UGT y CCOO. El seguimiento de la misma fue, según las centrales sindicales, de un 75 por ciento. Por su parte el Gobierno prefirió no entrar en el baile habitual de cifras y se limitó a decir que el consumo eléctrico fue similar al de la huelga general contra Zapatero, en septiembre de 2010, que tuvo un escaso seguimiento. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2012 El año 2012 comenzó con una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año anterior, pues el Ejecutivo socialista prefirió dejar su aprobación para después de las elecciones del 20N. La jugada de Zapatero descolocó a las autonomías, necesitadas de los PGE para elaborar sus propias predicciones y presupuestos regionales. La idea de la Comisión Europea era obligar a Rajoy a presentar los PGE de 2012 lo antes posible, con el fin de tranquilizar a los inversores. A pesar de la insistencia del comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, la cercanía de las elecciones andaluzas en marzo y la posibilidad de investir a Javier Arenas como presidente de la comunidad hicieron a Rajoy tensar la cuerda, aplazando la presentación del borrador de los nuevos PGE. Esta circunstancia provocó una sensación de falta de compromiso a la hora de atajar la deuda pública, y el crédito internacional de Rajoy disminuyó de forma considerable. Pese a la inédita contundencia, con 27.800 millones de euros de recorte en el ajuste fiscal, un 17 por ciento de rebaja del gasto con respecto a 2011, la tardanza en aprobar el proyecto de nuevos presupuestos provocó una nueva subida del diferencial de deuda el mismo día en que el Consejo de Ministros presentaba el borrador de los PGE de 2012. En ese borrador se incluye una regularización al 10 por ciento de interés, casi una amnistía fiscal para evasores de capital, para que salga a la luz dinero negro o repatrar capital del exterior. Una decisión que le ha costado al Gobierno de Rajoy grandes críticas desde todas las fuerzas políticas, con el peso añadido del eco de las declaraciones de dirigentes populares resonando no muy lejano en contra de tal amnistía. Los 27.800 millones de euros se desglosan en 2.300 de operaciones de préstamo a saldar y 15.500 millones de recorte real en el gasto estatal. Destaca la reducción de 3.094 millones en el Ministerio de Fomento, 2.458 millones en el Servicio Público de Empleo Estatal, y de 1.762 en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Continuando con las cifras, en los PGE de 2012 se contempla una reducción de 1.441 millones en Exteriores y Cooperación, 1.419 millones en Economía y Competitividad, y 830 millones en Educación, Cultura y Deporte. Del total del ajuste fiscal el Gobierno prevé ingresar
10.000 millones adicionales, debido a la subida del Impuesto de Sociedades,
el aumento temporal del IRPF en funcionamiento desde enero, el alza del
tabaco, las nuevas tasas jurisdiccionales y 2.500 millones de euros por el
gravamen especial directo del patrimonio aflorado. |
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