ALEJANDRA RUEDA MORAL

TVE acogió el debate que dio voz a los partidos más representativos 

La crisis económica y el paro lideraron el “Debate a cinco” que presentó Televisión Española la noche del miércoles 9 de noviembre. Los partidos que asistieron al encuentro representaban los cinco bloques mayoritarios del Congreso de los Diputados, y estuvieron personificados por Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia y candidato del PSOE por Álava; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid y número 4 de la lista madrileña del Partido Popular al Congreso; Pere Macias, número dos de Convergencia y Unió por Barcelona; Josu Erkoreka, cabeza de la lista del PNV al Congreso por Vizcaya; y Gaspar Llamazares, número uno de Izquierda Unida por Asturias.  

También se contó con las intervenciones grabadas de los partidos que forman el Grupo Mixto: Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Coalición Canaria (CC) y Unión Progreso y Democracia (UPD), que expusieron sus propuestas a través de las figuras de Francisco Jorquera, cabeza de lista del BNG por A Coruña; Ana Oramas, diputada y de nuevo candidata de CC por Tenerife; y la líder de UPD, Rosa Díez.   

El objetivo del debate fue intercambiar argumentos para que los ciudadanos pudieran forjarse una opinión de cara a las próximas elecciones. En cuanto a la estructura, fue la misma que en el debate celebrado el lunes entre los candidatos Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Hubo tres bloques: economía y empleo; políticas sociales; y democracia y otras políticas.   

ECONOMÍA Y EMPLEO 

El primero en intervenir en este bloque fue Ramón Jáuregui (PSOE), que aprovechó su turno para denunciar lo que él llamó tres falsedades: que la crisis económica la ha generado el Partido Socialista o España, que cambiando el Gobierno van a resolverse los problemas, y que el Partido Popular ha ayudado en la crisis a España.   

Por alusiones, el siguiente en tomar la palabra fue Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien negó al ministro de la Presidencia la posibilidad de escudarse en una crisis internacional para defender la actuación de su Gobierno. También cuestionó la unidad del Partido Socialista, en respuesta a la afirmación de que el PP no ha ayudado al PSOE durante la crisis.   

Gallardón añadió una serie de aportaciones para solucionar la crisis, como alentar la inversión, reducir el gasto público, asegurar la unidad de mercado, eliminar trabas burocráticas, recuperar el crédito, hacer una reforma fiscal que no castigue a los ciudadanos y una reforma laboral que incentive contratar.   

Pere Macias (CiU) fue el siguiente en el turno de palabra. A Convergència i Unió, le interesa “dar soluciones”. A su juicio, el principal problema es el paro y sólo es posible una salida de la crisis mediante la reactivación de la economía. “Los empleos no los crea ni el Boletín Oficial del Estado ni ninguna disposición normativa. Los crea la economía productiva”. Añadió que la economía productiva se consigue con crédito, aplicando con rigor la ley de morosidad, a través de la moderación fiscal, políticas industriales y un plan de choque como el formulado por Duran i Lleida este verano, del que salieron las medidas que plantearon durante el debate del lunes los candidatos a la presidencia por PP y PSOE, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.   

Macias mencionó también otra base para la mejora de la economía, como es priorizar las inversiones que contribuyan a la creación de riqueza. Habló de infraestructuras de alcance europeo y de la necesidad que tiene el Estado español de “con los mismos recursos, obtener el máximo resultado”. Para CiU, la prioridad es el eje ferroviario mediterráneo, que en su opinión será el encargado de la recuperación económica de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.   

A continuación le llegó el turno a Gaspar Llamazares (IU). Comenzó con la apreciación de que, en mayor o menor medida, todos los partidos allí presentes proponen ajustes para solucionar la crisis. Sin embargo, la visión de IU es que esos ajustes ya se han realizado y no han obtenido otro resultado que el que estemos ahora al borde de la recesión. “Los ciudadanos ya no se fían de los políticos, porque piensan que han tomado medidas injustas. Por la ‘ley del embudo’ a unos les toca muy poco y a otros mucho” ,explicó Llamazares.   

Añadió que a los sectores económicamente pudientes de este país no se les ha pedido ningún esfuerzo y que, además, las propuestas del Partido Socialista y el Partido Popular no cuentan, sino que “quien determina la política económica en nuestro país es la carta de Trichet, por una parte, y el FMI por otra”. Llamazares explicó que han sido ellos quienes han decidido que la política a impulsar son los recortes. Aseguró que tiene que haber una salida justa de la crisis, a la que se llegará haciendo que los que más tienen aporten más al esfuerzo dedicado al empleo, al Estado del bienestar y al impulso público de la economía. “No se puede hacer un ajuste e impulsar la economía al mismo tiempo”, le replicó a Jáuregui.   

Por último, tomó la palabra Josu Erkoreka (PNV), para quien la imposibilidad que presenta España para salir de la crisis se debe a dos medidas que tomaron PP y PSOE en legislaturas anteriores. Recordó que en los años 90, durante el Gobierno socialista, se dijo que “la mejor política industrial es la que no existe”; y que años después el PP promulgó una ley del suelo que convertía casi todo el territorio en urbanizable, y de esta manera colocaba a la construcción en el eje principal de la economía.   

“Afortunadamente, en Euskadi las cosas se hicieron de otra manera, e ignorando las recomendaciones del Estado se apostó por la industria, modernizando la tradicional, impulsando nuevos sectores industriales emergentes. Lo que ha conseguido que la economía vasca sea más resistente a los embates de la crisis que la economía española”, dijo Erkoreka antes de añadir que es necesario “volcarse en la economía real y olvidarse de la especulativa”.  

Una vez finalizado el tiempo para los presentes en la sala, se emitieron las intervenciones de los partidos que forman el Grupo Mixto.  

Ana Oramas (CC) insistió en que la prioridad para los nacionalistas canarios es el empleo: “El empleo y la economía son los ejes fundamentales de estas elecciones y del futuro”. Añadió que los nacionalistas canarios creen que el empleo pasa por un apoyo decidido de todas las fuerzas políticas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, a través de incentivos fiscales como el crédito o la reforma fiscal, puesto que “son el gran motor, el único que puede crear empleo en este país”.   

Rosa Díez (UPD) manifestó que, para enfrentarnos a la crisis económica, lo que hay que hacer es terminar con las duplicidades y los despilfarros, “justo lo contrario a lo que quieren las personas que están ahí sentadas, que sólo quieren mantener sus 17 chiringuitos”. Añadió que si las comunidades autónomas utilizasen los criterios de las tres más eficientes, podrían ahorrarse 26.000 millones de euros al año; y si además se persiguiera el fraude fiscal, podrían recaudarse otros 70.000 millones de euros. Unos recursos que representan “lo que hace falta para no bajar los sueldos a los funcionarios, para no congelar las pensiones, para no recortar en políticas sociales”. Por ello propuso fiscalidad común a toda España y una reforma laboral justa.   

Francisco Jorquera (BNG) anunció que son necesarias nuevas políticas que refuercen a los poderes públicos a la hora de regular la actividad económica, y que es necesario estimular la economía para favorecer la creación de empleo. Sostuvo que el ahorro de las administraciones debe realizarse en el gasto superfluo, suprimiendo ministerios en áreas donde las competencias están transferidas, eliminando diputaciones provinciales, reduciendo el gasto militar y operando sobre los impuestos: “es necesario exigir un mayor esfuerzo fiscal a quien más tiene, para financiar políticas públicas imprescindibles para salir de la crisis económica”. En cuanto al sector financiero, dijo que cree necesario apostar por una banca pública que restituya el flujo del crédito a la economía productiva. 

POLÍTICAS SOCIALES  

En este segundo bloque, el primero en intervenir fue Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que anunció que cree conveniente “preservar la universalidad y la calidad de los servicios públicos”. Su discurso se centró en tres aspectos: la educación, la sanidad y las pensiones. En cuanto a la educación, insistió en que no se puede seguir con un fracaso y un abandono escolar cercano al 30 por ciento, y que la solución al problema estriba en “apostar por una educación pública y de calidad, compatible con la libertad de elección de los padres”, y en que se cree una educación pensando en el empleo, cercana a lo que demanda el mundo laboral. Se mostró rotundo en lo concerniente a la financiación de la sanidad e insistió en que ésta debe ser con cargo a los impuestos: “Lo digo con toda rotundidad: no al copago en sanidad”. Y añadió que la sanidad pública “es un logro histórico de nuestra nación que no debemos de ninguna de las formas perder”, al igual que ocurre con las pensiones, de las que garantizó su revalorización.   

El siguiente en participar fue Gaspar Llamazares (IU), que apuntó que la campaña electoral no suspende la realidad y que en estos momentos se está realizando una “abrumadora política de recortes”. Señaló que el primero de ellos es el que en materia de pensiones retrasa la edad de jubilación y las congela; pero que también existen recortes en sanidad y educación que se aplican en las comunidades autónomas gobernadas por PP y CiU, que afectan a la calidad de la atención a los ciudadanos. “Tenemos un Estado del ‘medioestar’, no del bienestar, y en buena parte porque nunca ha contribuido la parte más rica de este país a la creación del Estado social”.   

Por alusiones, Pere Macias (CiU) se defendió diciendo a Llamazares que Cataluña es uno de los territorios que más contribuye a la riqueza, pero que no recibe en la misma proporción. Complementó su intervención diciendo que una de las primeras cosas que se puede hacer en las Cortes Generales es un pacto de Estado en materia de sanidad, donde se pueda apostar por las fórmulas que garanticen la sostenibilidad del sistema.   

Josu Erkoreka (PNV) tomó a continuación la palabra, poniendo de manifiesto que nadie va a decir que está por la labor de desmantelar el Estado del bienestar, pero que el problema es, como apuntaba Llamazares, la realidad. Recordó que los recortes son ya una realidad y que la economía se estanca. Las administraciones públicas disponen de menos recursos y hay que administrarlos mejor, de manera que es necesario distinguir lo esencial de lo que no lo es.   

Tras Erkoreka le llegó el turno a Jáuregui (PSOE), que respondió a la intervención de Gallardón acusándole de una privatización encubierta y una degradación del servicio público por parte de su partido. Manifestó con respecto a la sanidad que ya se está recortando, de manera que afecta en la calidad del servicio para los ciudadanos y añadió que, cuando la calidad no está en el servicio público y está en el privado, deja de haber igualdad de oportunidades. Para defenderse de las acusaciones de Ruiz-Gallardón, completó su espacio enumerando todas las políticas sociales que ha llevado a cabo el Gobierno socialista en las dos últimas legislaturas.   

En cuanto a los representantes del Grupo Mixto, el BNG anunció que cree que la crisis está siendo aprovechada por los poderes económicos para imponer su programa de máximos, para poder ir recortando poco a poco el Estado del bienestar e ir precarizando y degradando los servicios públicos, para convertir cuestiones básicas como las pensiones, la educación, o la sanidad en oportunidades de negocio para el sector privado. Como medidas contra esto, Francisco Jorquera propuso equiparar el gasto social a la media de Europa, defender la titularidad pública en la gestión de los servicios básicos, e invertir en políticas sociales que contribuyan a la regeneración económica y a la creación de empleo. Y para financiarlas, consideró imprescindible una reforma fiscal integral que equipare la presión fiscal sobre las rentas altas.   

El partido nacionalista Coalición Canaria asoció el paro con las políticas sociales diciendo que, desde su punto de vista, “la mejor política social es el empleo”. Ana Oramas añadió que España ha avanzado muchísimo en las políticas de bienestar, que tiene una buena sanidad, una buena educación, unas normas que regulan las relaciones laborales y un sistema de pensiones garantizado; y que lo que no se puede consentir es que ningún Gobierno dé marcha atrás en esas políticas del Estado del bienestar.   

Para UPD, “hablar de políticas sociales en la legislatura campeona de los recortes sociales es verdaderamente enfrentarnos a un drama”. Rosa Díez declaró que esta legislatura ha convertido a España en uno de los países en la cola de la desigualdad. “Somos, con Lituania, con Letonia y con Rumanía, el cuarto país más desigual”. Explicó que no sólo es responsable de esto el Gobierno de la Nación, sino que para llevar a cabo estas políticas fue necesario el apoyo alternativo de Convergència i Unió o del PNV, según los casos, y desde luego el de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.   

DEMOCRACIA Y OTRAS POLÍTICAS  

En este tercer bloque fueron muchos los temas a tratar, pero hubo uno en el que todos los asistentes al debate en el plató se manifestaron de acuerdo: la trascendencia de la noticia del cese definitivo de la violencia de la banda terrorista ETA, y cómo ha favorecido al contexto de seguridad y libertad en el que se van a celebrar las próximas elecciones.   

Comenzaron los cinco sus intervenciones refiriéndose a este asunto, pero tras las muestras de satisfacción y esperanza que todos mostraron fue Gaspar Llamazares el primero en aportar otra línea de debate al margen del fin de ETA. El representante de Izquierda Unida propuso a los demás integrantes de la mesa reflexionar acerca de tres problemas que consideró fundamentales: la corrupción política, la contaminación bipartidista de todos los órganos del Estado, y el hecho de que PP y PSOE realizasen este verano una reforma constitucional sin someterla a un referéndum ciudadano.  

A continuación intervino Pere Macias (CiU), que utilizó su intervención para exteriorizar su indignación tras escuchar el comentario de Rosa Díez (UPD) en el que trataba a las comunidades autónomas como “chiringuitos”. También manifestó su preocupación por la lengua catalana, que según su argumentación está –al igual que el resto de lenguas minoritarias– gravemente afectada por los medios de comunicación y necesita, más que nunca, una eficaz protección.   

Josu Erkoreka (PNV) compartió la preocupación de Llamazares con respecto a lo reticentes que son los principales partidos del Estado con respecto a la participación ciudadana, y en concreto con las de democracia directa: “El sistema español es de democracia representativa, pero las técnicas de democracia directa están presentes en la Constitución y se pueden utilizar. No hay que utilizarlas de un modo tan parco”. También habló de que “los enemigos de las autonomías” han aprovechado la crisis económica para buscar la centralización del poder en el Gobierno de Madrid.   

Jáuregui (PSOE) admitió que, como vasco, mira con envidia al bilingüismo catalán, que por supuesto es apoyado por el PSOE. Increpó a Gallardón sobre por qué el PP se negó a que las comunidades autónomas propusiesen magistrados y por qué el PP, que ahora dice apoyar las autonomías, durante las negociaciones de los estatutos de Cataluña y Andalucía quiso el andaluz pero no el catalán.   

Gallardón (PP) estuvo reservando su turno de palabra hasta que los demás ponentes terminaron sus tiempos. De esta manera, aprovechó para responder a cada uno de ellos. Recogiendo las reflexiones de Llamazares, respondió que “frente a la corrupción, transparencia y aplicación de la ley”. Defendió el Estado de las Autonomías y añadió que si alguien ha ofendido a Cataluña, se suma a esa indignación. Sin embargo, está de acuerdo con la candidata de UPD en que hay que racionalizar, no sólo en las comunidades autónomas, sino también en la Administración General del Estado y los ayuntamientos. “Hay que acabar con las duplicidades”, insistió.   

En materia de justicia habló de que es necesario acabar con la politización, debido a que la gente percibe que el Tribunal Constitucional está influido por el Gobierno. Y contestando también a la inquietud de Pere Macias sobre la lengua catalana, no titubeó al decir que “no haya ninguna duda del compromiso del PP con el bilingüismo. Al contrario, eso es lo que nosotros defendemos”, y añadió que desde su partido se ha dado un paso más hacia el “trilingüismo”, explicando que “lo que tienen que hablar nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, son las lenguas españolas, cada uno en su territorio; y además inglés para ser competitivos en esa Europa que estamos construyendo”.   

Aunque no se habían mencionado durante el debate, dedicó los últimos minutos a defender los recursos del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, y dijo que “lo que nosotros hemos defendido es que todos estamos sujetos a la Constitución; y quien protesta por que el Partido Popular recurra al Tribunal Constitucional, me da la impresión de que tiene miedo a que lo que ha hecho no se adecue a la Constitución”.   

Las aportaciones por parte del Grupo Mixto comenzaron con la intervención de Rosa Díez (UPD), quien defendió que “en una democracia de calidad la ley electoral sería justa y el voto de cada ciudadano valdría lo mismo, al margen de la parte de España en la que viva o la opción política a la que vote. En una democracia de calidad, no podría haber imputados de corrupción contra la administración pública en las listas. En una democracia de calidad, la justicia sería independiente”.   

Francisco Jorquera (BNG) consideró “necesaria una profunda regeneración democrática, que nos permita avanzar hacia una democracia real, hacia una democracia de más calidad”. Valoró imprescindible reformar la ley electoral, para que refleje el pluralismo realmente existente en la sociedad, evitando la sobrerrepresentación que tienen en las instituciones tanto el PP como el Partido Socialista.   

Ana Oramas (CC) destacó que la presencia de los nacionalistas canarios en Madrid es fundamental, porque el Congreso de los Diputados tiene que aprobar leyes importantísimas para las islas, entre ellas la negociación de toda la política agraria comunitaria; o el hecho de que en 2013 debe aprobarse el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, además de su nuevo Estatuto.  

En el minuto final que se reservó a que cada portavoz resumiese sus impresiones, Josu Erkoerka sintetizó que “para afrontar el reto de la transición de la violencia a la democracia, será necesario pacto político, acuerdo institucional y referendo social”. Por su parte, Pere Macias insistió en la necesidad de realizar un nuevo Pacto Fiscal.   

Gaspar Llamazares manifestó de nuevo su preocupación e indignación por las políticas de ajuste y por las crisis económica, política y ética. Alberto Ruiz-Gallardón finalizó diciendo que “lo que está en juego las próximas elecciones es la posibilidad de que España salga adelante”. El último en mostrar sus conclusiones fue Ramón Jáuregui, que apostó por que España tiene las condiciones para salir de la crisis económica, pero que lo importante es hacerlo manteniendo el Estado del bienestar.    

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